Al destrozo ecológico que supone Villa PSOE, hay que sumar el oscurantismo legal que rodea al proyecto de lujo urbanístico de los socialistas
Los señoritos socialistas que han levantado una edificación ilegal a pocos metros del mar -choteándose de la Ley de Costas- no dan marcha atrás. Protegidos por una justicia maniatada por las apretadas del ministro de Fomento, -«Ustedes no saben con quién están metiendo», llegó a amenazar Pepiño a quienes le denunciaron- juran con cara de no haber roto un plato que ellos no han cometido ningún delito, mientras a 200 vecinos de la zona les derriban sus casas para construir la carretera que comunica Villa PSOE con el núcleo urbano.
En concreto, habrían comprado también propiedades en el mismo complejo el vicesecretario general del PSOE, José Blanco; el número dos del PSOE gallego y hasta ahora consejero de Trabajo de la Xunta, Ricardo Varela; el hasta ahora consejero de Medio Ambiente, Manuel Vázquez; y el ex alcalde socialista de Vigo Ventura Pérez Mariño, entre otros.
Es tal la impunidad con que se mueven los gerifaltes socialistas, que Gaspar Zarrías se permite barrer con los bulldozers los chiringuitos en Andalucía y veranear en la ilegal Villa PSOE sin que se le caiga una lágrima de vergüenza.
«Si usted quiere aplicar la ley de Costas, con la interpretación que quieren darle, hágalo usted en su tierra, porque allí lo que existe son chiringuitos inmobiliarios. Métase usted con la casa de Zarrías y con la casa de Blanco, que están fuera claramente de donde tienen que estar», espetó Celia Villalobos (PP) en más de una oportunidad a la ministra de Medio Ambiente, la gallega Elena Espinosa.
Al destrozo ecológico que supone Villa PSOE, hay que sumar el oscurantismo legal que rodea al proyecto de lujo urbanístico de los socialistas. Tanto que el Registro de la Propiedad se niega a dar una nota simple de los dueños de la urbanización y el Ayuntamiento de Villanueva de Arosa mantiene un sospechoso hermetismo sobre los detalles del proyecto. Es tal la ley del silencio que ha impuesto el PSOE que es imposible acceder a una información que debería ser pública y notoria.
El Sindicato Unificado de la Guardia Civil «SUGC» ha denunciado en repetidas ocasiones la nocturnidad que existe sobre este tema. No es para menos porque estamos hablando de pisos que valen 350.000 euros –según pudo saber PD de fuentes fidedignas- financiados turbiamente por alguna caja en problemas.
