¿Sabe usted cómo llama el país donde el gasto de los políticos de la administración local en asesores personales pasó de 153 millones de euros en 2005 y a 316 millones en 2008?

No se devane los sesos: se trata de España.

Por asombroso que resulte, en sólo tres años, los gestores de lo municipal, sin diferencia de color político o localización geográfica, duplicaron lo que se gastan en gente de confianza a cuenta del erario público. Y siguen.

Afirma Roberto Centeno en su blog 'El Disparate Económico' que la alcaldesa de Madrid y sus concejales tienen 1.500 asesores con un sueldo medio de 47.000 euros y 183 coches oficiales de uso personal.

El alcalde de Washington, al igual que el de Nueva York, ni siquiera tiene coche oficial y va en metro cada día a su trabajo.

Escribe Centeno:

"Cuando le expliqué a mi amigo norteamericano que en España hay más de 30.000 coches oficiales, que desde 1978 se han contratado dos millones de empleados públicos a dedo, entre amigos y correligionarios, que las CCAA tienen más de 200 embajadas en el extranjero o que disponen de casi 50 canales de TV con una pérdida anual de 2.400 millones no se lo podía creer".

No estamos ahora en condiciones de diseccionar los datos y explicarles la naturaleza, origen, vinculación familiar y partidaria que los bendencidos con la 'mamandurria' tienen, pero es fácil de imaginar.

El diario 'El Mundo' desvela este 29 de julio de 2012 en su suplemento Crónica algunas cifras que llaman la atención sobre el coste que supone para los contribuyentes el personal de confianza de diputados del Congreso, senadores, diputados regionales, alcaldes y concejales.

Incluso UPyD, partido que aboga por la regeneración de la vida política, abusa de los asesores y el diputado en Asturias, Ignacio Prendes, cuenta con seis.

La proliferación de estos ayudantes supone un sumidero por donde se va mucho dinero público: los 17.000 asesores cuestan unos 850 millones de euros al año.

En el redimensionamiento de la clase política, el Gobierno debe asegurar con la ley una drástica reducción del número de asesores.

La plaga de los asistentes nombrados a dedo cuesta a España 850 millones.