Las instalaciones se encontraban en estado apropiado para mantener las condiciones de seguridad a 40 kilómetros por hora, pero el vagón circulaba al doble de velocidad
La titular del Juzgado de Instrucción número 21 de Valencia ha archivado la investigación del accidente de metro ocurrido en 2006, que costó la vida a 43 personas, por haber descartado responsabilidades penales y la imposibilidad de acreditar un fallo en el vagón o la vía.
En un auto de más de 200 folios, hecho público por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana, la juez concluye que no existen responsables penales porque según los expertos en seguridad ferroviaria, las instalaciones se encontraban en estado apropiado para mantener las condiciones de seguridad a 40 kilómetros por hora, pero el vagón circulaba al doble de velocidad.
La jueza rechaza así la petición de la Asociación de Víctimas del Metro 3 de Julio, que representa a trece de las noventa víctimas, para que se tomara declaración a la exdirectora de FGV y a los cuatro técnicos investigados.
Considera que ni a ellos ni a los otros tres trabajadores investigados que sí han declarado se les puede exigir responsabilidades penales por 43 delitos de homicidio y 47 de lesiones por imprudencia profesional, ya que ninguna norma obligaba a la colocación de una baliza que protegiese al tren ante un exceso de velocidad en la curva donde descarriló.
La instructora se remite a los informes periciales para subrayar que en 2006, la inexistencia de balizas ante las curvas era una pauta de actuación común en otras administraciones ferroviarias que hasta entonces se había mostrado segura.
Apunta además que ni maquinistas, ni trabajadores de infraestructuras ni sindicatos advirtieron nunca del peligro de la misma.
«Lo decisivo desde la perspectiva penal es si las medidas de seguridad existentes cumplían con los estándares de seguridad del sector. Y como se señaló en resoluciones anteriores a la reapertura del procedimiento, la mejora o el incremento de las medidas de seguridad efectuadas a posteriori no puede equivaler en el ámbito penal a que la situación previa pueda considerarse sospechosa de criminalidad».
De lo expuesto por los peritos durante la fase de instrucción, el Juzgado concluye que el sistema de frenado automático puntual FAP, que operaba en la Línea 1, era adecuado y análogo al sistema ASFA que funcionaba en los Cercanías con que la Línea 1 comparte características por tener un trayecto de 100 kilómetros, 96 pasos a nivel y solo siete kilómetros de tramo subterráneo.
En el auto donde acuerda el sobreseimiento de la causa, la jueza rechaza una nueva petición de la fiscal para que seis peritos emitan otro informe sobre aspectos sobre los que ya se han pronunciado los expertos de la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria.
Recuerda que el Ministerio Público, que ahora duda de los peritos de la AESF, fue el que en dos ocasiones eligió a esta entidad para que realizara los análisis cuyos resultados no comparte.
La decisión de archivar la causa y de rechazar nuevas periciales llega días después de que la Audiencia Provincial respaldara a la instructora y rechazara la petición de la Fiscalía para que los peritos de la Inspección de Trabajo y de Instituto Valenciano de Seguridad y Salud en el Trabajo ampliaran los informes.
La Sección Segunda estimó «necesario asumir el exhaustivo análisis que hace la instructora del contenido de los informes periciales», descartó lagunas, omisiones, términos oscuros o afirmaciones dudosas en los mismos y consideró «cuestionable» que el Ministerio Público dudara de la objetividad de los peritos por el mero hecho de no compartir sus conclusiones.
La investigación por el accidente del metro se archivó a petición de la Fiscalía en diciembre de 2007.
Las víctimas, decepcionadas
La asociación de víctimas del accidente de metro del 3 de julio de 2006 se siente decepcionada con la actuación de la justicia aunque se esperaba el archivo de la investigación judicial de este siniestro, en el que murieron 43 personas y otra 47 resultaron heridas.
Así lo aseguró la presidenta de la Asociación de Víctimas de Metro 3 de Julio, Rosa Garrote, después de que la titular del Juzgado de Instrucción número 21 de Valencia haya archivado la investigación del accidente por descartar responsabilidades penales y la imposibilidad de acreditar un fallo en el vagón o la vía.
«Nos lo esperábamos; durante la instrucción de esta causa, la juez, quien ya había archivado la investigación en diciembre de 2007 a petición de la Fiscalía, se ha limitado a defender la gestión que hizo entonces».
Garrote ha asegurado que la instructora «no ha querido investigar más» y siempre se ha mostrado «contraria a introducir cualquier otra vía de investigación», como la falta de medidas de seguridad en la línea 1 del metro o de medidas de prevención de riesgos laborales.
«Sabíamos que su actitud iba a ser esa. Defender la postura de 2006 y cerrar con las mismas conclusiones y aunque esperábamos el archivo, nos sentimos decepcionados porque la justicia no responde ni está al lado de los ciudadanos».
Ha avanzado que recurrirán el archivo de la investigación porque consideran que hubo responsabilidad por parte de los directivos de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV) que estaban al mando de esta empresa pública cuando se produjo el accidente debido a «su mala planificación en cuanto a la gestión del riesgo laboral».
«Esperemos que la Fiscalía también recurra. Hasta ahora su actuación ha ido alineada a la nuestra en el sentido de no limitarse al conductor, y esperamos que la Audiencia también esté por la labor de seguir investigando, como hasta ahora, mientras quede un resquicio de duda».
