Desesperado intento del PSOE andaluz para establecer un cortafuegos en el escándalo de los EREs

Salta el ‘fúsible’ montado por Griñán Chaves y Zarrías

El ex consejero Antonio Fernández, imputado por el caso de los EREs fraudulentos

Salta el 'fúsible' montado por Griñán Chaves y Zarrías
El ex consejero de Empleo andaluz Antonio Fernández. EP

Una trama de prejubilaciones fraudulentas en los expedientes de regulación de empleo incentivados gracias a este acuerdo entre la Dirección General de Trabajo y Seguridad Social y el IFA

El desesperado intento del PSOE de establecer un cortafuegos a la altura del ex director general de Trabajo andaluz, presentado de forma interesada como responsable último de la trama de los EREs fraudulentos, ha fracasado ante la Justicia, que no ha dudado en subir un escalón para imputar a Antonio Fernández, ex consejero de Empleo de la Junta y colaborador directo de Manuel Chaves y José Antonio Griñán.

La magnitud y la altura institucional de la trama urdida al amparo del régimen socialista andaluz comienza a ser investigada por unos tribunales ante los que no cabe, como ha intentado el PSOE, minimizar lo ocurrido.

 

IMPUTADO EL SEÑOR CONSEJERO

La titular del Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, Mercedes Alaya, que investiga las irregularidades detectadas en numerosos expedientes de regulación de empleo (ERE) incentivados por la Junta de Andalucía gracias a un acuerdo entre la Dirección General de Trabajo y Seguridad Social y el antiguo Instituto de Fomento de Andalucía (IFA), ha comunicado al ex consejero de Empleo Antonio Fernández que, a cuenta del contenido de las diligencias, debe designar a un procurador y a un abogado al objeto de personarse en la causa en calidad de imputado.

El propio Antonio Fernández ha informado a Europa Press de que, en efecto, la juez Mercedes Alaya le ha remitido un burofax en el que le comunica que, de las diligencias practicadas en esta causa, se deduce su «presunta participación» en los hechos investigados.

Los hechos, en concreto, son el libramiento de 647.869.157 euros para la reestructuración de empresas en crisis mediante una fórmula ajena a la Ley autonómica de Hacienda Pública y la fiscalización administrativa, además de una trama de prejubilaciones fraudulentas en los expedientes de regulación de empleo incentivados gracias a este acuerdo entre la Dirección General de Trabajo y Seguridad Social y el IFA.

 

 

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