Una vuelta de tuerca más a su tics censores contra los medios de comunicación.
Pedro Sánchez tiene una alergia más que diagnosticada a la prensa, a esa que, por supuesto, se niega a cantar y loar perrunamente su gestión al frente del Gobierno.
Por esa razón su Ley de Secretos Oficiales supone todo un peligro para quienes pretenden ejercer en España un periodismo libre, comprometido con la verdad y que denuncie en todo momento las tropelías de quien está en el poder.
Y no solo eso, los propios ciudadanos de a pie se verían despojados de esos medios críticos que contasen con pelos y señales los desmanes de la tropa sanchista y su gabinete Frankenstein.
A Sánchez, huelga decirlo, como a sus zarrapastrosos socios podemitas, les gustaría tener una sola radio, una única televisión y un primer y solitario periódico, un Gramma como el que se estila en Cuba, donde solo se cuentan las bondades del régimen dictatorial de los Castro y herederos. Lo de que el pueblo pase por penurias eso no tiene cabida. Ese es el ‘periodismo’ que sí le gustaría imponer en España a ‘Falconetti’.
El problema de fondo es que a poco que se lo proponga, Sánchez podría gozar de unos medios de comunicación serviles.
Y no por convencimiento, claro está, sino porque las sanciones que están reguladas en esa Ley de Secretos Oficiales puede suponer un boquete irreversible en las economías de muchas empresas dedicadas a la información.
A SÁNCHEZ NO LE GUSTAN LO LÍMITES LEGALES ESTABLECIDOS
El líder socialista sabe perfectamente que existen unos límites regulados que los medios no pueden atravesar sin que conlleve su correspondiente consecuencia recogida tanto en el Código Civil como en el Penal, amén, claro está, de ser sentienciados por la audiencia, ese juez que hoy te pone por las nubes y mañana hunde a ese mismo medio con la indiferencia de no pinchar en el canal, pararse en el dial o clicar en la web de turno.
Pero Sánchez no se fía de los tribunales ni del criterio mediático de los españoles. Él quiere, ministro interpuesto, decidir lo que debe ser secreto y, por tanto, jamás puede filtrarse a los medios de comunicación.
Sin ir más lejos, desde que ese engendro legal, la Ley de Secretos Oficiales, viera la luz verde, informaciones sobre los vuelos en Falcon del presidente resultarían materia reservada, así como las reformas de sus residencias de verano, el rescate a empresas en quiebra o sacar a la luz los acuerdos del Gobierno Sánchez con el entorno etarra. Todo eso conllevaría una fortísima sanción que, en más de un caso, abocaría al medio a tener que cerrar sus puertas.
LA PANDEMIA, OPORTUNIDAD DE ORO PARA LA CENSURA
El momento clave para poner contra las cuerdas la libertad de prensa en España fue con la pandemia por el coronavirus.
Escudado en el primer Estado de Alarma, Pedro Sánchez le cogió el gusto a salir cada dos días a soltar su discurso y sin que hubiera medios presentes ni virtuales que pudieran preguntarle.
Como la escandalera fue de órdago a la grande, Moncloa, con el controvertido Miguel Ángel Oliver, se sacó de la manga la posibilidad de que los periodistas pudiesen preguntar, no repreguntar, de manera virtual y con el secretario de Estado de Comunicación haciendo de censor previo de las cuestiones enviadas.
Después se pasó a la opción de que los representantes de los medios entrasen vía vídeoconferencia y fuesen ellos mismos los encargados de preguntar al presidente del Gobierno o a sus diferentes miembros. Pero con una condición, que sería Moncloala que hiciese el sorteo de qué medios eran los ‘afortunados’ para poder hacer las preguntas.
EL PSOE HACE SUYA LA DENOSTADA ‘LEY MORDAZA’ DEL PP
La coña de todo es que el sanchismo, que tanto denostó la llamada ‘Ley de Seguridad Ciudadana’ de Mariano Rajoy, conocida como ‘Ley Mordaza’ y aprobada por el PP en 2015, fue aplicada más que nunca, en vez de derogarla como prometieron, por el actual Gobierno socialcomunista. Sólo en los 75 días de confinamiento, se impusieron más de 1,1 millón de multas para sancionar a aquellos que burlaron el confinamiento.
Por otro lado, el también criticado Real Decreto-ley 14/2019, de 31 de octubre —el llamado, en los medios, ‘Decretazo Digital’— amplió los supuestos en los que el Gobierno de Pedro Sánchez puede intervenir las redes y cortar comunicaciones electrónicas, sin control judicial, ni siquiera a posteriori.
En efecto, a los motivos de seguridad pública, de defensa de la vida humana y de emergencia, se añaden los de orden público. Ahora bien, esta intervención del gobierno puede ser considerada como un atentado contra la libertad de expresión y de información. En realidad, cercenar una web o poner cortapisas en las redes sociales es como poner un mordaza, como proceder al clásico secuestro de publicaciones o al embargo de una imprenta. Por eso, el “decretazo digital” es, en la práctica, una ley de excepción.
La excusa esgrimida por el Ejecutivo era que por las redes circulaban mensajes que trataban de intoxicar, causar desasosiego y manipular a la opinión pública. Por eso, el Gobierno socialcomunista —por medio de las unidades tecnológicas de la Guardia Civil, de la Policía Nacional y de los Servicios Centrales Especializados— iba a monitorizar o ciberpatrullar las redes sociales en busca de mensajes, que no son forzosamente ilegales, pero que consideraba peligrosos y campañas de desinformación que perjudicaban la imagen el Gobierno.
EL ‘MINISTERIO DE LA VERDAD’
Corría el mes de noviembre de 2020 cuando la hoy denostada Carmen Calvo impulsaba este engendro.
Tanto fue el afán censor del Ejecutivo Sánchez que el 5 de noviembre de 2020 el Boletín Oficial del Estado (BOE) traía esta ‘sorpresa’.
Nada más y nada menos que la publicación de la orden del Ministerio de Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, cuyo titular era Carmen Calvo, donde se hablaba claramente de «adopción de medidas».
El escrito señalaba que los ciudadanos debían tener acceso «a una información veraz y diversa» que se veía «cada vez más amenazada» por la «difusión deliberada, a gran escala y sistemática» de información falsa, la cual «influye en la sociedad».
REACCIONES
- Bieito Rubido (El Debate): «Esta ley pretende convertir en secreto oficial cualquier asunto, a cualquier nivel de la Administración. Significaría liquidar el esfuerzo que el Partido Popular, con Mariano Rajoy al frente, hizo con el Portal de Transparencia. Una mayor opacidad propiciaría, en cambio, el crecimiento de los casos de corrupción. Por cierto, aún estoy esperando a que los medios de izquierdas se manifiesten sobre este recorte de libertades».
- Francisco Rosell (El Mundo): «El mismo Gobierno que protestaba por la llamada Ley Mordaza de Rajoy ahora, en cambio, pretende poner en marcha una ley de patada en la puerta mediática que atenta contra varios articulados básicos de todo sistema democrático».
- Ángel Expósito (COPE): «Esta Ley de Información Clasificada que pretende aprobar el Gobierno, ¿es constitucional? Porque bajo este Proyecto de Ley, toda información que maneje la Administración, a cualquier nivel, es susceptible de convertirse en secreto oficial; hablamos incluso de una simple Secretaría de Estado. De aprobarse, el Gobierno podría ejercer un control sobre la información que no concuerda con el espíritu de la Carta Magna».
- Ignacio Camacho (ABC): «Lo malo que tienen estas leyes es, que si salen adelante, luego se quedan. Porque venga el gobierno que venga, a cualquiera le favorece las leyes restrictivas en la libertad de expresión. Es una batalla importante, y por eso el Gobierno tiene prisa en sacarla. La quieren sacar incluso en este mismo mes o en septiembre».
