Pablo Soto, uno de los informáticos más importantes de nuestro país, no se muerde la lengua y vierte una dura crítica contra la ministra de Cultura y el reportero de El País, Ramón Muñoz, por haber manipulado la información judicial e informativa respecto al cierre de páginas de descargas.

Lo hace en su blog en un post titulado "El truco de la grapadora y el cierre de webs sin proceso legal".

Existe un viejo truco, usado por burócratas corruptos del mundo entero, que consiste en adjuntar a un expediente, un documento firmado por cierta autoridad con el fin de hacer creer que el firmante del mismo, normalmente en representación de un organismo, apoya o avala el resto del expediente cuando en realidad no es así. Se llama el truco de la grapadora

Y acusa a González Sinde de haberlo utilizado:

La Ministra de Cultura lo ha encontrado útil para eliminar el derecho a la tutela judicial de los desarrolladores de páginas web. Como la constitución dice que sólo se puede cerrar un medio con resolución judicial previa, se le pregunta a un juez sobre asuntos secundarios a la infracción denunciada, y luego se grapa su respuesta al expediente. Y a proclamar a los cuatro vientos que ha habido intervención judicial previa al cierre

 DECIDE QUÉ SE CIERRA, SINDE

Soto añade que:

La traducción para humanos es que el Ministerio de Cultura decide qué se cierra en Internet

Y si la ministra lo hace, Ramón Muñoz, del diario de Prisa, le baila el agua porque según Soto "parece tener línea directa con González Sinde".

El informático recuerda que Muñoz tergirversó frases suyas como "No soy el héroe de las descargas" titulando  "Es el héroe de las descargas" y publicó también "en primicia la disposición final de la Ley de Economía Sostenible cuando ni siquiera la oposición estaba al corriente"

¿MEDIDAS CAUTELARES?

Soto menciona el artículo de Muñoz "Así se cierra una web de descargas", para desmontar los argumentos.

Dice "la Comisión podrá solicitar ante el juez medidas cautelares", refiriéndose al bloqueo de páginas web. Es curioso, porque ahora mismo es así como funciona: aquel que considera infringidos sus derechos, le solicita a un juez el cierre cautelar de la página (...)

Pero entonces, lo que se le pregunta al juez no es si hay que cerrar esa página, sino que se le pide que ponga una firmita donde dice "legitimación activa del denunciante" y otra donde dice "La libertad de expresión mola", sin entrar en si la web es ilícita o no.

¿EN QUÉ QUEDAMOS?

Y critica que pretenda decir que es el juez quien ordena el cierre de una web:

¡Lo dice! "Desde que la Comisión lleve al juez el caso hasta que éste ordene o deniegue medidas cautelares transcurrirán días". Esto sí que llama la atención.

Ramón, ¿Cómo va a cerrar una página un juez sin evaluar si se comete algún tipo de ilicitud en la misma?

DE 20 A 5 DÍAS HÁBILES

Para concluir, el programador explica en qué consiste el actual procedimiento de medidas cautelares:

El plazo marcado por la ley es de 20 días hábiles. Y en la modalidad corta del proceso, que es la que la industria está usando en casos como etmusica.com, sólo transcurren 5 días hábiles desde que se presenta en el juzgado la denuncia hasta que se ordena el cierre (o no) de la página. Eso es lo que dice hoy la Ley de Enjuiciamiento Civil (art. 733), sin embargo aseguran que es la necesidad de mayor agilidad lo que motiva la propuesta para cambiar la ley. ¿No será que lo que quieren es que no haya juicios?

SE DEFIENDE

Soto arremete contra Muñoz al haber afirmado que prohibía la copia de su programa de descargas. Asegura que hizo lo contrario.

Cómo se le puede decir eso a alguien que ha distribuido gratuitamente 25 millones de copias de sus programas... Podrás decir "¡Qué cabrón! ¡Cómo promueve la copia de sus programas!", o "Será despiadado, mira que estar en el top ten de Download.com..."; pero decir que no hago precisamente aquello que la industria me recrimina con una demanda de trece millones de euros es de tontos