El Gobierno de José Antonio Griñán no sólo mantiene una Administración paralela que supone un elevado coste para las maltrechas arcas autonómicas, sino que también incurre en duplicidades funcionales incluso en el seno de sus propias competencias regionales.

Prueba de ello es la contratación, que acaba de activar el Ejecutivo socialista, de un servicio de "auditoría financiera de las cuentas anuales y de los Estados consolidados que, en su caso, existan y de otras actuaciones de entidades del sector público empresarial de la Junta de Andalucía".

En concreto, la Consejería de Hacienda y Administración Pública que dirige Carmen Martínez Aguayo ha iniciado los trámites para la adjudicación de dicho contrato, cuyo importe asciende a 2.071.206,76 euros, IVA excluido.

Según el pliego de condiciones técnicas del mismo, al que ha accedido La Gaceta, el Ejecutivo autonómico piensa encargar tales trabajos de auditoría para los tres próximos ejercicios, los correspondientes a 2012, 2013 y 2014.

El objeto que se persigue con este procedimiento es la emisión por parte de la empresa adjudicataria de respectivos informes que irán destinados a la Intervención General de la Junta de Andalucía, sobre "si las cuentas anuales de la entidades bajo control, representan, en todos los aspectos significativos, la imagen fiel" de su patrimonio, su situación financiera y sus resultados.

En la lista de empresas públicas regionales que serán fiscalizadas por esta vía sobresalen la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA), epicentro de la trama de los ERE falsos y una de las que mueve mayores sumas de dinero; Canal Sur Radio y Televisión; la Agencia Andaluza de Promoción Exterior (Extenda), que coordina las embajadas comerciales; la de Cooperación Internacional al Desarrollo o el Fondo de Economía Sostenible.

Se da la circunstancia de que la Junta andaluza, además de contar con la Intervención General de la comunidad, que pilotará los trabajos en cuestión, dispone de la Cámara de Cuentas regional, que realiza tareas prácticamente idénticas.

Este órgano fiscalizador, que ha apuntado al propio Griñán en un borrador del informe sobre el caso de los ERE fraudulentos, tiene asignado un presupuesto de gasto para el presente año que asciende a nueve millones de euros.