Ya se atisba cada vez más cerca el décimo gobierno socialista en Andalucía -décimo de diez legislaturas autonómicas- gracias a la abstención que Ciudadanos ha prometido al PSOE en la segunda votación de investidura esta semana.
Así de cruel es el destino para los andaluces que confiaron en el partido de Albert Rivera -muchos exvotantes del PP- como antídoto contra la infinita corrupción socialista en la comunidad.
A cambio, el Partido Socialista se compromete a luchar contra la corrupción -la propia, se entiende- firmando las propuestas que Ciudadanos le ha presentado por escrito.
Algo así como un contrato que justifique a los votantes de Rivera su pacto con el diablo. En realidad es un ejercicio de ingenuidad de Ciudadanos que le puede resultar de lo más perjudicial a medio plazo, en cuanto otro alto cargo del PSOE sea llevado ante la Justicia.
Esta semana Susana cantará victoria. Este 5 de mayo 2015 se producirá la primera votación en el parlamento andaluz. La presidenta en funciones necesita mayoría absoluta para formar gobierno.
Lo más probable es que Díaz sólo reciba los votos afirmativos del grupo socialista, circunstancia que le obligará a esperar a una segunda votación, que requiere mayoría simple, para dar inicio a la legislatura. Es ahí donde entra en escena Ciudadanos.
Rivera promete abstención -nunca voto afirmativo- para facilitar el gobierno del PSOE en la región. El acuerdo entre ambas formaciones se fraguó por la aceptación de los socialistas andaluces del decálogo anticorrupción de Ciudadanos. El miércoles celebrarán un acto conjunto en el que escenificarán un acuerdo que, sin embargo, tiene algunos matices.
Por ejemplo, a los socialistas no les ha gustado la propuesta que habla de la responsabilidad subsidiaria de los partidos políticos en casos de corrupción. Para el PSOE andaluz sólo habría que asumir responsabilidades en los casos en los que los partidos se hayan visto beneficiados directamente. Así lo dice el secretario de Organización del PSOE-A, Juan Cornejo.
Como siempre, el PSOE se sale con la suya en Andalucía
El decálogo presentado por Ciudadanos incluye que ningún imputado ejerza cargo público o vaya en una lista. Además prohíbe las condonaciones de los créditos bancarios a partidos políticos y las donaciones de empresas para su financiación, entre otras medidas.
Los socialistas incorporan medidas de su programa electoral como la fiscalización de las cuentas de los partidos o la publicación de la declaración de la renta de los cargos públicos y sus cónyuges.
El vicesecretario general de Ciudadanos, José Manuel Villegas, ya anunció el 2 de mayo 2015 que su partido ni mucho menos descarta abstenerse en la segunda de las votaciones. A cambio espera un guiño de Susana en el discurso de investidura recogiendo algunas de sus reclamaciones.
Y no sólo eso. El partido de Albert Rivera quiere que estos principios sean también asumidos por la dirección federal del PSOE y el resto de partidos. O sea, como si el papel de Ciudadanos fuera en realidad el de reforzar el bipartidismo, que es ponérselo en bandeja a Podemos.
Pero en Ciudadanos no se dan por enterados. Lejos de creer que han atentado contra sus principios, entienden que así combaten la corrupción y dan ejemplo al resto de formaciones. Incluso lo asumen como un sacrificio por la democracia, como si mereciera la pena este acercamiento al PSOE aunque les pase factura en las municipales del 24 de mayo.
Todo parece un juego en el que siempre gana el mismo, el PSOE, en su enésima pirueta para perpetuarse en el poder. Por eso los socialistas también se reunieron con Podemos, que es más difícil que sean capaces de sumarse a la abstención de Ciudadanos. Si lo hacen será porque Iglesias se lo ordena a Teresa Rodríguez.
El número dos de Susana Díaz, Juan Cornejo, no lo descarta porque está dispuesto a asumir algunas de las exigencias del partido de Pablo Iglesias.
Rivera repite la máxima gatopardiana: cambiarlo todo para que todo siga igual.
Los socialistas estarían dispuestos a impulsar unas cláusulas sociales en los contratos con los bancos que permitan la ruptura de relaciones si ejecutan desahucios de familias sin solución habitacional, como reclama Podemos.
Otra condición asumible es la de recortar más la plantilla de altos cargos para aumentar la de sanidad, educación y asuntos sociales.
Podemos tiene líneas rojas. Una fundamental es garantizar la independencia en la gestión obligando a que los secretarios generales de las consejerías sean funcionarios y no cargos de confianza. A estas alturas no es ningún secreto que aquello sea un enjambre de enchufismo socialista.
Y si finalmente el PSOE no llega a un acuerdo ni con Ciudadanos ni con Podemos, Mariano Rajoy ya ha transmitido por línea interna a Moreno Bonilla que en ese caso tendría que facilitar las cosas con una abstención. Juanma Moreno quiere evitar esa posibilidad por lo perjudicial para sus intereses a corto plazo.
Mucho mejor si es Ciudadanos el que carga con el estigma de haber propiciado el gobierno socialista.
Mes y medio después de las elecciones autonómicas andaluzas todo sigue igual en la región a pesar de que haya caras nuevas en la política. El PSOE seguirá mandando y Ciudadanos, partido llamado a regenerar España, de momento no ha hecho más que repetir la máxima gatopardiana de cambiarlo todo para que todo siga igual.
