Periodismo

Entre la reforma de la Constitución y las andanzas de Carlos Puigdemont en Bruselas se mueven este 7 de diciembre de 2017 las tribunas de opinión y editoriales de la prensa de papel.

El País alaba la decisión del juez Llarena respecto a Puigdemont y sus exconsejeros, retirar la orden europea de detención contra ellos para que luego no se escuden en legislaciones enmarañadas como la belga donde el delito de rebelión no está reconocido en su ordenamiento jurídico:

La retirada de la orden europea de detención contra el expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, y sus exconsejeros fugados en Bélgica no es una muestra de debilidad, ni de temor, ni de resignación de la justicia, sino exactamente de lo contrario. La medida adoptada en el auto de retirada de la euroorden por el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena obedece al designio de evitar que los fugados sorteen la persecución de alguno de los delitos por los que están encausados (como el de rebelión) y que ciertos actos se evaporasen del proceso, lo que rompería el principio de universalidad de la ley y el de que ningún delito debe quedar sin castigo.

El editorial de ABC considera que la reforma de la Constitución sólo es posible para conseguir una España más unida:

La Constitución goza de muy buena salud, siempre que se aplique lealmente, y si hay que reformarla, que no sea para apaciguar a los insaciables nacionalistas, sino para hacer más fuerte al Estado y a la idea de Nación española, sobre la igualdad y la solidaridad. Ha funcionado bien la Constitución que une, no el separatismo que rompe.

Ignacio Camacho plantea tres cuestiones esenciales antes de acometer la reforma constitucional:

Para revisar la Carta Magna hay que responder a tres preguntas esenciales que nadie se ha hecho: qué problemas se pueden arreglar con el cambio, cuántos se pueden crear en el intento y cuáles quedarán sin solucionar con un texto modificado o nuevo. Sólo a partir de las respuestas a esas cuestiones cabe plantearse la conveniencia o no de abordar el empeño.

Isabel San Sebastián se une a una reforma de la Constitución donde todos los españoles acaben siendo iguales ante la ley:

Yo creo que es hora de reforzarla en los tres pilares que la sustentan: unidad indisoluble de la Nación, soberanía residenciada en el conjunto del pueblo español e igualdad entre los españoles. Para lo cual podríamos empezar por cambiar la ley electoral con el fin de que todos los votos valiesen lo mismo. Refórmese, sí, pero en la dirección correcta. Para restringir el poder del separatismo chantajista.

Mayte Alcaraz cuenta por qué Joaquim Forn, el "talibán del procés" ha seguido chupando presidio:

Forn fue el responsable último de la premeditada orden de contemporización de los Mossos el día del referéndum ilegal. Es decir, aunque haya intentado camuflarse como uno más entre los hermanos mártires Turull, Rull, Romeva y Mundó, no ha colado, porque tuvo en sus manos evitar el golpe y no lo hizo. Es más, ordenó a los agentes catalanes que actuaran como si fueran unas elecciones legales. Un criterio procesal intachable.

El editorial de La Razón le dice bien a las claras a Puigdemont que tarde o temprano tendrá que afrontar ante la Justicia española sus responsabilidades:

El recorrido de las andanzas del destituido president es limitado y declinante. Pretende una suerte de indulto o, sencillamente, que el Estado de Derecho se aplique una amnesia selectiva por la que olvide la conspiración y el ataque contra las libertades de todos. Obviamente, no podrá ser. Como sus conmilitones, tendrá que responder ante los tribunales por delitos gravísimos castigados con penas severas. Podrá recoger su acta de diputado por medio de un tercero, pero si quiere ser president, tendrá que volver a España para enfrentar la investidura de forma presencial. El juez Llarena lo ha dejado en sus manos y en la de su coraje para dar la cara y no la espalda a los suyos como hasta ahora.

A Raúl del Pozo le sorprende la compasión que hay con el fugado Puigdemont y el preso Junqueras:

En Cataluña hay una multitud movilizada por unos políticos presos acusados de rebelión y por otros que huyeron, como suelen hacerlo -esta vez no por las alcantarillas-, al mando de un turista ocasional que se finge exilado, y como los antiguos traidores y los modernos terroristas, se refugia en Flandes para burlarse de la justicia española. Lo más sorprendente de este momento es la compasión y blandura de los políticos y periodistas ante el falso Pimpinela Escarlata de Bruselas y el entalegado de Estremeras comiendo churros madrileños. De pronto han olvidado los improperios que suelen dedicar a los imputados de los partidos contrarios, cuando son acusados de rateros, un delito más leve que el de rebelión.

Arcadi Espada se desmelena contra el juez Llarena y dice que ha convertido a la justicia en un holograma:

Los ciudadanos españoles hubiéramos esperado de un juez del Supremo estudio y dedicación para contrarrestarla y no la confortable vía de la suspensión de la euroorden. Por lo demás compárese el peor derecho de los encarcelados con esta vida de los euroliberados solo privada de pisar la nación hollada por los ocupantes. Indirectamente, el juez Llarena da cobertura legal al establecimiento de un gobierno catalán en el exilio. Contrariamente a lo que suponíamos no será Puigdemont el holograma. Será la Justicia el holograma.

El editorial de El Mundo considera que aún no es tiempo de cambiar la Constitución Española y menos hacerlo en solitario:

Se ha de afrontar la iniciativa desde el más amplio consenso posible sobre las cuestiones básicas a debatir. Sería imprudente, como pretende en solitario Pedro Sánchez, hacerlo precipitadamente. Aprovechar con fines electoralistas la actual crisis para cuestionar todo el sistema sería hacer el juego a los independentistas.