Opinión
El independentista Quim Torra y el socialista Pedro Sánchez. EP
El presidente del Gobierno, de facto, está reconociendo que el único motivo real por el que plantea la reforma constitucional es para agradar a Cataluña

Pedro Sánchez está dispuesto a entregar buena parte de la dignidad y de los recursos de España a Quim Torra si con ello se asegura la Presidencia hasta las elecciones generales de 2020.

El dirigente socialista sigue haciendo de la irresponsabilidad su modo de gestión. Con tal de permanecer un par de años en La Moncloa, dará oxígeno en forma de dinero y reconocimiento político a las aspiraciones veleidosas del golpismo catalán. Quim Torra se ha presentado en Madrid este lunes con las ideas claras y el lazo amarillo que simboliza el golpe contra España colgado de la chaqueta y de las palabras:

"No renuncio a ninguna fórmula para alcanzar la autodeterminación".

Eso significa una petición a España de 17.000 millones de euros en los próximos dos años. Lo peor es que, en una acto de absoluta piromanía política, Pedro Sánchez estaría dispuesto a pactar con ellos una reforma de la Constitución.

La debilidad parlamentaria de los socialistas está provocando que Torra y sus acólitos -seguidores acérrimos del golpista huido Carles Puigdemont- consigan meter el Caballo de Troya del independentismo hasta el epicentro mismo de nuestro país. Esa reforma constitucional marginaría al resto de comunidades autónomas para quedar reducida a una "comisión bilateral".

Un plan con el que los separatistas pretenden conseguir más autonomía para Cataluña y su reconocimiento como "nación", amén de otras prebendas como la independencia judicial. En definitiva, los separatistas buscarían a medio plazo culminar un remedo del Estatut que ya prohibiera el Tribunal Constitucional.

De conseguirlo, las cesiones de Sánchez les servirían para poner los cimientos de su objetivo prioritario: un nuevo referéndum de independencia de cara a 2020. La situación suscita una preocupación extrema en todos los defensores del Estado de Derecho, ya que además provocaría un efecto contagio en el País Vasco.

La exigua presencia parlamentaria de los 84 diputados con los que cuenta Pedro Sánchez, y su ambición de poder carente de altura política y sentido de Estado, provocará que tenga que pasar por el aro y conceder 7.500 millones de euros al año al gobierno golpista de Cataluña a través del Fondo de Liquidez Autonómico (FLA) y otros 1.000 millones más en infraestructuras cada uno de los dos años que pretende estar al frente del Gobierno de España.

Sánchez convertirá a un golpista como Torra en su socio preferencial. Algo que no debería permitir ningún país democrático, menos aún cuando el mandatario socialista apoyó a Mariano Rajoy en la aplicación del artículo 155 en Cataluña.

La moción de censura va camino de convertirse en uno de los hechos con peores consecuencias de la historia reciente de España.