Cuatro días después de que José Montilla, ministro de Industria, Turismo y Comercio en el Gobierno Zapatero afirmara que la COPE "incita al odio" y subrayara que "no encontraremos en Europa niguna cadena que haga el papel que hace aquí esa cadena", El Periódico de Catalunya dedica portada, cuatro páginas y un editorial contra la emisora donde trabajan Federico Jiménez Losantos, César Vidal y Cristina López Schlichting, pidiendo que sea asfixiada económicamente.

 Sosteniendo la tesis del tripartito y en un reportaje firmado por Jordi Casabella y Marc Andreu que lleva por título "Los obispos catalanes admiten su impotencia para frenar a la COPE", se asegura que los prelados afirman que la campaña anticatalana de la emisora causa "un gran descrédito eclesial" y se lamenta que el ejecutivo del episcopado español renovara en mayo por unanimidad el contrato de Losantos:

Los obispos catalanes no son "nada optimistas" acerca de la posibilidad de que la COPE, emisora radiofónica propiedad de la Conferencia Episcopal Española (CEE), rectifique y abandone la campaña de mentiras y descalificaciones ofensivas hacia los dirigentes políticos, económicos y sociales de Catalunya puesta en marcha con motivo de la reforma del Estatut. Los prelados admiten en privado que esta situación contraviene abiertamente los principios evangélicos y "produce un descrédito eclesial muy grande". "No tenemos nada que hacer", confiesa uno de ellos.
La pesadumbre por la situación, en la que coinciden los 11 obispos catalanes en activo, es compartida por el episcopado vasco y no más de una decena de obispos del resto de España pertenecientes a la exigua ala progresista, lo que les sitúa en minoría entre los más de 70 prelados presentes en la CEE.

Mayor importancia que este artículo, porque refleja la opinión personal de Antonio Franco, director de El Periódico y uno de los máximos defensores mediáticos que ha tenido desde sus inicios el Gobierno Tripartito dirigido por Pasquall Margall, es el editorial titulado "La COPE, esa inquisición":

Quienes no vivieron el encono dialéctico que precedió a la guerra civil tienen ahora, a través de la COPE, la oportunidad de escuchar en vivo y en directo el tono de unas soflamas parecidas a las de aquella época. Se debe creer que la COPE no busca un conflicto así, pero desgraciadamente lo parece.
¿Qué hace la COPE? Con frecuencia, insulta y descalifica groseramente a quienes no piensan como ella; le falta al respeto hasta a Rajoy cuando el locutor considera que afloja. Con frecuencia, manipula la verdad; sin ir mas lejos, esta misma semana ha relacionado a Montilla con los crímenes del GAL. Con frecuencia, azuza los peores instintos; sus jocosidades sobre el boicot anticatalán son intolerables. No ejerce la libertad de expresión: escupe.
La Iglesia católica está detrás de la COPE. Deja hacer esas cosas y es culpable. Merece un desprecio activo. En este tema refleja las contradicciones que van vaciando los templos y estimula a que la gente se acuerde de la COPE al rellenar la declaración de la renta. Porque desde esta emisora, los obispos ejercen una versión moderna de aquella inquisición que nosotros nunca consideraremos santa, y aplican tormento, ahora mediático, a los presuntos herejes.

La tesis que defiendo El Periódico, que incluye en su despliegue de este domingo perfiles subversivos de algunos de los directores de programa de esta casa, de Federico Jiménez Losantos, César Vidal y de Ignacio Villa en los que combina ataques profesionales y personales, es que asegura que la COPE atenta contra Cataluña y contra la izquierda. {pag}

El diario que dirige Antonio Franco -ademas de incluir lo que titula como "Barbaridades radiofónicas"- hace un llamamiento a la deserción a los anunciantes y a los patrocinadores de la COPE.

La contrariedad se focaliza en el programa estrella de la COPE, La mañana, que dirige y conduce Federico Jiménez Losantos, y el nocturno La linterna, que presenta César Vidal, amigo de Losantos. Las producciones del Grupo Risa, que no tiene reparos en burlarse de los inmigrantes subsaharianos que se juegan la vida tratando de entrar en España por Ceuta y Melilla, y la beligerancia de la que hace gala en sus intervenciones el contertulio y jefe de informativos de la cadena, Ignacio Villa, han suscitado igualmente protestas.
La Conferencia Episcopal Tarraconense, en la que se agrupa la jerarquía de las ocho diócesis catalanas, afirmó tras su última reunión, celebrada a comienzos de octubre, que sus dirigentes se comprometían a "hacer gestiones ante los responsables de la COPE para corregir" una forma de proceder de la que, según decían, habían recibido "muchas quejas". Y apostaban por "favorecer un clima mediático de convivencia y respeto mutuo entre los ciudadanos". Ello llevó ayer al portavoz parlamentario del PSOE en el Congreso, Alfredo Pérez Rubalcaba, a decir que no sólo su partido sino también los obispos catalanes sostienen que algunos programas de la emisora "incitan a la confrontación".
Los prelados consultados no confían, sin embargo, en que las gestiones vayan a dar fruto y alertan del desgaste que sufre su imagen. "Aparecemos como gente incapaz de frenar a un señor Jiménez Losantos que ni siquiera es católico, sino que dice que es agnóstico", explican. "Somos como la minoría canaria en el Congreso", exclama con resignación uno de los indignados. En su descargo, los dirigentes de la Iglesia catalana afirman que ninguna de sus diócesis tiene acciones de la COPE.

GESTIONES
En cualquier caso, las referidas gestiones ha de llevarlas a cabo el arzobispo de Barcelona, Lluís Martínez Sistach, el único catalán presente en el comité ejecutivo del episcopado español, según sostiene su obispo auxiliar, Joan Carrera, miembro de la Comisión de Medios de Comunicación Social de la CEE.
Sistach ya ha tenido ocasión de comprobar que las protestas contra la línea que sigue la COPE no surten ningún efecto. Y así lo reconoció públicamente en julio, en el foro de Tribuna Barcelona. Al ser preguntado por un empresario sobre si los obispos no podían hacer nada para cambiar el discurso de la emisora, el arzobispo respondió: "Se hace, pero la eficacia de ello ya se ve".
El arzobispo de Barcelona añadió que "se ha de distinguir entre programas", que los conflictivos eran "uno o dos de gran difusión" y que su existencia también ponía de relieve "el pluralismo existente en la sociedad". Y recordó que la CEE era un órgano colegiado donde las decisiones se adoptan por mayoría.

CONTRATO RENOVADO
Sistach ha sido criticado por organizaciones de cristianos de base como Església Plural después de saberse que, en mayo, el ejecutivo del episcopado renovó, por dos años, el contrato a Jiménez Losantos. Lo que causó sorpresa es que la decisión se adoptara por unanimidad, máxime cuando en el comité, en el que tienen voz y voto seis prelados, figuran, además de Sistach, el cardenal Amigo y el presidente del episcopado, Ricardo Blázquez, a los que se encuadra en el ala más abierta del episcopado. El cardenal Rouco y los arzobispos de Toledo y Oviedo, Antonio Cañizares y Carlos Osoro, respectivamente, completan el comité. Sistach se ha disculpado en círculos reducidos explicando que se encontró con "la decisión ya tomada".
Rouco es el principal avalista de Jiménez Losantos, a través del presidente y consejero delegado de la COPE, el sacerdote Bernardo Herráez, que a su vez ocupa el cargo de vicesecretario de asuntos económicos de la CEE. Pero más que el decidido apoyo de Rouco y Cañizares, líderes del sector inmovilista, la unanimidad se fraguó a la vista de otra poderosa razón, como ha apuntado Jiménez Losantos: la buena evolución de la difusión y la publicidad, que han situado a La mañana, con 1,8 millones de oyentes, como el segundo programa más escuchado de la radio española.

La polémica esta focalizada sin duda en Federico Jiménez Losantos y tiene como tema rpoioritario a la COPE, pero implica a casi todos los diarios, grupos de comunicación y partidos políticos. {pag}

En la página de comunicación del diario “El Mundo”  aparece este domingo un artículo firmado por Luis Oz -psudómino que utiliza el periodista Felipe Sahagún- donde se hace referencia a las palabras pronunciadas por Montilla contra la COPE y se pide su cabeza:

El ministro de Industria y primer secretario del Partido Socialista de Cataluña, José Montilla, ha hecho méritos suficientes para que todos los periodistas, si pusieran la libertad de expresión por delante de sus filias y fobias políticas, salieran a la calle a exigir su destitución inmediata.

Después de bendecir la campaña de desinformación y propaganda más burda de los últimos años para hacer pasar por constitucional el proyecto de estatuto más inconstitucional que podía haber salido de Cataluña, se ha atrevido a acusar de «incitar al odio, a la división y a la confrontación, y de sembrar cizaña» a la Cope, la emisora de radio más crítica de ese proyecto.

«No discuto su derecho de expresión, pero es inadmisible que alguien con competencias en el funcionamiento de los medios de comunicación exprese esos juicios, pues ponen de relieve que no va a ser un árbitro imparcial a la hora de tomar decisiones que afecten a esa cadena», advirtió el director de este diario, Pedro J. Ramírez, en la Asociación de la Prensa de Madrid. En nombre de la Asociación, su presidente, Fernando González Urbaneja, calificó de «desafortunadas» las palabras de Montilla. «Como regulador de la radio y de la televisión, su trabajo es estar callado».

Federico J. Losantos, director del programa de más audiencia de la Cope, se adelantó a posibles represalias de Montilla. «Como te atrevas a cerrarnos las emisoras en Cataluña, prepárate», dijo el jueves en su programa. «Los ríos de Babilonia, Montillín, van a ser un reguerito. ¿Pero qué te crees: que os podéis cargar España sin que os pase nada?... ¿Cómo es posible que los mismos que dicen que, si no se aprueba el estatuto, es la guerra civil, se atrevan a acusar a los demás de sembrar el odio?».

«Nos podéis cerrar y nos podéis matar, así dormiríamos, pero no nos vais a asustar. Dais asco y pena. Habéis hecho un estatuto que se carga España y ahora queréis que no se note. Un poquito tarde». Una amenaza de bomba cerró, de hecho, durante siete minutos el jueves la programación de la Cope. Comprendo la reacción cautelosa de los responsables de la cadena, pero se precipitaron. Visto que funcionan, posiblemente se multipliquen las amenazas.

Todo indica que Montilla ha recurrido a los insultos contra la Cope y contra el PP como cortina de humo para desviar la atención del bochorno que supone abanderar un estatuto y verlo tildado de infumable por la inmensa mayoría de su propio partido y por los expertos constitucionalistas elegidos por el Gobierno. En vez de reconocer el error, es más fácil ensuciar el agua con la tinta del calamar.

«No encontraremos en Europa ninguna cadena que haga el papel que hace aquí la Cope", dijo Montilla. Tiene razón. Tampoco encontraremos unos medios tan sumisos a los nacionalistas y al PSOE como los que encontramos en España ni un intento tan descabellado de liquidar un sistema constitucional.

El zurriagazo de El Mundo contra Montilla corre en paralelo a las declaraciones del secretario de comunicación del PP, Gabriel Elorriaga, quien afirma  que no se pueden disociar los ataques del ministro Montilla a la emisora con las informaciones que publica el "Periódico de Catalunya".

Elorriaga ha declarado que los medios de comunicación cercanos al tripartito catalán tienen un problema parecido al de Zapatero y al de Montilla, ya que son incapaces de defender con argumentos el Estatuto catalán. Sobre la decisión del consejo audiovisual de Cataluña de investigar a la COPE, dice Elorriaga que estamos ante un caso pintoresco.

 El País -como la Cadena SER- también ha entrado a la gresca, subrayando que Josep Maria Carbonell, presidente del Consejo Audiovisual de Cataluña (CAC) -organismo dependiente del Parlamento autónomo que, entre otras competencias, vela por el cumplimiento de la legislación en su ámbito-, anunció este viernes que la autoridad que encabeza estudia si la información difundida en los últimos tiempos por la Cope -la cadena radiofónica de la Conferencia Episcopal-, particularmente desde que empezó el trámite del Estatuto, vulnera el artículo 20 de la Constitución, que regula la libertad de expresión:

En el transcurso de una comparecencia en la Cámara catalana, recordó que dicho artículo establece unos límites: la información debe ser veraz y ha de tener en cuenta la protección del honor, la imagen y la dignidad de las personas.