Opinión
Manuel Chaves (PSOE). EF
Aquí nadie sabe nada pero entre 2001 y 2010 el agujero superó los 850 millones de euros

AL igual que ocurrió días atrás con José Antonio Griñán, el que fuera presidente de la Junta de Andalucía Manuel Chaves tampoco conocía absolutamente nada sobre el sistema de reparto de las ayudas sociolaborales convertidas en falsos ERE durante más de diez años.

Durante toda su declaración este 16 de abril de 2018 ante el tribunal, Chaves repitió incesantementemente que o bien no conocía los detalles de cada una de esas operaciones fraudulentas o bien no recordaba nada.

«Yo no entraba -dijo-, no correspondía a mi ámbito de decisión».

Los veintidós exaltos cargos de la Junta que se enfrentan a distintas penas, incluso de prisión, por el desfalco continuado de hasta 855 millones de euros son completamente amnésicos: nadie sabe nada, nadie oyó nada y nadie intuyó nada del escándalo de corrupción institucional más grave cometido en democracia.

Es legítimo que cada acusado recurra a cualquier arma de defensa para eludir su condena, pero todo el caso ERE despide un desagradable olor a cinismo, memoria selectiva y derivación de responsabilidades en cascada hacia los subordinados. Lo relevante en un juicio oral es parecer creíble.

Y ni Chaves ni Griñán lo han sido en los últimos días ante los magistrados.

Cada respuesta de Chaves fue orientada a demostrar al tribunal que no hubo, en ningún caso, predeterminación en la creación de un instrumento presupuestario ilegal para delinquir deliberada o conscientemente.

«Era imposible que en los Consejos de Gobierno debatiésemos miles de aplicaciones presupuestarias».

Sin embargo, las advertencias que hizo de modo prolongado en el tiempo la Intervención General sobre la nula fiscalización previa de las ayudas debió poner sobre aviso al Gobierno andaluz en pleno, empezando por sus presidentes y terminando por el último director general implicado.

No parece asumible que durante diez años se estuviese cometiendo de modo continuado una actividad delictiva y nadie en la cúpula del Gobierno andaluz tuviera siquiera la mínima sospecha de cómo se asignaban las ayudas sociolaborales.

El escandaloso tren de vida de algunos de los implicados y conseguidores, unido al volumen del dinero manejado en esas partidas presupuestarias, exigía de los responsables un celo extremo que nunca se produjo.

Solo en el caso de que deliberadamente se quisiera ocultar el escándalo tiene razón de ser la abultada cifra de dinero desviada hacia la red clientelar del PSOE, y no hacia los parados andaluces.

Andalucía lleva años siendo la región europea más castigada por el desempleo, y en los cuarenta años de democracia solo ha conocido un partido en el poder, el PSOE.

Andalucía era y es una inmensa tela de araña lastrada por el nepotismo, los privilegios exclusivos de militantes y simpatizantes, y el amiguismo más rancio. Pero ningún alto cargo recuerda nada porque no era su responsabilidad. Pobre argumento ante un tribunal.