Las verdades a medias del Gobierno tienen trampa. La "policía cultural" que trae la ley de economía sostenible bajo el nombre de Comisión de Propiedad Intelectual ha desatado la furia de los internautas en la Red. Este colectivo no aprueba que alguien que no es juez decida sobre legalidad.

El artículo 8.1 de la citada Ley 34/2002 dice:

• "En caso de que un determinado servicio de la sociedad de la información atente o pueda atentar contra los principios que se expresan a continuación, los órganos competentes para su protección, en ejercicio de las funciones que tengan legalmente atribuidas, podrán adoptar las medidas necesarias para que se interrumpa su prestación o para retirar los datos que los vulneran"

¿Significa esto que esos órganos podrán cortar la conexión a Internet del usuario final? Desde el Ministerio de Cultura, Ángeles González-Sinde trata de calmar a los internautas asegurando que en ningún caso ocurriría eso. Los usuarios de la red, sin embargo, no lo tienen tan claro. El artículo deja abierta muchas puertas extendiendo el temor entre los internautas.

Miguel Pérez Subías, Asociación de Usuarios de Internet, afirma a Periodista Digital:

"El gobierno ha dicho una verdad a medias. Esta decisión no corta a los usuarios el acceso a Internet pero sí el contenido de determinadas páginas sin entender que en ella confluyen muchos derechos -como la libertad de expresión o el derecho de información- y no solamente la propiedad intelectual".

"Se no está dando una propuesta sin darnos la oportunidad de expresar nuestra opinión. El gobierno, y los políticos en general, no tienen una noción mínima de cómo funciona Internet".

"El modelo de sostenibilidad de Internet no puede pasar por criminalizar al usuario o por atentar contra sus derechos".

SIN AUTORIZACIÓN JUDICIAL

La gran polémica del asunto parte de la arbitrariedad con la que dicha comisión censuraría determinadas páginas web puesto que no necesitaría una autorización judicial -sólo contarían con un juez si la misma Comisión lo decide-. Un órgano administrativo que podría decidir al margen de jueces y tribunales.

MIguel Pérez Subías:

"Es como si a la entrada de una autovía una empresa de transportes se encargara de decidir qué camiones pueden pasar y cuáles no. Está claro que va a dar prioridad a los de su propia empresa".

LA CRISIS DE MODELO DE LOS ARTISTAS

El polémico anteproyecto que en su disposición final busca la protección de los derechos de propiedad intelectual sale a la palestra después de que los artistas se manifestaran contra la piratería, reclamando la elaboración de una Ley de la Música.

"Tiene que ver con el apoyo de determinadas instituciones a la acción del gobierno. Está influyendo sin ninguna duda. Lo que se intenta es resolver por la legislación una crisis de modelo de un sector en concreto".

"Pero este tema no se puede abordar por la vía de la prohibición. Es como si legisláramos el seguir usando coches de caballos porque los automóviles dejan sin trabajo a los que ponen herraduras".

No queda otra, por tanto, que intentar hacer confluir los intereses contrapuestos en un punto en común:

"El punto de encuentro está en un cambio de modelo que pasa por la sostenibilidad entre el que genera contenidos y el que los escucha. Lo que se queda sin mercado es la producción de soportes, de cd's o libros, porque eso ya no tiene ningún sentido en Internet".

LA IMPOSICIÓN DE LA RED

A Pérez Subías no le preocupa tanto el temor de los usuarios de Internet puesto que la red, considera, acabará imponiéndose a todas estas legislaciones inservibles:

"Contra la opinión de unos cientos o miles de artistas está el cómo usan la red millones de usuarios, esto es, de una forma distinta a como se nos está diciendo.No puede ser que en España haya 8 millones de delincuentes. No es sostenible socialmente".

"La red a medio plazo va a acabar imponiéndose. Pero ahora ponemos palos para impedir ese movimiento social. Lo que pasa es que esos palos son palitos que la propia fuerza de la red va a ir rompiendo".