Vargas Llosa lo llama «satisfacer una curiosidad morbosa y malsana de la civilización del espectáculo, que es la de nuestro tiempo, donde el periodismo (como la cultura en general) parece desarrollarse guiado por el designio único de entretener».
Para la defensora del lector de El País, Milagros Pérez Oliva, se trata de las prisas por encontrar un culpable y trata de explicar a los lectores del diario que le han escrito quejándose reflexionando sobre lo ocurrido.
El lunes 17 enero 2011 se produjo la detención de un joven sospechoso de haber agredido al consejero de Cultura de Murcia, Pedro Alberto Cruz, del PP, después de que hubiera sido identificado por el propio consejero como su agresor en una fotografía.
El martes la detención era noticia de portada en casi todos los periódicos. Algunos se referían al detenido como «el agresor del consejero de Murcia» y le presentaban como un peligroso extremista de izquierdas.
El miércoles la juez lo dejaba en libertad después de que el consejero fuera incapaz de identificarle en una rueda de reconocimiento.
¿Qué críticas trasladan los lectores a Pérez Oliva?
«No solo se dan nombre y apellidos del que solo es un sospechoso, sino que también se publican datos personales, como la población de origen, Baños y Mendigo, y el negocio que da sustento a la familia: la única gasolinera de la población. ¿Le parece a usted correcto que se publiquen esos datos de un simple sospechoso? ¿Cree que el detenido y su familia van a poder salir indemnes del tratamiento informativo de su diario y otros medios, aunque pudiera ser absuelto de las acusaciones que ahora se le imputan?»
La defensora del lector contesta:
«No. Creo que aunque sea inocente, no saldrá indemne. Ya se ha producido un daño, pero no todos los medios han contribuido por igual.»
Explica que para Javier Casqueiro, redactor jefe de la sección de España, la cobertura de El País fue muy comedida:
«En todo momento hemos intentado equilibrar al máximo la necesidad de información y el respeto a las vidas privadas, cuando desde muchos medios de comunicación se criminalizaba al detenido y se sacaban consecuencias de la detención. El debate político se había desbordado y la detención ayudó a que el PP cargara todavía más las tintas contra los partidos de izquierda, a los que culpaba, sin pruebas, de la agresión al consejero. Para aclarar ese debate, entendíamos que debíamos dar a los lectores toda la información posible sobre el detenido».
Casqueiro admite que:
«la crónica incluía un dato claramente innecesario: el de que la familia regentaba una gasolinera. Es un error por el que hay que pedir disculpas, pero no por el resto de la información, que tan solo pretendía ayudar al lector a comprender lo que ocurría en Murcia».
Javier Ruiz explica a la defensora que él y sus jefes se plantearon si debían dar el nombre completo o solo las iniciales. Se decantaron por lo primero al observar que otros medios divulgaban la identidad.
Pérez Oliva da su opinión:
«Creo, sin embargo, que este es un mecanismo perverso: sabemos que si revelamos el nombre, y luego es inocente, provocamos un grave daño al detenido, pero si otros lo dan, nos consideramos amparados por esa coartada. El resultado es que el más osado o el menos escrupuloso de los medios acaba arrastrando a los demás. Resistir la fuerza de esa espiral no es fácil, porque todos compiten por dar el máximo de información posible, pero creo que en estos casos deberían utilizarse iniciales y evitar los datos que permitan identificar al detenido, al menos hasta que el juez se pronuncie sobre los indicios de culpabilidad. Hay que tener en cuenta que la propia policía estaba sometida en este caso a una fuerte presión política: la crispación crecía y había prisa por encontrar un culpable.»