El juez español Baltasar Garzón celebró hoy en Bogotá el anuncio del cese de la violencia de ETA, aunque consideró que la banda armada no debería haber puesto «ninguna condición», sino disolverse y entregar las armas.
«Lo que procede es estar alegres por esa decisión y un poco defraudados también, porque quizá lo que tenían que haber hecho es ninguna condición, disolución y entrega de las armas», opinó Garzón en declaraciones a periodistas españoles.
El exmagistrado de la Audiencia Nacional, que según recordó lleva «23 años de implicación en la lucha contra el terrorismo», reconoció que dedicó su primera reflexión tras conocer la noticia a la lucha y el compromiso de las víctimas de ETA.
En especial pensó en «todas aquellas (personas) que desde una función pública y desde la Justicia han entregado su vida en muchos casos y su seguridad para que este momento llegara», como «jueces, fiscales y funcionarios».
El juez atribuyó a «la sociedad española y a la fuerza democrática» el logro de que la banda armada haya decidido poner fin a 43 años de violencia.
Garzón valoró la cooperación entre las instituciones, los esfuerzos de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado y el compromiso de la sociedad vasca, y destacó la relevancia de la «lucha sostenida desde la legalidad frente a la organización terrorista y cada una de sus estructuras».
Asimismo, calificó de fundamental la colaboración de Francia desde el primero «hasta el último día en que se cierre la puerta a la historia de la violencia política y terrorista en España», y apeló a que el trabajo conjunto se prolongue a partir del cese de la actividad armada.
«No olvidemos que hay un conjunto grande de personas vinculadas, integrantes y colaboradores de la organización terrorista que están en prisión, que tienen que cumplir su pena, que tienen que ser juzgados y que tienen que comprender las mecánicas del Estado de derecho», apuntó.
Según fuentes jurídicas y penitenciarias, más de 700 integrantes de ETA purgan penas de cárcel, de los que 559 las cumplen en penales españoles, 140 en centros franceses, dos en Reino Unido, uno en Portugal y otro en México.
El magistrado rememoró sus esfuerzos, desde la Audiencia Nacional española, por ilegalizar las estructuras políticas y sociales del entorno de esa organización, y admitió que «costó trabajo» que las instituciones y la sociedad actuaran en conjunto.
Garzón se encuentra en Colombia como asesor de la Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia de la Organización de Estados Americanos (OEA), y en concreto trabaja en la elaboración de las conclusiones del análisis de la Ley de Justicia y Paz.
Esta ley es un marco jurídico que reguló la desmovilización de paramilitares de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) entre 2003 y 2006, durante el mandato de Álvaro Uribe (2002-2010).
Asimismo, ha colaborado en los últimos años con la Fiscalía General de Colombia en la búsqueda de los desaparecidos en el conflicto armado interno, que la Comisión de Búsqueda, organismo dependiente de la Defensoría del Pueblo, calcula en más de 60.000.
