La corrupción es una gangrena inaceptable, tenga el color político que tenga
Es tan chusco todo que vale casi cualquier refrán y en concreto ese de ‘en casa del herrero, cuchillo de palo’, porque han sido los que más han gritado y los que más se han rasgado cínicamente las vestiduras denunciando la corrupción del PP.
La Justicia comienza a estrechar el cerco sobre la presunta financiación irregular del PSOE en la Comunidad Valenciana y del Bloc Nacionalista Valencià, la formación mayoritaria de la coalición Compromís, que actualmente es socio de Gobierno de los socialistas en la Generalitat Valenciana.
El diario ‘El Mundo’ revela este 13 de abril de 2018 que el juzgado que durante el último año y medio se ha encargado de la instrucción de la denuncia que presentó el PP por la financiación ilegal del PSPV-PSOE y del Bloc ha constatado, de manera indiciaria, la existencia de una presunta trama de falsificación de facturas que permitió a ambas formaciones políticas superar el presupuesto para la organización de actos electorales.
En consecuencia, el auto dictado por este juzgado de Valencia certifica las informaciones que ha ido desvelando este periódico, y que apuntan a la confección de un entramado similar a la que los tribunales han acreditado alrededor de la caja B del PP valenciano.
Las diligencias señalan:
«unos hechos de financiación irregular de dos formaciones políticas, PSPV y Bloc/Compromís», que se habrían materializado mediante una presunta red de «falsedad documental con carácter continuado».
Según recoge la juez en su resolución, el sistema empleado por estas dos fuerzas políticas reproduce el de la Gürtel en el PP de Valencia. En concreto, la sociedad mercantil Crespo Gomar -la agencia de comunicación contratada por los socialistas y el Bloc en la campaña de 2007- facturaría unos servicios a las mencionadas formaciones:
«de cuyo pago se habrían hecho cargo otras empresas y no los destinatarios de los servicios prestados mediante la confección de facturas falsas, coincidentes en su cuantía con las presentadas por Crespo Gomar, siendo precisamente esta última mercantil la que facturaría a las terceras por servicios no prestados».
El pago de las facturas electorales en 2007 resulta particularmente grave en el caso de los socialistas, en la medida que, tal como adelantamos, la Fiscalía vincula esta red con adjudicaciones de diversos ministerios durante el Gobierno de Zapatero.
De ahí que el juzgado de Valencia se haya inhibido a favor de dos juzgados de Madrid para investigar dos contratos publicitarios del Ministerio de Medio Ambiente -de más de 200.000 euros cada uno- para divulgar las excelencias de la política hídrica de Zapatero.
Ante las evidencias que señalan una trama de malversación de tal calibre, el PSOE no puede seguir de perfil. Se trata de hechos gravísimos que exigen no sólo la asunción de responsabilidades por parte de los dirigentes implicados, sino las oportunas explicaciones tanto de Pedro Sánchez como de Ximo Puig.
La corrupción es una gangrena inaceptable, tenga el color político que tenga.
