El País, que pertenece a un grupo que se pegó un tremendo castañazo periodístico y financiero con Localia TV, pone el foco en la Ràdio Televisió Valenciana (RTVV), también conocida como Canal 9, donde tienen empleadas a 1.800 personas, más gente que Telecinco, Antena 3 y La Sexta juntas.

Canal Sur (1.680 empleados) o Telemadrid (1.200) están en la misma senda, pero no son las únicas, como pone de relieve Javier Martín en un largo y documentado reportaje, que comienza revelando que la Televisión del Principado de Asturias (TPA) no sigue las correrías de los políticos en la campaña electoral que culminara el 20-N, previsiblemente con una arrolladora victoria de Mariano Rajoy.

Y no lo hace la TPA por principios o falta de interés, sino porque no tiene dinero para eso. 

Es el último capítulo del culebrón que vive la Radio Televisión del Principado de Asturias (RTPA) desde que gobierna en la comunidad Francisco Álvarez-Cascos. De la noche a la mañana, fiel a su estilo, cortó el grifo del dinero a la televisión regional. Un hecho histórico entre los medios de comunicación públicos, que, en primer lugar, se dedican a ser espejo y altavoz del Gobierno de turno.

Mientras la mayoría de los Gobiernos autónomos, obligados por la crisis, han cortado en torno al 10% su aportación al presupuesto de las televisiones regionales del año 2012, Álvarez-Cascos lo cortó con carácter inmediato y retroactivo.

De poco vale argumentar que la RTPA es, en términos absolutos, la televisión menos cara de todas las autonómicas, con un presupuesto de 37 millones, de los que 11,3 los aporta el Gobierno regional.

Desde la restitución de la democracia en 1976, excepto La Rioja, Navarra, Cantabria y Castilla y León, el andamiaje institucional de cada autonomía se ha apoyado también en una televisión pública pagada con una doble vía de ingresos, los presupuestos públicos y los ingresos publicitarios. Vascos, catalanes y gallegos fueron de los primeros en crear sus propias radios y televisiones con el objetivo, entre otros, de preservar y fomentar la lengua vernácula.

Un cuarto de siglo después, estas tres televisiones, junto a Canal Sur de Andalucía, y la reciente AragónTV, son las más arraigadas en su zona, aunque su media mensual casi siempre esté por debajo del 14%; es decir, la mayoría de gallegos ve canales diferentes a Tele Galicia, la mayoría de vascos, canales diferentes a los de Euskal Telebista (su canal en euskera solo lo sigue el 1,7% de los vascos) y parecido ocurre con los catalanes o los andaluces.

Se calcula que las 13 televisiones públicas autonómicas costaron al contribuyente casi 2.000 millones de euros el año pasado, más un endeudamiento de 1.500 millones "por los déficits de explotación del pasado", según contaba hace un año el entonces presidente de la Unión de Televisiones Comerciales Asociadas, Alejandro Echevarría. En 2007, por ejemplo, en una jugada similar a la del Gobierno central con RTVE, la Generalitat de Cataluña se hizo cargo de la bola de nieve en forma de 1.000 millones de euros, hecha durante los 23 años de Gobierno de Pujol.

Este año será peor para el panorama de la televisión autonómica, pues a una reducción generalizada del dinero que cada Gobierno da a su televisión (en torno al 10% menos), se añade la drástica caída de ingresos por publicidad. Para paliar los menores ingresos por ambos lados (Gobierno autónomo y publicidad), los recortes han llegado a la reducción del salario, como es el caso de la mastodóntica plantilla de la televisión catalana, unas 1.800 personas.

En total, las televisiones autonómicas emplean a 10.000 personas, "que hacen lo mismo que pueden hacer Telecinco o Antena 3 con 1.000 personas de plantilla", según explicó Echevarría el pasado año.

Anualmente la consultora Deloitte publica, a petición de UTECA (Unión de Televisiones Comerciales Asociadas) un informe económico sobre el coste de las teles autonómicas. Según el de 2010, las que salen más caras al ciudadano son Euskal Telebista, que cuesta 253 euros por hogar vasco, seguida de la de Cataluña (209 euros), la de Valencia (202 euros), la de Murcia (192 euros) y la de Andalucía (173 euros). A lo que habría que sumar el coste de TVE y, probablemente, el de la televisión municipal de turno.

Pese a que los cálculos proceden de parte interesada -las televisiones privadas que aspiran a obtener la publicidad de las públicas-, sus números se quedan cortos si se miden de otra forma. El estudio anual se hace sobre hogar, ya que, en definitiva, cada hogar, cada ciudadano de esa autonomía, vea o no el canal autonómico, lo paga con sus impuestos.

Si el cálculo se hiciera sobre lo que le cuesta conseguir un espectador, la cifra se multiplicaría varias veces. Si el presupuesto de la televisión asturiana se divide por su población sale a 34 euros año/asturiano; si se mide, en cambio, por lo que le cuesta tener un espectador, le sale a 406 euros, basurilla comparados con los 1.200 euros que vale un espectador IB3, la tele de Baleares.

En el caso del canal en euskera de Euskal Telebista, cada uno de sus 37.434 espectadores de media del último mes superaría también el millar de euros, aunque en estos cálculos en bruto habría que descontar el coste, muy inferior, de las emisoras radiofónicas de cada ente.

El crecimiento del presupuesto no ha ido en consonancia con el aumento de sus audiencias. La llegada de las televisiones privadas primero, luego las de satélite y finalmente la TDT, ha fragmentado las audiencias, y ha perjudicado mucho a las autonómicas, que, además, no han podido reducir con la misma celeridad gastos de personal y de infraestructura.

En octubre solo una televisión autonómica lideró en su zona, TV3, primer canal del ente CCMA de la Generalitat de Cataluña, aunque el resto de sus canales se quedó por debajo del 1,6%. En cualquier caso, una cifra altísima si se compara con el segundo canal de Telemadrid, laOtra, aquel por el que con tanto afán litigó el Gobierno regional contra el nacional. A laOtra la sigue el 0,9% de los madrileños. En general, el público local prefiere los canales nacionales a los suyos.

El preanuncio del Partido Popular de cambiar la legislación para permitir la privatización de canales públicos, se matizó en el programa oficial para decir: "Establecer techos de gastos y de endeudamientos para todos los medios públicos", tanto autonómicos como municipales, e "impulsar las reformas legislativas para que las Administraciones autónomas y locales tengan libertad para adoptar nuevos modelos de gestión de las televisiones públicas que permitan la entrada a la participación privada".

Esto es, "desnaturalizar el servicio público de la televisión", según el secretario de Medios de Comunicación Social de la Federación de Servicios de UGT, Carlos Ponce.

Como las televisiones autonómicas se han creado por ley, solo pueden ser modificadas o cerradas por el mismo método... excepto si se aplica la solución Cascos: a la extinción por el impago.

La respuesta no se ha hecho esperar. No hay cámaras para los mítines en Asturias, pero sí para las manifestaciones de los trabajadores de la RTPA, de las que se informa puntual y exhaustivamente: "Trabajadores de RTPA desarrollaron ayer pegadas de carteles paralelas a las de los cuatro candidatos de Asturias a las generales", se lee y se ve en su web. "Exigían así una solución a los impagos y a los despidos que están sufriendo, y garantías de futuro para la radiotelevisión pública y para el sector audiovisual asturiano".

Es difícil pensar que alguien vaya a invertir en, por ejemplo, laOtra o en 7RM, la televisión murciana (3,2% de audiencia) con, además, gestión pública.