Según el diario, la cúpula del PP madrileño pagó a guardias civiles para que siguiesen a otros cargos populares
Casimiro García-Abadillo, que ha convertido a El Mundo en periódico gubernamental en competencia con El País y La Razón, está empeñado en que Esperanza Aguirre e Ignacio González acaben en los tribunales.
Este 19 de febrero de 2015, publica un editorial, titulado ‘Más argumentos para no dejar de investigar el espionaje en el PP de Madrid’, que acompaña una información sobre una reunión de Francisco Granados, hoy encarcelado por corrupción pero antes brazo derecho de Aguirre en el Gobierno regional de Madrid, con implicados en la trama de escuchas. En el texto, El Mundo se opone al archivo de la trama de espionaje. La información se acompaña de una columna de Victoria Prego.
Las revelaciones de El Mundo sobre el espionaje a altos cargos del PP en la Comunidad de Madrid constituyen un argumento de peso para que la juez que lleva el caso, Carmen Valcarce, no lo archive y encamine por primera vez la causa contra responsables políticos.
La trama salió a la luz hace seis años, cuando se desveló que el Ejecutivo autonómico había creado con fondos públicos una unidad parapolicial para hacer el seguimiento de ciertos dirigentes en vísperas del Congreso de Valencia de 2008. El supuesto objetivo tenía que ver con la pugna entre el entonces alcalde, Ruiz-Gallardón, y la presidenta de la Comunidad, Esperanza Aguirre. Desde que el caso entró en vía judicial, ha sido archivado dos veces por no ver la juez indicios de delito, y reabierto en otras tantas ocasiones a instancias de la Audiencia Provincial de Madrid.
Ayer publicábamos unas grabaciones que evidenciaban un intento de soborno por parte del ex director de la Academia de Policía de Madrid, el magistrado Agustín Carretero, a un técnico que iba a declarar voluntariamente en el caso. Para intentar silenciarlo y que no implicase a la Comunidad, Carretero le ofreció un cargo y doblarle el sueldo. Añadimos hoy otra exclusiva que prueba que se debe seguir adelante con la investigación: una conversación que vincula directamente a Francisco Granados, ex número dos de Esperanza Aguirre y en prisión por la operación Púnica, con la creación de la red de seguimientos.
La cúpula del PP en la Comunidad de Madrid pagó a guardias civiles en excedencia como asesores para espiar por razones políticas a otros altos cargos populares dando pie, además, a una trama de sobornos y chantajes. Hay motivos más que suficientes para que no se cierre la investigación.
