EL Gobierno del socialista Pedro Sánchez está consiguiendo que el debate nacional gire en torno a su estrategia de revancha y revisionismo histórico.
La exhumación de los restos de Franco son la coartada para abrir un proceso más amplio de retrospección, que acabará incluyendo la ley de Amnistía -exigida entonces por la izquierda-, los pactos de la Transición y la propia Constitución de 1978. No verlo así es ceguera voluntaria.
Uno de los errores de Rajoy fue no derogar la ley de Memoria Histórica, santo y seña del frentismo que implantó Zapatero. Siendo imposible eludir el debate, el presidente del PP, Pablo Casado, propone una ley de concordia, que sustituirá a la de Memoria Histórica y reivindicará la Transición.
Malos tiempos para la democracia cuando su Constitución no es eficaz por sí sola como pacto de superación de enfrentamientos.
Antes que nuevas leyes, bastaría con que la izquierda abandonara una dinámica política condenada tanto al fracaso, porque el resultado de la Guerra Civil es irreversible, como al enfrentamiento, porque después de la exhumación de Franco vendrán nuevos revisionismos.
La ley de concordia que propone Casado tiene que concretarse en contenidos y compromisos, pero es muy significativo que su anuncio haya ido de la mano de otro, el de la constitución de la fundación Concordia y Libertad, que presidirá Adolfo Suárez Illana, hijo de quien encarna hoy en día la generosidad y patriotismo del pacto constitucional.
Hasta que estas iniciativas tomen cuerpo, la realidad a la que tiene que enfrentarse el PP es la de una izquierda que quiere derogar a plazos el sistema de 1978, mediante una suma de fuerzas siniestramente compatibles entre sí y perniciosas para la estabilidad de la democracia.
Tras la apariencia de moderación y modernidad asociada a su juventud, Pedro Sánchez ha optado por liderar a la izquierda caduca en una etapa de crispación ideológica, histórica y social. Casado ofrece concordia y otros, enfrentamiento.
