¿Por qué el Estado, vía Tribunal Constitucional, no aplica de una vez por todas la ley que le confiere la potestad de suspender e inhabilitar a personajes de la talla de Carles Puigdemont? El presidente catalán se ha pasado por el arco del triunfo todo el ordenamiento jurídico.
Por eso, este 16 de septiembre de 2017, son muchas las voces que ponen en solfa al Gobierno de Mariano Rajoy que, pese a tener en teoría la sartén por el mango, se están dejando comer la tostada de una manera bastante sonrojante.
Jaime González, en ABC, se muestra pesaroso porque el Gobierno no ha logrado el objetivo de apaciguar al separatismo con sus últimas medidas. Es más, detecta que justo ha sucedido lo contrario:
La batería de medidas para impedir la celebración del 1-O resultan tan «proporcionales» que no han provocado en los responsables del plan de ruptura constitucional más reacción que la de incrementar su desafío.
Ignacio Camacho considera que los empresarios catalanes, salvo excepciones, están muy cómodos en Cataluña y no ven el peligro que les acecha:
Los empresarios influyentes no acaban de entender que el régimen autonómico se ha quedado en manos de sus naturales enemigos. Se merecen por su torpeza ese desenlace aunque muchos ya han puesto su riqueza patrimonial a salvo. Pero si de verdad se produjese la ruptura, correrían en peregrinación a Madrid para implorar socorro a papá Estado.
El diario ABC coge por la solapa al Tribunal Constitucional y le exige que aplique la ley y suspenda de sus funciones a aquellos que se pasan la legalidad por el arco del triunfo, empezando por el presidente catalán:
Empezando por Carles Puigdemont, numerosas autoridades de la Generalitat catalana están incumpliendo diaria y públicamente la paralización del referéndum del 1-O. Son autoridades a las que el TC debe suspender, sea o no del agrado de sus magistrados la ley que prevé esta medida, incluso por discutible que resulte para muchos juristas que no comparten la idea de que el TC tenga esta potestad sancionadora. Los jueces no aplican las leyes en función de sus gustos, sino del mandato de las propias leyes.
José María Carrascal va en la misma línea, que el Gobierno tiene que hacer cumplir las leyes:
Tan malo como desobedecer las leyes es no hacerlas cumplir, misión que corresponde al gobierno. El acto de Tarragona mostró una Cataluña convertida en Estado de facto. De continuar por este camino, terminará siéndolo de jure, al haber renunciado el Estado español a hacer uso, no ya de sus atribuciones, sino de sus obligaciones.
El editorial de El País deja como a una cobarde de tomo y lomo a la alcaldesa de Barcelona por parapetarse en excusas de mal pagadora con relación al 1-O:
Colau se apunta al referéndum que su gente aún rechazaba ayer. Lo hace por la puerta trasera. Rompe el compromiso de su partido. Viola el deseo de la mayoría cualificada de sus electores. Traba un pacto fraudulento -¡y secreto, cuando se jactaba de su extrema transparencia!- con el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, para cederle a él la gestión de los locales municipales sorteando su responsabilidad penal personal, que al parecer asumirá en solitario el Govern. Antepone su seguridad personal. ¿Es esta la valerosa Colau que remaba a contracorriente?
La Razón también le mete una buena sacudida a Ada Colau:
Hasta ahora, Colau, que gobierna con el apoyo del PSC, la capital de Cataluña, ha podido jugar con la ambigüedad, conocedora de que los líderes del separatismo estaban obligados a hacer cualquier concesión, por humillante que fuera, con tal de que la decisiva capital del Principado, que es la segunda ciudad más poblada e influyente de España, no diera institucionalmente la espalda al referéndum ilegal.
El Mundo se pregunta por qué Montoro no adoptó antes esta decisión de intervenir financieramente Cataluña:
Hay que preguntarse si no se debería haber tomado antes. Hay que recordar que el propio Montoro afirmó con toda rotundidad el 31 de agosto que «no va a haber referéndum porque no hay presupuesto». Sin embargo, sí se han producido gastos relacionados con la consulta ilegal -creación de una web, anuncios en televisión, el acto de apertura de la campaña- cuya procedencia la Generalitat no ha justificado.
