La Razón es el único periódico que cita a los contribuyentes, de los que sale el dinero
Como ocurrió en 2008, cuando José Luis Rodríguez Zapatero y Pedro Solbes publicaron por primera vez las balanzas fiscales por exigencia de sus aliados nacionalistas catalanes, el conocimiento de los datos no ha calmado a todas las partes.
A los números se les puede hacer decir lo que uno quiera a la vista de las reacciones editoriales de los principales periódicos españoles.
La Vanguardia de Barcelona está descontenta con el resultado, hasta el punto de que pide unas nuevas balanzas fiscales elaboradas por expertos «independientes» y «extranjeros», porque no se fía de los economistas españoles.
ABC encuentra en los datos otro argumento contra el victimismo de los nacionalistas y El País propone, en su línea editorial desde hace meses, una reforma de la financiación de las comunidades autónomas.
El único periódico que cita a los contribuyentes, de quienes sale el dinero que luego se reparten los políticos y los funcionarios, es La Razón.
LA VANGUARDIA
Por primera vez un gobierno del Partido Popular, en este caso el de Mariano Rajoy, ha reconocido que existe un importante déficit fiscal en Cataluña con respecto al conjunto del Estado. Este es un hecho positivo de cara al acercamiento de posiciones para reequilibrar la solidaridad interterritorial en España, aunque aún hará falta negociar mucho sobre sistemas de cálculo y sobre cantidades, ya que también hay grandes diferencias entre las cifras que presenta el Gobierno y las de la Generalitat.
La equidad redistributiva y el desarrollo económico del país exige, después de más de treinta años de democracia, un sistema de financiación autonómico y una solidaridad interterritorial mucho más equilibrados. Pero su revisión -que es del todo urgente- debe hacerse sobre la base de la máxima información y de unas cuentas claras y transparentes.
Las balanzas fiscales presentadas ayer, pese a constituir un paso positivo, no responden a esta exigencia, ya que son incompletas y, a juicio de algunos analistas, adolecen de cierta tendenciosidad para minorar el déficit catalán. Por ello se hace necesario un consenso sobre el método de cálculo de las balanzas fiscales, que ofrezca unos resultados libres de toda sospecha. En último extremo, esta tarea debería encargarse a una comisión de expertos independientes, preferiblemente internacionales, con objeto de disponer de una herramienta de negociación objetiva y veraz.
ABC
Sin embargo, lo más relevante es que cada madrileño paga 2.575 euros para financiar los servicios públicos del resto de autonomías, frente a los 1.329 de los baleares o los 1.119 de los catalanes. Es decir, Madrid aporta al sistema el doble, si no más, que Cataluña, aupándose como la región más solidaria, sin que ello haya derivado en la ilegal, absurda y contraproducente deriva independentista que lidera el nacionalismo catalán.
De hecho, y muy al contrario de lo que sucede en Cataluña, Madrid es todo un ejemplo en materia de equilibrio presupuestario, baja fiscalidad, eficiencia en los servicios públicos y empuje económico, a pesar del elevado sacrificio que impone el actual modelo al conjunto de los madrileños. Además, cabe destacar que el déficit real de Cataluña dista mucho de los 15.000 millones de euros que proclama la Generalitat desde hace tiempo para sostener su maniqueo «expolio fiscal», desmontando así el principal eje de su particular campaña soberanista.
EL PAÍS
La discusión no debe hacerse sobre cantidades (que pueden variar según los métodos de cálculo) sino sobre conceptos de financiación.
En ese sentido, el estudio presentado ayer ofrece un avance metodológico notable: ordenar los gastos e ingresos públicos en partidas homogéneas, en función de que afecten a todos los ciudadanos o solo a los de una zona determinada. Y una conclusión decisiva para el entendimiento político: las dos terceras partes de los déficits fiscales se explican porque las regiones implicadas disponen de una renta superior.
Si el informe tiene razón, y no hay motivo para discutir sus criterios (aunque el presidente de la Generalitat se ha apresurado a exponer sus sospechas por el método de cálculo), el agravio autonómico (desigualdad en la prestación de servicios públicos) podría cuantificarse en un tercio de los saldos fiscales, es decir, aproximadamente el 1% del PIB. Eso significa que sería conveniente reformar el sistema de financiación autonómica (incluyendo ajustes en los regímenes de Euskadi y Navarra) para atender al principio de igualdad de los ciudadanos con independencia del territorio en que vivan. Pero en ningún caso puede esgrimirse ese supuesto agravio como causa o motivo de pulsiones independentistas.
LA RAZÓN
El ponente del informe, Ángel de la Fuente, director de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada y uno de los académicos que ha diseñado la nueva metodología para analizar las cuentas públicas territorializadas, ha llegado a dos conclusiones muy relevantes: la primera, que Madrid y Cataluña tienen razón al pedir una revisión del sistema de financiación, pero no la tienen al decir que están siendo «injustamente tratadas»; y, la segunda, que algunos aspectos de los conciertos económicos vasco y navarro provocan desigualdad en el acceso de los ciudadanos a los servicios públicos.
Esfuerzo de solidaridad que, sin embargo, no puede exigirse a los ciudadanos ni de manera ilimitada ni incondicional y que, por lo menos, exige de todos los administradores una responsabilidad añadida en el manejo y control del dinero público. Porque los impuestos, no hay que cansarse de repetirlo, siempre proceden del esfuerzo de las personas, no del de los territorios.
