El paquete de medidas de ajuste anunciado por el presidente del Gobierno el pasado miércoles se ha presentado como inevitable, cuando no es así.

Mariano Rajoy ha optado por la vía de los ingresos -subidas de impuestos- cuando podía haber atacado con mayor decisión en el capítulo del gasto, donde queda mucha tarea por hacer.

Si bien es verdad que se imponen recortes importantes a empleados públicos, subsidios de desempleo y pensiones, también lo es que mantiene una tibieza notable a la hora de recortar los privilegios de los grupos parasitarios que viven del presupuesto, como son los partidos políticos, patronales y sindicatos, y que no se afronta con decisión la gran reforma política que necesita España, que es la remodelación del Estado de las autonomías, donde la casta política campa a sus anchas, despilfarrando a manos llenas y duplicando estructuras, amén de crear redes clientelares muy costosas y muy difíciles de desmantelar.

El último ejemplo de la inmoral desfachatez de la clase política lo ha dado el lehendakari vasco Patxi López, quien tendrá una pensión vitalicia aunque, como se prevé, no sea reelegido en las próximas elecciones autonómicas vascas.

Así, tras sólo tres años y medio en el poder, el socialista cobrará un sueldo de por vida. El Parlamento vasco aprobó el pasado 30 de mayo una serie de cambios en la Ley de Gobierno para suprimir algunos privilegios a ex altos cargos.

Pero, a pesar de la profunda crisis económica y del evidente descontento social por los sueldos de la clase política, López ha quedado al margen porque "el régimen jurídico del lehendakari permanece inalterado, dada su máxima consideración institucional". Un auténtico escándalo.

El caso de López es sólo el botón de muestra de la desvergüenza de la clase política, que gusta de gastar a manos llenas, endeudándose hasta las cejas con tal de mantener el puesto y el tren de vida.

Este 12 de julio de 2012, el Banco de España daba a conocer que el propio País Vasco había elevado su deuda en el primer trimestre del año hasta los 6.798 millones, lo que supone un aumento del 25% en sólo tres meses.

Si este es el caso de la comunidad puntera de la economía española, ¿qué será del resto? El panorama es desolador.

La caja de las comunidades cría telarañas y los Gobiernos regionales se las ven y se las desean para poder afrontar la nómina de fin de mes porque los bancos y los mercados les niegan el pan.

Este jueves se reunió el Consejo de Política Fiscal y Financiera para tratar este y otros temas.

Los famosos hispabonos estuvieron sobre la mesa a la espera de que se conviertan en el maná que les saque de los apuros.

Mientras tanto, Cataluña, Andalucía, Asturias y Canarias se defendían con uñas y dientes contra la pretensión de Hacienda de apretar las tuercas a los Gobiernos regionales para que no sobrepasen el 0,7% de déficit en 2013, frente al 1,1% inicial.

Una rebelión en toda regla a la que se sumaron con su abstención Extremadura y Castilla y León.

Las espadas se mantienen en alto, pero el objetivo de déficit será inalcanzable si se siguen presentando presupuestos sin base económica y recurriendo sin medida a la deuda pública para mantener el gasto corriente, contentar a las redes clientelares y apagar la sed irrefrenable de gasto.

El Gobierno va en la buena dirección pero le queda pendiente -y Mario Draghi, presidente del BCE, lo tiene muy claro- hincar el diente a la reforma del Estado de las autonomías, que es la llave para lograr el objetivo déficit y la ansiada recuperación económica.