Los sindicatos, ya de por sí lastrados por su creciente pérdida de influencia, parecen empeñados en autolesionarse haciendo de correa de transmisión del independentismo.
Si hasta ahora las federaciones de UGT y CCOO en Cataluña habían dado muestras claras de connivencia con el nacionalismo, hasta el punto de abrazar la demagógica bandera del derecho a decidir, ahora son las direcciones de las centrales sindicales las que se apresuran a adherirse a la causa separatista.
Su participación en la manifestación convocada para este domingo en Barcelona supone un grave error y un ataque inaceptable al Poder Judicial, en la medida en que cuestiona la respuesta del Estado de derecho al golpe perpetrado por el secesionismo.
Resulta bochornoso que los sindicatos, cuya función social ampara la Constitución, la traicionen para apoyar la voluntad independentista de liquidar la soberanía nacional.
UGT y CCOO han justificado su respaldo a la movilización soberanista porque su objetivo es «la construcción de puentes de encuentro entre la sociedad plural catalana y la llamada a la normalidad institucional, política y judicial».
Tal ejercicio de alambicada retórica ilustra con precisión la ambigüedad con la que siempre se ha movido el sindicalismo español en relación al nacionalismo.
La realidad es que la protesta está promovida y convocada por las organizaciones independentistas, y tiene como explícito fin cuestionar y denigrar a la Justicia española, en sintonía con la campaña orquestada por Puigdemont y el resto de fugados para desacreditar a los tribunales de nuestro país en la esfera internacional.
Las centrales sindicales dicen «no compartir» los objetivos de las fuerzas independentistas. En cambio, apelan a la «normalidad judicial», alimentando así la falacia grosera y desleal de que los líderes procesados son víctimas de la represión del Estado y la persecución política.
Prestándose a ser parasitados por el secesionismo, los sindicatos no sólo se suicidan sino que terminan abdicando de su principal labor, que estriba en la defensa de los intereses de los trabajadores.
Pocos proyectos políticos más nocivos para la clase trabajadora que el procés, tejido por la élite de la sociedad catalana, y cuyo balance de daños resulta particularmente sangrante en lo referente a la destrucción de puestos de trabajo y la fuga de empresas. Así que sólo desde la ceguera y la irresponsabalidad se pueden anteponer las reivindicaciones identitarias al paro, la precariedad o la calidad de los servicios públicos.
Que las centrales sindicales sucumban a la hegemonía independentista en el espacio público en Cataluña no es una novedad. Sí lo es que se sumen, consumando una felonía intolerable, a la estrategia de coacción y desacreditación de la democracia española.
