En su comparecencia ante los medios posterior a la reunión del Consejo de Ministros del 20 de abril de 2012, Soraya Sáenz de Santamaría ha dicho que se va a enviar "al Congreso de los Diputados un proyecto de Ley sobre la flexibilización de los modos de gestión de las televisiones autonómicas". Ha añadido que el anteproyecto había sido remitido a "distintos órganos consultivos y a un trámite de audiencia al sector". La vicepresidenta ha dicho que el Gobierno pedirá la tramitación de urgencia del proyecto en el Congreso.

Ha explicado que las comunidades que decidan no tener televisión pública propia podrán "en su caso, en concurso, las correspondientes licencias audiovisuales". Así, en las regiones donde no haya una cadena pública, podrá haber televisiones privadas de ámbito autonómico.

Ha añadido que quienes decidan prestar el "servicio de televisión autonómica" podrán hacerlo mediante "gestión directa" desde la propia administración, según el modelo actual. Los gobiernos autonómicos "también podrán optar por fórmulas de gestión indirecta de esas concesiones de televisión autonómica".

Si una comunidad autonoma que opta por mantener el actual modelo, deberá poner coto al endeudamiento. Según ha dicho Sáenz de Santamaría, el "ente" público de televisión autonómica deberá "cumplir los principios de estabilidad presupuestaria".

Según la vicepresidenta del Gobierno:

Es una medida que busca una mayor eficacia y eficiencia, y que responde a las peticiones de muchas comunidades autónomas, que ante las dificultades por las que atraviesan esos servicios públicos, esos entes públicos de televisión española reclaman que se amplíen las posibilidades que daba la regulación en esta materia.

ANATOMÍA DEL DESPILFARRO

El actual modelo de televisiones autonómicas es un pozo si fondo para las cuentas públicas. Algunas de ellas destacan por su plantilla, muy superior a la de las privadas. La Radio Televisión Valenciana (RTVV), también conocidad como Canal 9, tiene empleadas a 1.800 personas, más gente que Telecinco, Antena 3 y La Sexta juntas.

Canal Sur (1.680 empleados) o Telemadrid (1.200) están en la misma senda, pero no son las únicas, según un reportaje publicado por El País el 4 de noviembre de 2011 --Las televisiones autonómicas, un agujero sin fondo y sin audiencia--. Desde la restitución de la democracia en 1976, excepto La Rioja, Navarra, Cantabria y Castilla y León, el andamiaje institucional de cada autonomía se ha apoyado también en una televisión pública pagada con una doble vía de ingresos, los presupuestos públicos y los ingresos publicitarios. Vascos, catalanes y gallegos fueron de los primeros en crear sus propias radios y televisiones con el objetivo, entre otros, de preservar y fomentar la lengua vernácula.

Un cuarto de siglo después, estas tres televisiones, junto a Canal Sur de Andalucía, y la reciente AragónTV, son las más arraigadas en su zona, aunque su media mensual casi siempre esté por debajo del 14%; es decir, la mayoría de gallegos ve canales diferentes a Tele Galicia, la mayoría de vascos, canales diferentes a los de Euskal Telebista (su canal en euskera solo lo sigue el 1,7% de los vascos) y parecido ocurre con los catalanes o los andaluces.

Se calcula que las 13 televisiones públicas autonómicas costaron al contribuyente casi 2.000 millones de euros en 2010, más un endeudamiento de 1.500 millones "por los déficits de explotación", según contaba aquel año el entonces presidente de la Unión de Televisiones Comerciales Asociadas, Alejandro Echevarría. En 2007, por ejemplo, en una jugada similar a la del Gobierno central con RTVE, la Generalitat de Cataluña se hizo cargo de la bola de nieve en forma de 1.000 millones de euros, hecha durante los 23 años de Gobierno de Pujol.

En total, las televisiones autonómicas emplean a 10.000 personas, "que hacen lo mismo que pueden hacer Telecinco o Antena 3 con 1.000 personas de plantilla", según explicó Echevarría en 2010.

Anualmente la consultora Deloitte publica, a petición de UTECA (Unión de Televisiones Comerciales Asociadas) un informe económico sobre el coste de las teles autonómicas. Según el de 2010, las que salen más caras al ciudadano son Euskal Telebista, que cuesta 253 euros por hogar vasco, seguida de la de Cataluña (209 euros), la de Valencia (202 euros), la de Murcia (192 euros) y la de Andalucía (173 euros). A lo que habría que sumar el coste de TVE y, probablemente, el de la televisión municipal de turno.

Pese a que los cálculos proceden de parte interesada -las televisiones privadas que aspiran a obtener la publicidad de las públicas-, sus números se quedan cortos si se miden de otra forma. El estudio anual se hace sobre hogar, ya que, en definitiva, cada hogar, cada ciudadano de esa autonomía, vea o no el canal autonómico, lo paga con sus impuestos.

Si el cálculo se hiciera sobre lo que le cuesta conseguir un espectador, la cifra se multiplicaría varias veces. Si el presupuesto de la televisión asturiana se divide por su población sale a 34 euros año/asturiano; si se mide, en cambio, por lo que le cuesta tener un espectador, le sale a 406 euros, basurilla comparados con los 1.200 euros que vale un espectador IB3, la tele de Baleares.

En el caso del canal en euskera de Euskal Telebista, cada uno de sus 37.434 espectadores de media del último mes superaría también el millar de euros, aunque en estos cálculos en bruto habría que descontar el coste, muy inferior, de las emisoras radiofónicas de cada ente.