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Anda toda España revuelta con la imputación de la Infanta Cristina por el feo asunto del Caso Nóos. Bueno, alguna excepción hay. El 4 de abril de 2013, el asunto en cuenstión ocupa gran parte de los espacios de opinión de la prensa de papel, pero lo hace en menor medida de lo que cabría esperar. También hay columnistas a los que las novedades procedentes de los juzgados de Palma de Mallorca les ha pillado fuera de juego. De hecho, los dos más destacados articulistas monárquicos de los periódicos españoles evitan dedicar una línea a tan incómoda cuestión y prefieren comentar los zapatos de Rodrigo Rato o convertirse en portavoces de una juventud de la que no forman parte desde hace casi seis décadas.
El País le dedica varias columnas a la imputación. Soledad Gallego-Díaz firma uno de esos artículos de opinión que por algún extraño motivo los del diario de PRISA disfrazan con el epígrafe de ‘Análisis’. En lo que podríamos denominar como ‘el sorprendente caso del título cambiante’, en el papel la pieza se titula ‘Una decisión inevitable’, mientras que en la edición digital es Una imputación inevitable. La autora celebra la imputación:
En un momento en el que están en duda el prestigio de las instituciones, reconforta comprobar que los resortes del sistema actúan con normalidad y que responden con el principio de igualdad ante la ley, tal y como fija la Constitución. Aun sin sacar conclusiones de esa imputación, estaba claro que la infanta debía comparecer ante el juez que lleva el caso Nóos para responder a cuantas dudas se plantean sobre su actuación personal y su colaboración con las actividades de su marido, Iñaki Urdangarin.
Gallego-Díaz exige algo más de la hija del Rey:
Sin prejuzgar el desarrollo de los acontecimientos, quizás sería aconsejable que la infanta Cristina, de propia iniciativa, solicite al Rey que la aparte de la línea sucesoria de la Corona.
Concluye:
La imputación de una hija del Rey, suceda lo que suceda en los próximos meses, es un hecho político con graves repercusiones y sería absurdo ignorarlo. Las monarquías democráticas se justifican básicamente por su utilidad, pero también por una cierta magistratura moral, que se corresponde precisamente con el hecho de que no tiene responsabilidad jurídica alguna. El Rey no puede librarse fácilmente de esa exigencia de responsabilidad moral y deberá hacer frente a ella, con reflexión y prudencia.
En la contraportada de El País, Maruja Torres comienza La imputada contando que ha recibido «miles de millones» –ya serán unos cuantos cientos o miles de millones menos– de mensajes de lectores esperanzados con la imputación de la infanta, puesto que esperan que sea el inicio de una cascada que lleve ante los tribunales a «los supuestos corruptos que en estos momentos infestan la tierra patria». Lanza una primera advertencia a estos ilusionados:
Apreciad que, gracias a la imputación -en este caso, ¿podemos llamarlo, más finamente, ‘improstitución’?-, ya nadie habla del aplastamiento masivo cometido por el presidente Mariano a través de su Asociación Pro Plasma. Borrado por irrelevante.
Concluye preguntándose sobre la ropa que lucirá la infanta ante el juez:
Para empezar, tratarlo de vos. Vos, supuestamente, ¿qué os pondréis para sentaros en el Banquillo y responder a las preguntas de ese juez tan impertinente que representa a la ciudadanía expoliada, defraudada, asqueada y, supuestamente también, con los ‘collons plens’?
He estado consultando con mi memoria de guardia. ¿María Antoinette, ‘c’est a dire’, peluca blanca y ‘croissant’ en el escote? ¿Lana Turner, con pamela negra y un dos piezas ídem, tipo ‘El tío de los e-mails siempre manda dos veces’? ¿O bien un sencillo chándal deportivo, con diadema?
Es una elección difícil. Y más para una regia persona que nunca se entera de nada.
En El Mundo también hay quien escribe sobre la imputación, no en vano les gusta presumir de ser el periódico que destapó el caso Nóos. Pero espere sentado usted, querido lector, si ansía conocer qué tiene que decir al respecto el muy monárquico Luis María Anson, cortesano mayor del papel impreso. Ni una palabra le dedica al asunto. A sus 78 años se lanza a ejercer de portavoz de la juventud, se ve que hay lozanías que resisten el paso del tiempo con sorprendente entereza. Su artículo lleva un título largo: El 30% de los jóvenes están indignados; el 70%, indiferentes; el 100%, asqueados, aportando unos datos que repite en el interior del texto. A estos añade:
De 45 años hacia abajo, el divorcio entre la Transición y los españoles alcanza proporciones acongojantes.
Añade:
El régimen se ha agotado y si queremos salvar lo esencial de la Transición habrá que proceder a una profunda reforma constitucional, incorporando a ella a los dirigentes de las nuevas generaciones, los políticos, los religiosos, los culturales, los financieros, los sociales, los sindicales, los deportivos.
Y, al día siguiente de la imputación de la infanta, se lanza a proponer que el Rey se encargue de coordinar una reforma constitucional:
Correspondería al Rey, como árbitro y moderador de la vida española, convocar a las personas capaces de articular la reforma constitucional. Pero el Monarca no puede, no debe, dar un paso que no esté respaldado por el presidente del Gobierno de turno.
Sostiene a continuación:
Así es que Mariano Rajoy tiene la responsabilidad de encargar al Rey que convoque discretamente a personalidades destacadas de la vida española para sugerir la conveniencia de una reforma constitucional a la que se incorporen los dirigentes de las nuevas generaciones. No se puede pretender dar continuidad a la situación artificial que vivimos desde hace unos años, cuando se consumó el divorcio entre la Transición y los jóvenes. No ver esto es permanecer ciego. No intentar poner remedio a la situación sería dejar a la deriva la nave de España.
Curiosa la mentalidad de Anson. Como los jóvenes españoles están divorciados del sistema político hay que reformarlo, pero sin que dicha reforma salga de los ciudadanos. Pretende del cortesano del papel que sea el Rey quien decida quienes han de reformar la Constitución. No vaya a ser que los españoles de a pie, como este humilde lector de columnas o los lectores de Periodista Digital, nos equivoquemos.
Quién si entra a fondo en la imputación es Arcadi Espada, bajo el título de La República española:
El juez ha imputado a la Infanta Cristina. Bien. Habrá que ver qué responde al fiscal, contrario a la decisión, y si se reafirma después de oír a la imputada.
Reflexiona sobre la confesión del ministro del Presupuesto, «nuestro Montoro», francés, que ha reconocido que mintió al decir que no tiene ninguna cuenta bancaria en Suiza. Sobre esto, dice: «No hay duda de que su gesto erosiona la democracia. Pero tanto como la fortalece. Es la democracia la que permite perseguir, descubrir y castigar estas conductas».
Añade:
La imputación de la Infanta sólo podría tener un talón de Aquiles particular. Y es que, en realidad, una infanta infanta no puede ser imputada. Una infanta infanta vive en un mundo al margen de las imputaciones, feísima palabra, por lo demás. Las infantas infantas pueden ir a la guillotina pero jamás al juzgado. El sentido profundo de la inviolabilidad no es que el Rey esté a salvo del castigo, sino que está a salvo del delito. Y algo así podría y debería decirse de su familia, aunque no les alcanzase formalmente la inviolabilidad jurídica. Pero esa superioridad mayestática acabó el mismo día que un Príncipe se casó con una locutora.
Concluye, de forma contundente:
Por lo tanto, a aguantar. Sin dramitas. Como aguantan las repúblicas, y francesas.
Quienes se hayan quedado desilusionados por no conocer la opinión de Anson sobre la imputación de la infanta es posible que se consuelen pensando, al estilo Casablanca, ‘siempre nos quedará Alfonso Ussía‘. Pues tampoco. El otro gran periodista monárquico evita tratar el asunto para centrarse en algo tan trascendente como Los zapatos de Rato. No se trata de una figura retórica, en absoluto. Dedica todo su artículo a reflexionar sobre el feo calzado que lucía el ex vicepresidente económico en un acto protagonizado por Cristobal Montoro celebrado en la sede de La Razón.
Pero el periódico de Marhuenda sí tiene quien escriba para defender a la infanta, o incluso para criticar al juez por la imputación. Y para ello nada mejor que tirar de un fiscal y un magistrado, que así se viste todo muy bien de debate jurídico.
Juan Moral, fiscal excedente de la Audiencia Nacional, titula directamente Decisión poco razonable. Sostiene:
En los procesos donde la instrucción es dirigida de facto por el Ministerio Fiscal, prácticamente no se realiza diligencia alguna que no sea pedida por el Ministerio Público y nadie suele ser traído al procedimiento si no es previa petición del mismo, ya que nada parece más lógico que aquel que sostendrá la acusación y las pruebas de las que se valdrá sea el solicite éstas y precise aquella. Y esto parece no haber ocurrido en este momento.
Concluye destacando que la imputación daña a la imagen e la infanta:
Dicha circunstancia bien pudiera ocasionar con ello un estigma y un daño quizás excesivo en la persona llamada, bajo el pretexto de que lo mejor es despejar sombras de sospecha compareciendo en el proceso penal como imputado, cuando la realidad es que acabas sometiéndote a la ya de facto perpetúa condición de imputado y adquirir el estatus social vitalicio de tal, con el que ya siempre serás recordado. Hasta tal punto es así, que ha tenido que recordarse en la resolución citada que dicha citación no prejuzga actuaciones procesales ulteriores, quizás consciente de las consecuencias de una mala interpretación de la imputación y de que en muchas ocasiones se aprovecha a propósito por aquellos que, ajenos al derecho, persiguen fines espurios.
El juez de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional y ex vocal del Consejo General del Poder Judicial José Luis Requero firma Derecho de defensa. También él destaca el daño a la imagen e la hija del Rey:
Por mucho que se insista en que la condición de imputado no equivale a una condena, en el contexto público no será una condena, pero sí una suerte de pena de banquillo o de sospecha.
Sin embargo, el sí ve justificada la imputación:
Del auto que ayer se conoció se deduce que ya no ha podido evitar esta citación, que está en la recta final de la investigación y que no se entendería que tras haber declarado todos los miembros de la junta directiva de Nóos y el titular del 50% del capital de Aizón, Urdangarín, no lo hiciese la Infanta, vocal de esa Junta y titular del otro 50% de Aizón.
Concluye:
El juez deja claras dos cosas: que si se la cita como imputada es porque no procede hacerlo como testigo, bajo juramento o promesa de decir la verdad algo que la perjudicaría, y porque es necesario despejar dudas, sin prejuzgar nada. Pese a tanta prevención, el auto finaliza invocando una sentencia del Tribunal Supremo para justificar la citación de la Infanta, invocación muy desafortunada.
Citas extravagantes al margen, conviene recordar que hay dos tipos de imputaciones. Una como la de la Infanta, es decir, una imputación genérica y que se hace para salvaguardar el derecho a la defensa, y otra que es la imputación en sentido formal, cuando ya no hay simples sospechas sino indicios racionales de criminalidad.