Periodismo
Luis López Guerra, la quema de fotos del Rey y los dos autores ahora absueltos por Estrasburgo. PD

Dos cuestiones esenciales dominan este 14 de marzo de 2018 en las tribunas de opinión de la prensa de papel. Por supuesto, siguen reacciones sobre el asesinato del pequeño Gabriel Cruz y la pelea existente con la prisión permanente revisable y, por otro lado, el ataque del Tribunal de Estrasburgo a la justicia española al dictaminar que quemar fotos del Rey es mera libertad de expresión.

Federico Jiménez Losantos, en El Mundo, resalta como se han afilado los cuchillos contra aquellos que arremetan contra la asesina del pequeño Gabriel Cruz:

Anteayer, Ignacio Escolar aseguró en el programa de Ferreras que lo que hay contra Ana Julia Quezada es "un discurso de odio por ser mujer, inmigrante y negra". En la misma línea fue ayer La Vanguardia: odio, inmigrante y negra. Ante la previsible resistencia de una parte del heterocolumnismo patriarcal a admitir que las razones no son las que caricaturizaba yo aquí el lunes y asumió seriamente Escolar, sino el asesinato del pequeño Gabriel, se mueven las checas redaccionales.

Santiago González le recuerda a Margarita Robles, que ahora se pone tan digna con lo de la prisión permanente revisable asegurando que su partido prefiere esperar la resolución del Constitucional, lo que hizo el PSOE desde el mismo momento en que el Gobierno la aprobó:

Hombre-mujer, Margarita, no. El PSOE recurrió al Constitucional apenas aprobada la ley, en junio de 2015 y sin esperar a que se pronunciara, votaron dos veces la derogación que proponía el PNV. Eran dos ocasiones excelentes para que el PSOE se abstuviera, precisamente, por la misma razón que ayer explicaba Margarita, esencia sutil de azahar: para esperar al Constitucional. Joder, qué tropa.

Antonio Burgos, en ABC, recuerda a los que hablan de no legislar en caliente, aprovechando el asesinato de Gabriel Cruz, que aquí, precisamente de lo que se trata es de lo que algunos pretenden hacer ahora, derogar en caliente:

Dicen los que se oponen a la prisión permanente no revisable que no se puede legislar en caliente. En el caso que nos ocupa, digo yo que tampoco se puede entonces derogar en caliente. Cuando los casos de Sandra Palo, Marta del Castillo, Mari Luz Cortés, Ruth y José o Diana Quer dijeron eso: que no se puede legislar en caliente, cuando la sociedad exigía mano dura penal contra los condenados o imputados como asesinos. Ahora, con España acongojada por la muerte de Gabriel Cruz e impresionada por la lección de coraje, fortaleza y esperanza de su madre, Patricia Ramírez (chapó, señora), no se trata de «legislar en caliente» si se pide continuar con la prisión permanente no revisable, no.

José María Carrascal destaca el contraste de la madre de Gabriel Cruz, Patricia Ramírez, con la actitud carroñera de nuestros políticos:

Quienes andamos lejos de la santidad no lo entendemos, hay algo inquietante en medio del circo mediático montado, de los actos rimbombantes que se escenifican, del furor desatado por la tragedia. Ella es la única que parece conservar la calma, la serenidad, la paz, perseguida por las cámaras, los micrófonos, los besos, los abrazos de todo el mundo, pues nadie quiere perderse el protagonismo. Sin olvidar a los políticos, incapaces de llegar al menor acuerdo por el bien común; al revés, dándose dentelladas, pero que se unen al duelo, buscando votos en las elecciones que ya huelen, como los carroñeros en la basura. Mayor contraste, imposible.

Iñaki Zaragüeta, en La Razón, resalta que a varios políticos que tanto se les llena la boca con lo de las consultas populares, con lo de la prisión permanente revisable se echan a un costado:

Pedro Sánchez, Pablo Iglesias, Albert Rivera e Íñigo Urkullu deberían tomarse las molestias de preguntar a los españoles si queremos mantener o modificar la Ley de Seguridad Ciudadana que contempla para determinados delitos la «prisión permanente revisable» y descubrirían casi con seguridad nuestra inclinación por cambiarla. No de derogarla como ellos pretenden, sino de suprimir lo de «revisable». Algunos de los políticos citados al comienzo de esta columna, que tanto les gustan las votaciones y referendums, deberían probar a consultarnos. No lo harán ni sabremos nunca porque se empeñan en su desatino. Así es la vida.

El editorial de El Mundo critica la decisión del siempre polémico Tribunal Europeo de Derechos Humanos por corregirle a España la pena que le cayó a quienes quemaron allá por el año 2007 unas fotos del Rey:

Echar a arder la foto del Rey, tal como en su día fijaron los tribunales españoles, constituye un ataque personal al Monarca, orientado a insultar y denigrar su figura. Los jueces de Estrasburgo restringen la agresión a «una denuncia de lo que el Rey representa como jefe y símbolo del aparato del Estado». De ahí que la sentencia dictada ayer resulte sorprendente e incomprensible. Si la Corona goza de una protección especial en la legislación es, justamente, porque simboliza la unidad y permanencia de la patria.

ABC le mete un buen palo al Tribunal Europeo de Derechos Humanos y recuerda la composición del mismo, empezando por el infumable Luis López Guerra:

Los Reyes encarnan la Constitución, la nación, las libertades democráticas y los derechos fundamentales. Quemar su retrato es una ofensa a la democracia, porque en España, la Corona y la democracia representan lo mismo, algo que quizá no sepan estos seráficos e ignorantes jueces europeos de nacionalidades sueca, serbia, suiza, andorrana, chipriota, eslovaca y... Luis López Guerra.

La Razón le recuerda al ínclito Luis López Guerra el contexto catalán y el patinazo que supone la decisión del Tribunal de Estrasburgo:

Una vez más, una sala del Tribunal de Estrasburgo con presencia del juez socialista español Luis López Guerra ha condenado a España. En este caso, considera que es legítimo, de acuerdo al derecho a la libertad de expresión, injuriar al Rey y quemar públicamente su retrato. No debía ignorar, sin embargo, el magistrado López Guerra el marco en el que se produjo ese ataque a Su Majestad, penado, por cierto, en nuestro Código Penal: el proceso separatista catalán, que culminó con un golpe de Estado.

En cambio, el editorial de El País aplaude la sentencia del Tribunal de Estrasburgo y hace un canto a la defensa, por encima de todo, de la libertad de expresión:

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos con sede en Estrasburgo acaba de sentenciar, sin embargo, que la quema de esa foto no intentaba lesionar la dignidad o la fama de don Juan Carlos, sino que fue una crítica política a lo que representaba, además de que en ningún momento hubo incitación a la violencia. Se trató, en definitiva, según los jueces europeos (entre los que hay un español), de un acto de libertad de expresión, garantizada por la Convención Europea de Derechos Humanos y la Constitución Española. La aplicación de este dictamen es urgente. La justicia y la sociedad españolas deben modificar sus criterios sobre este tipo de actos porque, más allá de que resulten groseros, incívicos y desagradables, la libertad de expresión es un valor básico de las sociedades democráticas.