"Actuaron correctamente al publicar la información" (...) "No hubo injurias ni ánimo de injuriar", que así reza la sentencia.

La gran vencedora de lo que se ha dado en llamar el caso Marichalar es la libertad de expresión, toda vez que la magistrada que lo juzgó en el Juzgado de lo Penal número 13 de Madrid, Carmen Viñaras, ha absuelto al semanario ÉPOCA, a su anterior director, Carlos Dávila, y a Eugenia Viñes, la redactora que firmó el reportaje, del delito de injurias graves con publicidad que se les imputaba.

La credibilidad de los dos periodistas, así como la de la publicación del Grupo Intereconomía, resulta probada y reafirmada toda vez que la juez ha resuelto que "la intención que guiaba a ambos acusados fue informativa, sobre un asunto de relevancia nacional como era la posibilidad del divorcio y las duras negociaciones llevadas a cabo por los Duques de Lugo".

El origen del juicio del ex yerno del Rey Juan Carlos contra el semanario de Intereconomía se remonta al 26 de septiembre de 2008, cuando ÉPOCA tituló "Conflicto en la separación de Doña Elena. Alega consumo ocasional de cocaína".

La revista, tal y como ratifica el fallo judicial, no publicó en ningún momento que Jaime Marichalar consumiera drogas. Se limitó a narrar que, tras la declaración pública de "suspensión temporal de la convivencia" de los Duques de Lugo existía un proceso de separación legal que llegó a alcanzar elevadas dosis de tensión.

La demanda derivó en una reclamación a Dávila y Viñes -defendidos por los letrados Guillermo Regalado y Juan José Aizcorbe- por parte del ex marido de la Infanta de un millón de euros, una cantidad que, si ya resultó desproporcionada en su día, conocida la sentencia, se revela aún más astronómica.

El carácter de miembro de la Casa Real, y que la información venía de profesionales de prestigio, a través de una revista de opinión, hace que no pueda incluirse dentro del tipo penal de injurias la conducta de los acusados".

"El artículo de la acusada", continúa la sentencia, "es especulativo y menciona la posibilidad de alegar por la Infanta dicho consumo de cocaína [que era un rumor infundado del que se habían hecho eco muchos medios de comunicación desde el ictus cerebral sufrido por D. Jaime en 2001], lo que supone la falta de animus injuriandi en los acusados.

Más aún si se tiene en cuenta que en el número posterior de la revista, el acusado [por Dávila] escribe 'Antología de camanduleros', donde se tachan de embustes todas las noticias aparecidas en otros medios y programas de televisión. A todo ello, ha contribuido el hermetismo existente por parte de la Casa Real que no ayudó a clarificar la situación, lo que fue confirmado por la testigo Dña. Paloma Barrientos".

Según Juan José Aizcorbe, director general de Servicios Jurídicos del Grupo Intereconomía y abogado de ÉPOCA, “es importante contextualizar el reportaje del semanario en el momento histórico en que Don Jaime de Marichalar y Doña Elena anuncian el cese temporal de la convivencia.

Por esas fechas, tras el verano de 2008, los periodistas que publican la información a través de una fuente habitual son conocedores de que se está produciendo un proceso conflictivo de separación legal de ambos cónyuges”. (…) “Por lo tanto, era una información de interés público amparada por el Artículo 20 de la Constitución, en lo que a la libertad de expresión se refiere”.