Rajoy está obligado a hacer una bestial renovación con efectos catárticos, que debió haber acometido en profundidad y hace varios años
EL Partido Popular está sufriendo las consecuencias de la corrupción que, en un clima institucional de condescendencia, practicaron sus altos cargos durante años. Haga lo que haga, siempre se topa de bruces con un nuevo caso, una nueva acusación o, como este 24 de mayo de 2018, con una primera condena al propio partido.
La Audiencia Nacional hizo pública un dura sentencia contra la trama Gürtel, que manda a prisión a Francisco Correa, a Pablo Crespo y a Luis Bárcenas y su esposa, con penas -51 años para Correa o 33 para Bárcenas- que animan el debate sobre la proporcionalidad en el Código Penal.
Dejando a un lado esta cuestión, el núcleo político de la sentencia de la Audiencia Nacional está en la condena al Partido Popular como partícipe a título lucrativo por 245.492 euros.
No es una condena penal, sino una responsabilidad civil que se basa, precisamente, en no haber conocido ni participado en el delito del que provienen los fondos. Este será uno de los puntos más conflictivos que tendrá que resolver el Tribunal Supremo en el recurso que, con toda probabilidad, llegará a su Sala Segunda, más aún a la vista de que el presidente del tribunal del caso Gürtel, Ángel Hurtado, se ha opuesto a la condena del PP con un voto particular significativamente crítico con las valoraciones de sus compañeros.
Lo cierto es que los magistrados de la mayoría, con un sesgo más de acusador que de juzgador, dedican al PP una literatura más propia de acusado penal que de responsable civil, afirmando incluso que este partido y la Gürtel formaron una estructura de colaboración estable, que, de ser cierta, debió merecer acusaciones que la Fiscalía nunca planteó.
Las reacciones políticas a la sentencia han vuelto a demostrar que el PP lucha en vano contra el deterioro de su marca ante la opinión pública, como si nunca hubiera existido su política reformista contra la corrupción política. Unas reformas que han creado el delito de financiación ilegal y han incorporado a los partidos entre las personas jurídicas con responsabilidad penal.
Nunca como ahora el Estado de Derecho ha dispuesto de mayor autonomía para perseguir y castigar la corrupción, ni han sido tan incisivas contra el poder político como en los mandatos del PP. Aún así, no le basta al PP para recuperar el favor de la opinión pública.
Tampoco es buena idea sembrar divisiones internas, distinguiendo quién era quién en la presidencia del PP en cada momento. Es un criterio erróneo y de doble filo, que la prudencia desaconseja.
Sigue faltando en el PP una mejor y más creíble comunicación y una decidida voluntad de renovación y regeneración, con efectos catárticos, que debió haberse acometido en profundidad hace muchos años. Ahora le toca penar.
