Pide al Gobierno que se regule la situación de la Corona, incluso con la reforma de la Constitución
Todos los periódicos, salvo ABC, dan este 15 de enero de 2015 la noticia de la admisión por el Tribunal Supremo de una demanda de filiación presentada por la belga Ingrid Jeanne Sartiau contra el anterior jefe del Estado español, Juan Carlos de Borbón y Borbón.
Sólo un periódico editorializa sobre este suceso judicial, sin precedentes en los 200 años de existencia del Tribunal Supremo español: El Mundo.
El editorial del periódico dirigido por Casimirio García-Abadillo sugiere al ex rey que se someta a la prueba de paternidad de ADN para acabar «de raíz y sin ningún género de dudas con la polémica» y sostiene que este pleito, que no afecta al rey Felipe VI, es la ocasión para que el Gobierno regule la Corona.
La Constitución que sancionó Juan Carlos I en 1978, que establece la igualdad de todos los hijos, sean legítimos o ilegítimos, se puede aplicar ahora a la dinastía Borbón, al menos en cuanto al apellido y el patrimonio.
Sartiau, nacida en 1966, asegura que su madre tuvo una relación con el entonces Príncipe Juan Carlos, de la cual nació ella. Su intención, desde que decidió iniciar las acciones legales, es solicitar las pruebas de paternidad. El padre de Felipe VI, que tiene 20 días de plazo para contestar a la demanda, está en su derecho a negarse a realizar esos análisis, pero aceptar someterse a la prueba sería un paso que acabaría de raíz y sin ningún género de dudas con la polémica, pues la fiabilidad de este test es del 99%.
En el caso hipotético de que se confirmara que Ingrid Jeanne Sartiau es hija de Don Juan Carlos, podría usar el apellido de la Familia Real. Existe el precedente de Leandro de Borbón, que consiguió ser reconocido por la Justicia como hijo de Alfonso XIII. Ahora bien, no pudo reclamar derechos sucesorios por cuanto la Constitución habla, específicamente, de los «sucesores» de Juan Carlos I.
Siempre según el supuesto de que la Justicia le diera la razón, Sartiau podría reclamar el derecho a una parte de la herencia del ex jefe del Estado. Y dado que la Constitución no distingue entre hijos legítimos y extramatrimoniales -al contrario de lo que sí sucede en otros países, como Bélgica o Mónaco, donde ya se han planteado este tipo de situaciones- también podría tratar de hacer valer sus derechos sucesorios.
Esta circunstancia supone un argumento más, de los muchos existentes, para reclamar que el Gobierno tome por fin la iniciativa política y no demore la regulación de todas las cuestiones relativas a la Corona, alguna de las cuales implica modificar la Constitución. Cabe recordar que todavía hoy, en contra de los tiempos que vivimos, se mantiene la supremacía del varón sobre la mujer en el orden sucesorio.
