Puigdemont renuncia a su candidatura, propone al preso Jordi Sànchez como sucesor y se reserva el papel de presidente «de facto» para lograr la independencia
EL Parlamento de Cataluña volvió a situarse ayer en el límite de la legalidad al debatir y aprobar con los votos de la mayoría separatista varias iniciativas para reconocer la «legitimidad» de la candidatura de Carles Puigdemont como nuevo presidente, y reivindicar la consulta ilegal del 1-O y la «república catalana».
Puigdemont renunció horas después a su candidatura, «ungió» al preso Jordi Sànchez como sucesor y se arrogó el papel de «presidente de facto» desde Bruselas. Eso sí, Junts per Catalunya, ERC y la CUP no se atrevieron a otorgar validez a la declaración unilateral de independencia del pasado octubre porque es evidente que incurrirían en conductas delictivas y en una palmaria desobediencia al TC.
Ahora, la Fiscalía deberá determinar si el origen de este debate, forzado por la CUP para reconocer la independencia de Cataluña, fue ilegal o no más allá de que el resultado final de los textos votados fuese desnaturalizado precisamente para no ponérselo fácil a los Tribunales.
En cualquier caso, la primera conclusión política es que Cataluña permanece en un bucle infinito del que el separatismo se resiste a salir, haciendo rehenes de este despropósito a todos los catalanes.
Jugar con las palabras y prostituir la soberanía de todos los catalanes para evitar incurrir en delitos, y aparentar a la vez que sigue vivo un «procés» que murió el 1-O, es una irresponsabilidad. Reafirmar la secesión de Cataluña aunque sea de forma alambicada y sin efecto jurídico, sea de modo directo o camuflado, como ocurrió ayer, es la enésima burla al Estado de Derecho.
También lo fue la resolución que legitima a Puigdemont porque es un político que ha preferido huir de Cataluña en lugar de dar la cara por su golpe de Estado. Nadie le persigue por sus ideas, sino por sus presuntos delitos.
En el fondo, cuando estos partidos desisten de reafirmar la declaración de independencia, lo hacen por puro temor a una imputación y a ir a la cárcel. Esto no es «hacer política», sino marear la perdiz.
Desde esta perspectiva, el juego dialéctico que protagonizaron ayer JpC, ERC y la CUP para recular y deslegitimar su propia iniciativa original forma parte del cinismo con el que se manejan para seguir destruyendo la concordia en Cataluña.
Aparte, es una cobardía política con la que seguir manteniendo una expectativa irreal que impiden el 155, el Código Penal y la doctrina del TC.
Se trata de un juego torticero con el que simulan mantener su pulso al Estado, y por eso es crucial que el Supremo avance en sus investigaciones y proceda a «limpiar» el Parlament con los procesamientos e inhabilitaciones que por ley correspondan.
Torrent, como la CUP, solo quieren guardar las apariencias de falsos centuriones del separatismo sin que nada les salpique, mientras el Supremo les hace el trabajo para aparecer después como víctimas obligadas a pasar página..
