Opinión

COMIENZA este 16 de abril de 2018 en la Audiencia Nacional el juicio contra los ocho autores de la paliza a dos guardias civiles y sus parejas en un bar de la localidad navarra de Alsasua. La Fiscalía y la acusación popular piden condenas por terrorismo que podrían suponer hasta 62 años de prisión.

Los agresores son un grupo de matones proetarras, entre los que se encontraban dos dirigentes del movimiento Ospa, cuyo objetivo era la expulsión de la Guardia Civil de Navarra y el País Vasco.

Desde que se produjo la brutal agresión en octubre de 2016, el relato de los hechos ha acabado convirtiendo a las víctimas en sospechosos y a los agresores, en perseguidos políticos. La agresión, en sí misma, y el movimiento político posterior demuestran que el final de la violencia terrorista de ETA no ha supuesto el final de la intimidación, especialmente en algunas poblaciones.

La recuperación histórica de ETA como contendiente de un conflicto legítimo es el marco de un relato inmoral sobre la agresión en Alsasua. Un relato en el que no ha faltado la intervención de la izquierda extrema, retratada en el cordial recibimiento de Pablo Iglesias a las familias de los agresores.

Se ha discutido si la calificación de los hechos como terrorismo es correcta. Ya se encargará el tribunal de valorarla. Lo que menos importa ahora es si el fiscal se ha equivocado en más o en menos.

Lo importante es que cuatro personas, por ser guardias civiles y sus parejas, no por otra razón, fueron agredidas por una turba de casi medio centenar de aquellos que hasta hace poco ponían dianas para que ETA acertara.

Y frente a la campaña contra los víctimas, animada por una manifestación celebrada el pasado sábado, a la que convocó la mayoría nacionalista e izquierdista del Parlamento navarro, vuelve la terrible sensación de que esas víctimas molestan.