Lo de RTVE no tenía un pase más. Los socialistas y el coro 'progre' se pueden echar las manos a la cabeza, clamar al cielo y gritar a los cuatro vientos que Mariano Rajoy 'abusa' de su mayoría absoluta en el Parlamento, pero algo había que hacer y ya.

Ni el desastroso balance económico ni las servidumbres políticas tienen que ver con el servicio público que corresponde a un medio de comunicación sufragado por el contribuyente.

Por tanto, el Gobierno de la nación tenía el deber de arbitrar las medidas necesarias para poner coto a esas dos lacras que lastran la viabilidad y la credibilidad de los canales públicos, ya sea la corporación estatal RTVE o las televisiones autonómicas.

Sobre estas últimas, Rajoy ha dado cumplimiento a su promesa electoral de permitir la privatización o el cambio de gestión; en todo caso, aquella comunidad que quiera mantener su propio canal, deberá garantizar unas cuentas equilibradas. Nada más razonable.

Según los últimos datos de los propios entes audiovisuales, su deuda anual supera los 2.500 millones de euros, con casos tan clamorosos como el catalán y el valenciano que rozan cada uno los mil millones.

El coste por hogar se sitúa en torno a los 110 euros al año; si a ello le sumamos el de RTVE, llegamos a la conclusión de que cada familia española paga de sus impuestos unos doscientos euros por las televisiones públicas, es decir, más del doble de lo que teóricamente tendrán que pagar los jubilados por sus medicinas.

Que los dirigentes socialistas se alarmen por esto último y no por lo primero revela que le dan más importancia a la televisión que a la salud, ellos sabrán por qué.

Tal vez por eso, y para impedir que el PSOE siga bloqueando la renovación del Consejo de RTVE en una situación tan crítica, el Gobierno aprobó ayer un decreto ley que permite esa renovación por mayoría absoluta del Congreso, en vez de por 3/5, como había dispuesto el partido socialista.

En realidad, el PP hace lo mismo que hizo el PSOE en 2006: proponer que la elección del presidente y de los consejeros sea por consenso, pero que si no se logra en la primera votación, bastará en la segunda la mayoría absoluta.

Lo deseable es que populares y socialistas se pongan de acuerdo y, de este modo, quede RTVE al margen de la pugna política.

Pero si la cúpula socialista sigue empeñada en obstaculizar la renovación, que es perentoria dado el estado de deterioro económico e institucional que sufre la corporación, el Gobierno está en su derecho de llevarla a cabo con la legitimidad que le da su hegemonía parlamentaria.

RTVE y las autonómicas deben hacer un esfuerzo de austeridad y cumplir como servicio público sin incurrir en la competencia deseal de financiarse con dinero público y con publicidad.

El sector público no está para competir con el privado, sino para atender al interés general, que por regla general no está cumpliendo.

LOS SINDICATOS QUEDAN FUERA

Los sindicatos cargan contra el Gobierno no por cómo se elija al presidente sino porque se quedan fuera del consejo de administración de la corporación pública de RTVE.

Según el BOE de este 21 de abril de 2012, "se eliminan tres de los miembros cuya designación corresponde al Congreso de los Diputados, siendo dos de ellos los elegidos a propuesta de los sindicatos más representativos a nivel estatal con implantación en la Corporación".

No obstante, para garantizar la presencia de los sindicatos dentro de los órganos de RTVE, señala la ley, se modifica la composición del Consejo Asesor, incluyendo un consejero designado de común acuerdo por todos los sindicatos con implantación en la Corporación.

En todo caso, la representación de los trabajadores está completamente garantizada a través de su presencia en los Comités de Empresas de las sociedades que forman parte de la Corporación RTVE.

Por otro lado, la designación de los miembros del Consejo de Administración y del presidente de la corporación RTVE, basada en un sistema de mayorías reforzadas en las Cortes Generales, ha demostrado ser ineficaz puesto que no permite renovar el Consejo de Administración con la agilidad necesaria para evitar que se paralice el funcionamiento de la Corporación. En este sentido, si no hay consenso en la primera votación, sólo bastaría la mayoría absoluta en la segunda.