Críticas generalizadas al modelo provisional pactado entre PSOE, Podemos y Compromis

Ximo Puig abrirá el ruinoso ‘Canal 9’ el 9 de octubre, sin producción, plantilla ni presupuesto propios

PSPV, Compromís y Podemos presentan en Las Cortes Valencianas la proposición de ley que insta a "paralizar el proceso de disolución y liquidación" de Radiotelevisión Valenciana (RTVV), iniciado en noviembre de 2013

Ximo Puig abrirá el ruinoso 'Canal 9' el 9 de octubre, sin producción, plantilla ni presupuesto propios
Ximo Puig. PD

Necesitará 10 empleados (además de los 30 aún en mantenimiento y archivo), todos funcionarios en activo reasignados -sin contar con ninguno de los 1.600 extrabajadores-, y unos 13.000 euros al mes

PSPV, Compromís y Podemos han presentado esta mañana en Las Cortes Valencianas la proposición de ley que insta a «paralizar el proceso de disolución y liquidación» de Radiotelevisión Valenciana (RTVV), iniciado en noviembre de 2013, y restablecer «la prestación de los servicios de radiodifusión y televisión de ámbito autonómico», hasta que se apruebe la nueva ley que determine su modelo definitivo, para lo que se fija «un plazo de un año».

Explica Olivia Fontanillo en ‘El Economista’ este 1 de septiembre de 2015 que el bipartito valenciano da así un paso más para cumplir una de las promesas electorales de su presidente, Ximo Puig: recuperar las emisiones de Canal 9 el 9 de octubre, Día de la Comunidad Valenciana.

Sin embargo, la medida ha generado el descontento de fuerzas políticas, periodistas y sector audiovisual, expertos, extrabajadores del ente público y, lo que es más relevante, de los ciudadanos (Toni Cantó critica la reapertura del ruinoso Canal 9 y arremete contra la «propaganda» de Podemos).

Y no por el qué, la recuperación de Canal 9, sino por el cómo. Un cómo no recogido en la proposición de ley y que el Consell ha ido perfilando sin consenso político, del sector ni la anterior plantilla.

Su intención es que haya dos canales, uno general y otro infantil, con contenidos en archivo, propios y ajenos (La ‘horterada’ con la que justifica Ximo Puig reabrir el ruinoso Canal 9: «Para cimentar la universalización de lo español y lo valenciano»).

Para ello, calcula que necesitará 10 empleados (además de los 30 aún en mantenimiento y archivo), todos funcionarios en activo reasignados -sin contar con ninguno de los 1.600 extrabajadores-, y unos 13.000 euros al mes.

El proyecto es que el servicio en 2015 «se realice con las partidas presupuestarias destinadas al proceso de disolución de RTVV». Y Puig estima en torno a un millón de euros al mes el coste por derechos a productoras y otros gastos.

Para ello, el Consell, «constituido en Junta General de Accionistas de Radiotelevisión Valenciana SAU», solicitará a los liquidadores de RTVV «la reversión a la Generalitat de los bienes que sean precisos para la prestación del servicio úblico de radio y televisión, «pudiendo disponer para ello de los bienes, los derechos de emisión, el archivo audiovisual y los recursos tecnológicos».

Desde el sector se advierte que será imposible funcionar con 10 personas y que el presupuesto no es realista.

Entre otros puntos, la emisión de contenidos de productoras puede soportar tasas, lo que dispararían su coste.

Además del escaso interés para la audiencia, al estar desligados de la actualidad.

Contactos para trabajar en el nuevo modelo

El trámite de la proposición de ley podría durar un mes. Mientras, la próxima semana se iniciarán reuniones entre partidos políticos, expertos, liquidadores y representantes de extrabajadores para definir la futura RTVV.

Algo que, como se ha demostrado, requiere más de cuatro meses y medio, debido a la compleja situación de la televisión y la radio públicas, tanto desde el punto de vista legal como laboral.

«En la proposición de ley se encomienda a las personas designadas como liquidadores de Radiotelevisión Valenciana SAU la realización de una auditoría de los costes de la extinción y disolución de Radiotelevisión Valenciana SAU generados hasta el momento, un informe sobre los costes para la prestación y el restablecimiento definitivo de los servicios públicos de radiodifusión y televisión, así como la realización de un informe sobre las previsiones presupuestarias para el siguiente ejercicio».

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