Cada diario valora la reforma del sector audiovisual según le ha ido en ella. El País titula su editorial con un elogioso "Mejor televisión". El ABC opta por un matizado "Vieja y nueva RTVE". El Mundo no oculta su enfado y titula: "El Gobierno del PSOE ajusta cuentas con El Mundo". El diario de Pedrojota afirma sin rubor que las medidas anunciadas este viernes en el Consejo de Ministros "sólo pueden comprenderse como una especie de ajuste de cuentas con el diario que descubrió la corrupción y el crimen de Estado".

Las portadas de los diarios de este sábado no tienen desperdicio. En el caso concreto de El Mundo, debajo del titular aparecen dos significativos sumarios. En uno de ellos, se afirma textulamente: "Tras acceder a las peticiones de Polanco y sin tan siquiera contestar a la de Veo TV, anuncia el Gobierno que otorgará discrecionalmente el nuevo canal disponible".

Veo Tv es la empresa,  participada de forma significativa por El Mundo y también por el Grupo Recoletos, que aspiraba a conseguir concesiones televisivas importantes, en el reparto anunciado hace meses por el Gobierno.

Hay otro sumario en la portada de El Mundo, en el que el diario de la calle Pradillo asegura que el Gobierno Zapatero "reparte los canales digitales concediendo ocho a TVE, cuatro a Antena 3, Telecinco y Canal Plus y sólo uno a VeoTv, lo que la hace inviable".

Al margen de lo que se explica en el artículo que arranca en primera, lo verdaderamente significativo -por lo que implica de guerra mediática- aparece en el editorial insertado en la página 3.

Comienza este editorial denunciando el "favoritismo de Zapatero hacia el grupo de Polanco", por permitirle en breve abrir las emisiones de Canal Plus,  pero pocos renglones más abajo revela que Pedrojota solicitó en febrero pasado que se permitiera a VeoTv emitir "provisionalmente" en analógico y añade que ni siquiera le han dado una respuesta.{pag}

Denunciábamos anteayer el favoritismo de Zapatero hacia el grupo de Polanco, al que va a permitir en breve abrir las emisiones de Canal Plus. Pero sólo era el primer acto de una descarada exhibición de sectarismo maniqueo. El Gobierno asestó ayer otro durísimo golpe al pluralismo y la libre competencia al aprobar una serie de medidas que pisotean los derechos adquiridos de Veo TV, sociedad en la que participa El Mundo. Habría que remontarse a los peores tiempos del felipismo para hallar un precedente tan lesivo y arbitrario del ejercicio del poder contra un medio crítico.

La vicepresidenta Fernández de la Vega se jactó de haber conseguido «la muerte de la televisión al servicio de los partidos» cuando lo que en realidad ha hecho el Ejecutivo con estas medidas es fomentar la concentración, perpetuar la politización de la televisión pública y favorecer a sus amigos y aliados hasta el punto de que, por imposición de ERC, Cataluña tendrá cuatro canales más que las demás comunidades.

Veo TV solicitó en febrero pasado emitir provisionalmente en analógico, dado que no podía hacerlo en digital por no estar disponible esta tecnología. El Ejecutivo ni siquiera ha respondido a la legítima y fundada demanda de Veo TV, pero sí ha tomado la decisión de permitir a Canal Plus emitir en abierto, sí ha tomado la decisión de convocar un concurso para conceder discrecionalmente otro canal en analógico -es un secreto a voces que se lo repartirán los amigos del PSC y de los altos cargos de La Moncloa- y sí ha tomado la decisión de distribuir los canales digitales según un criterio que hace radicalmente inviable nuestro proyecto.

Dicho con otras palabras, el Gobierno nos niega formar parte del presente audiovisual dándonos la callada por respuesta y ensanchando la oferta analógica a dos canales más que devalúan el nuestro.

Da la impresión, por el tono y el enfado, de que Barroso y algunos miembros del Gabinete -probablemente el ministro Bono- habían prometido a Pedrojota un trato de favor, que a la hora de la verdad no ha cristalizado al 100%.

Eso es lo que lleva a El Mundo a afirmar más adelante que "el agravio no puede ser más grande ni el esañamiento mayor".

Pero también el Gobierno nos niega un asiento en la mesa del futuro porque establece que cuando llegue el reparto definitivo de los canales digitales, TVE dispondrá de ocho, las cadenas autonómicas podrán repartirse otros tantos mientras que Antena 3, Tele 5 y Canal Plus disfrutarán de cuatro cada uno. Que a Veo TV, obligada a partir de cero, sólo se le atribuya uno equivale en la práctica a firmar su certificado de defunción. El agravio no puede ser más grande ni el ensañamiento mayor.

Pedrojota, que lleva un año cortejanado al ministro Bono y que ha respaldado casi sin matices a Zapatero, distanciándose en eso de Federico Jiménez Losantos y algunos de sus aliados mediáticos, no oculta el disgusto que le produce el éxito que ha tenido Jesús de Polanco.

Estamos ante una decisión política del Gobierno para hacer imposible que Veo TV pueda competir en un sector teledirigido -nunca mejor dicho- desde el poder y para favorecer a sus aliados y amigos".

"El atropello es tan flagrante que suele puede comprenderse como una especie de ajuste de cuentas del Gobierno del PSOE con el diario que descubrió la corrupción y el crimen de Estado durante su anterior etapa en el poder. Dicen que la venganza ees un plato que se sirve frío y ahora habría que añadir que con una buena ración de talante se enmascara mejor".{pag}

Tras decir que habría que remontarse "a los peores tiempos del felipismo para hallar un precedente tan lesivo y arbitrario del ejercicio del poder con un medio crítico", concluye el editorial dictado por Pedrojota con una sombría amenaza:

"El Mundo va a agotar todas las vías jurídicas para defender sus intereses. Pero al margen de cual sea el desenlace de estas accione slegales, tomamos nota de cual es la verdadera faz del Gobierno porque si alguna ventaja tiene lo ocurrido es que s eha quitado al fin la careta".

Junto a esto, lo publicado por El País parece plano.

El diario del Grupo Prisa  valora las decisiones del Gobierno Zapatero como "una oportunidad para el fortalecimiento  del pluralismo y de una mayor oferta para el telespectador".

El Consejo de Ministros anunció ayer su plan de reforma del sector audiovisual destinado a dotar al ciudadano de una mayor oferta (a finales de este año se podrán ya ver un mínimo de 17 canales digitales y se adelanta a 2010 el apagón del sistema analógico), pero sobre todo a transformar la radio y televisión estatales en un servicio público independiente y no en un órgano sometido como hasta ahora a la grosera manipulación del Gobierno de turno. Como no hay antecedentes de tal cosa -fuera con Gobiernos de la UCD hasta los del PP pasando por los del mismo PSOE-, y está el pésimo ejemplo que dan todos los partidos en sus televisiones autonómicas, no puede extrañar que estos buenos propósitos susciten escepticismo. Hay que reconocer un buen antecedente: si algún Gobierno ha soltado el puño de hierro sobre los informativos de TVE ha sido el de Zapatero.

Está claro, en cualquier caso, que la aprobación de este plan confirma la voluntad del Gobierno y su compromiso de cambiar el sector y poner orden en la actual maraña legislativa. Gran parte de las recomendaciones hechas por el comité de expertos el pasado febrero están recogidas en los anteproyectos de ley de la radio y la televisión de titularidad estatal, ley general audiovisual y ley de creación del Consejo de Medios Audiovisuales presentados ayer. Es de esperar que ahora no desfallezca el esfuerzo reformista y que se haga rápidamente con el máximo de consenso político y social.

ABC afirma que el Plan de Reforma  del sector audiovisual  "parece más ambicioso en las formas que en los contenidos".

EL Consejo de Ministros dio ayer luz verde a un Plan de Reforma del sector audiovisual que parece, en un primer análisis, más ambicioso en las formas que en los contenidos. En este contexto, se acordó la remisión al Congreso del proyecto de ley sobre la Radio y la Televisión de Titularidad Estatal (RTVE). También en este caso la modernización en las formas jurídicas y económicas (corporación RTVE o mandato-marco) no es suficiente para ocultar una cierta continuidad en los aspectos sustanciales.

Así sucede con el nombramiento del ahora llamado «director general ejecutivo» del antiguo Ente Público, que pasará a ser seleccionado por el consejo de administración mediante un procedimiento público, lo que parece derivar hacia un concurso previo de méritos y una valoración objetiva de los mismos.

 La buena intención que se presume, y que efectivamente apunta a una mejora evidente del actual procedimiento electivo, no debe arrellanarnos en la ingenuidad. En efecto, el consejo que designará al director será nombrado a su vez por el Congreso y el Senado y por los sindicatos.

Es notorio por tanto que las cuotas de partido van a ser decisivas, como ya ocurre con el consejo actual o incluso con órganos todavía más necesitados de imparcialidad como el CGPJ. Es imprescindible que la democracia sea capaz de superar ciertas tentaciones partitocráticas que impiden a determinadas instituciones alcanzar un prestigio que sólo otorgan la independencia de criterio y el rigor en el ejercicio de sus funciones.