Opinión
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez (PSOE). EP

El socialista Pedro Sánchez ha empezado a pagar la factura que firmó con proetarras y golpistas catalanes.

No hacía falta que el PSOE suscribiera un pacto escrito, firmado y rubricado, para recabar los votos de los nacionalistas vascos y catalanes que han hecho presidente al socialista Sánchez.

Los socialistas siempre han sido conscientes de que tendrían que pagar un peaje a los nacionalismos para mantener su apoyo el mayor tiempo posible, incluso hasta el final de la legislatura.

Con el nacionalismo catalán están claras las concesiones: retirada de recursos ante el Tribunal Constitucional, acercamiento de los cabecillas del golpe separatista en prisión provisional, cuestionamiento progresivo de la Constitución de 1978, en paralelo a una apología de los contenidos inconstitucionales del Estatuto de 2006.

El nacionalismo vasco demostró este 25 de junio de 2018 también su capacidad para obtener dividendos de unos y otros, con la reunión en La Moncloa entre el lendakari, Iñigo Urkullu, y el presidente Sánchez.

Urkullu es un ejecutor obediente de la política de presión ordenada por la dirección del PNV, y su ventaja es que Pedro Sánchez, con 84 diputados en el Congreso, está dispuesto a aceptar lo que sea para retener el apoyo de los nacionalistas vascos.

Por lo pronto, el Gobierno de Sánchez ha aceptado negociar la agenda de prioridades del PNV sobre la transferencia de más competencias, entre las que se encuentran la Seguridad Social y las prisiones; el acercamiento de presos etarras y la revisión del modelo territorial, que es el eufemismo del derecho a la autodeterminación.

El marco formal de esta relación con los nacionalismos vuelve a ser, como en los tiempos de José Luis Rodríguez Zapatero, la «normalización», envuelto en un discurso cuya conclusión es que la recuperación de esa «normalidad» siempre depende de que los nacionalistas se refuercen y el Estado se debilite.

La clave política del Gobierno de Sánchez será el precio que esté dispuesto a pagar a los nacionalistas por mantenerse en el poder.

La memoria histórica, la eutanasia o la inmigración ilegal son capítulos de la política de agitación ideológica con los que el Partido Socialista quiere tener alimentado el revanchismo y el intervencionismo social de la izquierda y mantener desconcertada a una derecha en busca de liderazgo.

Las decisiones que premian a los nacionalistas atacan la raíz del pacto constitucional de 1978, y la experiencia demuestra que son y serán irreversibles, salvo que el Estado aplique medidas extraordinarias como las del artículo 155 de la Constitución o se forme una mayoría social y política en España que se sume a la reforma constitucional, pero para frenar y revertir el proceso de fragmentación política que sufre el Estado español.

La ministra de Política Territorial, Meritxell Batet, abrió la pasada semana el debate sobre la posibilidad de recuperar ciertos artículos del Estatut que en su día fueron tumbados por el Tribunal Constitucional. Entre ellos, se encuentra el polémico Consejo de Justicia de Cataluña, un órgano suprimido por el Alto Tribunal y que pretendía una especie de Justicia independiente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

Este órgano tenía capacidad para actuar como un Poder Judicial independiente y de forma “desconcertada” del CGPJ. Sin embargo, la sentencia del Estatut tumbó, por ejemplo, el blindaje que se había hecho a los actos del Consejo de Justicia de Cataluña cuando actuaba en ejercicio de las competencias autonómicas, que no podían ser recurridos en alzada ante el CGPJ.

Como subraya Luz Sela en OKdiario este 26 de junio de 2018, también rechazó que sea el Consejo de Justicia quien convoque los concursos para cubrir plazas vacantes de jueces y magistrados en Cataluña y que la Generalitat le proponga la convocatoria de oposiciones y concursos para las vacantes de magistrados, jueces y fiscales en Cataluña.

Este órgano tampoco tendría capacidad, como se pretendía, para participar en la designación de los presidentes de sala del TSJC o instruir expedientes y ejercer funciones disciplinarias sobre los jueces y magistrados.

Entre sus atribuciones originarias estaba también su competencia en la planificación de la inspección de juzgados y tribunales, además de vigilar las órdenes de  inspección de los juzgados que instase el Gobierno.