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Portada 26 noviembre 2009 de los diarios catalanas a favor del Estatut.

El miércoles el Constitucional fracasó en su sexto intento de dictar una sentencia sobre el Estatut

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62 articulistas catalanes firman contra el Tribunal Constitucional

Nueve periódicos catalanes publican este viernes el artículo

Teresa Palacios, 21 de mayo de 2010 a las 13:17
Encuesta¿Le parece bien que los medios catalanes se posicionen contra el TC?
Referéndum independentista en Cataluña./>

Referéndum independentista en Cataluña.

Una pancarta en el fútbol declarando que Cataluña no es España./>

Una pancarta en el fútbol declarando que Cataluña no es España.

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El Tribunal Constitucional.

  • Referéndum independentista en Cataluña.
  • Una pancarta en el fútbol declarando que Cataluña no es España.
  • El Tribunal Constitucional.

El nacionalismo catalán ataca de nuevo. Esta vez en forma de artículo conjunto firmado por algunos personajes mediáticos independentistas que no aceptan un no por respuesta.

Un grupo de 62 articulistas de la prensa local catalana ha firmado un artículo conjunto --El dilema español-- en defensa del Estatut de Cataluña y en contra de que el Tribunal Constitucional (TC) dicte una sentencia que lamine el texto. Consideran al órgano judicial "caducado, dividido, deslegitimado e internacionalmente desprestigiado".

Si las instituciones y los partido políticos no son capaces de encontrar una salida digna a la situación actual, la realidad obligará a los catalanes a elegit entre la involución y la secesión"

Los medios de comunicación que han recogido este viernes el texto son Avui, El Periodico digital, El 9 Nou, La Mañana, El Punt, Segre, El diario de Sabadell, Diari de Terrassa, y Diari de Tarragona.

Entre los columnistas que suscriben el artículo están los periodistas Vicenç Villatoro, Manuel Cuyás, Saul Gordillo, Pilar Rahola y Joan Barril, el ex conseller del PSC Ferran Mascarell, el arquitecto Oriol Bohigas y el portavoz de la plataforma Osona Decideix, Alfons López Tena.

El texto alerta del "peligro que supone la negación de las aspiraciones de reconocimiento y de autogobierno" de Cataluña y reclama "gestos políticos excepcionales" para encontrar una "salida digna a la situación actual". Pretende crear el interrogante entre la involución del Estado español que supone la postura del Constitucional y la decisión extrema de llegar a la independencia catalana.

Los firmantes destacan que si el TC declara inconstitucional el "deber" de conocer el catalán que se explicita en el Estatut "sólo se podrá concluir que el punto al que se quiere retornar es a antes de 1979".

El 26 de noviembre de 2009 fueron los periódicos y algunos medios de comunicación catalanes los que firmaron un editorial conjunto en el que pedían que el Tribunal Constitucional no recortara el texto estatutario.

El texto que ahora presentan dice así:

El dilema español

El derecho colectivo al autogobierno de Catalunya presenta unas profundas e inequívocas raíces históricas que lo convierten en un caso especial en la política comparada de las realidades nacionales de todo el mundo. Como bien sabemos, la voluntad de preservar el autogobierno fue uno de los vectores de la historia medieval y moderna de Catalunya, que incluye innumerables guerras con Francia y dos guerras contra la monarquía hispánica. En el siglo XX, la voluntad de autogobierno de los catalanes cristalizó institucionalmente con la Mancomunitat, un embrión de gobierno nacional llamado a levantar el país a todos los niveles. La imposición de la dictadura del general Primo de Rivera puso fin a ese tímido episodio de libertad colectiva, pero en el año 1931, antes de que se aprobara la Constitución de la II República Española, se recuperó un espacio de autogobierno con la institución de la Generalitat. No es preciso enfatizar lo que supuso después para Catalunya la imposición de una dictadura y de un gobierno autoritario durante cuatro décadas.

Después de la gran manifestación unitaria de 1977, y siguiendo el guión de 1931, la Generalitat fue restablecida antes de que se aprobara la nueva Constitución democrática, como expresión de unos derechos históricos que en aquel momento no discutió nadie. Y un nuevo Estatut d'Autonomia pactado entre todos recibió un amplio apoyo popular en el referendo de 1979. Años después, la gran mayoría de fuerzas políticas catalanas se propuso reformar el Estatut para asegurar un reconocimiento nacional formal y un autogobierno de alto nivel competencial, simbólico e institucional en el nuevo escenario global. El resultado todos lo conocemos.

Afortunadamente, la historia no se repite, y Catalunya no se encuentra hoy a las puertas de una nueva imposición violenta que vaya a aniquilar su autogobierno. Pero Catalunya y con ella todo el Estado sí se encuentran en una encrucijada histórica decisiva que puede sellar (o no) el fracaso de España como proyecto político compartido y como una democracia de calidad capaz de acomodar su diversidad nacional interna. Con todos sus defectos, que las idealizaciones de la Transición pierden de vista, la Constitución de 1978 tuvo una virtud, que es la de abrir un marco flexible en el que cada comunidad autónoma pudiera encontrar el nivel de autogobierno más próximo posible a las características y aspiraciones de la sociedad respectiva. Un solo ejemplo bastará. La Constitución de 1978 establece el deber de conocer el castellano pero no prohíbe que una comunidad autónoma pueda establecer un deber de conocimiento análogo para su lengua propia, si en ese deber la comunidad ve tanto una garantía de sostenibilidad lingüística como una herramienta de integración social y de igualdad de oportunidades. En el Estatut de 1979 los catalanes fijaron el objetivo de llegar a la plena igualdad del catalán y del castellano "en cuanto a los derechos y deberes de los ciudadanos de Catalunya", y en el del 2006 los catalanes consideraron llegado el momento de concretar esa igualdad estableciendo para el catalán el deber que ya existe para el castellano. Si ahora resulta que este deber es inconstitucional o es interpretado de forma banal, o si se pone en duda el significativo éxito de integración que ha supuesto la inmersión lingüística, solo podemos concluir que el punto al que se nos quiere retornar se sitúa ni más ni menos que antes de 1979.

Mientras otras democracias del mundo desarrollado se esfuerzan en resolver su convivencia multinacional a través del reconocimiento constitucional de su pluralismo nacional interno y de varios modelos federales de autogobierno y de gobierno compartido, España corre el serio peligro de querer cerrar judicialmente un contencioso que solo puede abordarse, gestionarse y resolverse en términos políticos y con vocación de futuro. Con la anunciada sentencia de un Tribunal Constitucional caducado, dividido, deslegitimado e internacionalmente desprestigiado, es evidente que España se encuentra a las puertas de un episodio de estricta involución política y autonómica, con el peligro que supone la negación de las aspiraciones de reconocimiento y de autogobierno nacional de los catalanes. Si esas aspiraciones -que han sido formuladas con plena lealtad al ordenamiento jurídico, pactadas entre todos y refrendadas en las urnas- no caben en la Constitución, solo hay dos salidas posibles: o los catalanes renuncian a sus aspiraciones o renuncian a la Constitución; la evolución federal y plurinacional del Estado autonómico está hoy en peligro mortal. Los abajo firmantes, colaboradores de la prensa diaria catalana, de sensibilidades y talantes diferentes, queremos unir nuestras voces para dar a conocer a la opinión pública que la situación actual es excepcional y reclama gestos políticos excepcionales. La responsabilidad es, en primer lugar, de las instituciones y de los partidos políticos.

Los pactos deben ser respetados, especialmente cuando tienen, además, la legitimidad democrática de los ciudadanos. Si las instituciones y los partidos políticos no son capaces de encontrar una salida digna a la situación actual, la realidad obligará a los catalanes a elegir entre la involución y la secesión. Y huelga decir que si este se convierte al fin en el dilema, solo existirá una opción compatible con la historia y con las aspiraciones políticas de la mayoría de catalanes actuales.


Firmantes:

1 Toni Aira
2 Sebastià Alzamora
3 Pere Ayguadé
4 Mn. Josep M. Ballarín
5 Joan Barril
6 Oriol Bohigas
7 Carles Boix
8 Pere Bonnín
9 Josep Borrell Figuera
10 Alfred Bosch
11 Albert Branchadell
12 Gemma Calvet
13 Juli Capella
14 Manuel Castaño
15 Jordi Coca
16 Joaquim Coello
17 Agustí Colomines
18 Melcior Comes
19 Joan B. Culla
20 Manuel Cuyàs
21 Antoni Dalmau
22 Carles Duarte
23 Ramon Folch
24 Josep M. Fonalleras
25 Iu Forn
26 Patrícia Gabancho
27 Salvador Giner
28 Saül Gordillo
29 Hèctor López Bofill
30 Alfons López Tena
31 Josep M. Lozano
32 Ferran Mascarell
33 Àlex Masllorens
34 Imma Merino
35 Joan Francesc Mira
36 Joaquim Montclús
37 Josep Moya-Angeler
38 Xavier Muñoz
39 David Murillo
40 Josep Oliva
41 Ramon Pedrós
42 Carles Porta
43 Miquel Pueyo
44 Pilar Rahola
45 Ferran Requejo
46 Ignasi Riera
47 Enric Roca
48 Xavier Roig
49 Ferran Sáez
50 Cristina Sánchez Miret
51 Vicent Sanchis
52 Marçal Sintes
53 Eulàlia Solé
54 Josep M. Solé i Sabaté
55 Sílvia Soler
56 Joan Subirats
57 Vidal Vidal
58 Albert Villaró
59 Vicenç Villatoro
60 Àngel Castiñeira
61 Xavier Gual
62 Quim Gibert

 

 


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