El ministro del Interior revela que que en 149 municipios catalanes hubo más votantes que censados
El ministro del Interior de España ha revelado este jueves 18 de enero de 2018 que el «ataque desleal» a la Constitución y el Estatut del Gobierno de Carles Puigdemont, «con una desobediencia clamorosa» y con «absoluta pasividad» de los Mossos d’Esquadra el 1-O, generó un coste aproximado de 87 millones de euros por el desplazamiento a Cataluña de un contingente de 4.500 policías y guardias civiles y, en tres días, de hasta 6.000 efectivos de refuerzo.
Según ha desvelado Juan Ignacio Zoido, en la Comisión de Interior en el Senado, la presencia de estos efectivos desplazados a Cataluña en el marco de la ‘Operación Copérnico’, desplegada entre septiembre y diciembre, ha supuesto un coste aproximado de 87 millones de euros entre gastos de alojamiento, manutención, desplazamientos, dietas y productividades.
A esta cifra el ministro ha sumado los 1.000 millones por el «impacto de la desaceleración» económica en Cataluña.
«A Cataluña se han desplazado numerosos efectivos de Guardia Civil y Policía Nacional comisionados en esa Comunidad Autónoma. La cifra no es exacta, porque no todos han estado siempre y al mismo tiempo, pero el dispositivo más estable estaba compuesto por unas 4.500 personas».
Según Interior, durante tres días, el 30 de septiembre, 1 de octubre y 2 de octubre, el despliegue fue 6.000 efectivos.
Zoido ha calificado de «muy importante» la cifra de 87 millones en gastos directos por el 1-O, «otro alto coste», ha dicho, «que tenemos que pagar entre todos los españoles debido a la irresponsabilidad y obstinación del Gobierno independentista de Cataluña».
«Un coste que debemos sumar a los mil millones de euros en los que el Ministerio de Economía cifra el impacto de la desaceleración de cuatro o cinco décimas del crecimiento del PIB catalán o al descenso del 35% en las reservas hoteleras».
Además, ha justificado el dispositivo sin precedentes por la necesidad de dar cumplimiento a los mandatos judiciales, que incluía a los Mossos d’Esquadra, cuya actuación ha sido cuestionada por el ministro y que se mantuvo incluso después del referéndum del 1-O, cuando se desencadenaron «episodios de acoso» contra policías y sus familiares.
En su discurso ha reconocido las incomodidades por la «polémica» contratación de los barcos en la búsqueda de «alojamientos seguros o de fácil protección, de rápida ocupación, pero prolongada en el tiempo, aunque sin poder concretar cuánto y sin poder hacer una contratación muy anticipada».
«Nula colaboración»
Zoido ha inistido en la «absoluta pasividad» y «nula colaboración» de los Mossos d’Esquadra para dar cumplimiento al mandato judicial de impedir un referéndum ilegal en el que, según sus datos, en 149 de los 948 municipios hubo más votantes que personas censadas.
El titular de Interior ha destacado que durante el 1-O las Fuerzas de Seguridad desactivaron 113 centros de votación y cerca de un centenar de locales «que en unos casos no llegaron a abrir y en otros cerraron» a pesar de la actuación de los comités de defensa del referéndum y de una «resistencia pasiva organizada».
La actitud de los mossos aquella jornada fue de «absoluta pasividad» y «nula colaboración» ante la actuación de la Policía Nacional y Guardia Civil y, según Zoido, se ha podido constatar cómo la policía autonómica incautaba urnas «una vez finalizado el recuento y las llevaban hasta las comisarías». También ha lamentado «como el que más» los heridos, aunque ha culpado a los impulsores del 1-O.
Fue esto lo que, según su relato, provocó «en ciertos puntos incidentes de violencia que obligaron a utilizar la mínima fuerza imprescindible para simplemente poder marcharse del lugar».
«Un elemento común a todas las intervenciones fue la existencia de una actividad de oposición organizada en contra de la intervención de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado».
Actuaciones abortadas
La Policía Nacional y la Guardia Civil abortaron muchas actuaciones en los centros de votación del referéndum porque la constatación de la actitud hostil y el elevado número de personas parapetadas ante sus puertas hubieran requerido «un uso excesivo de la fuerza», ha añadido Zoido.
Zoido ha destacado que esas concentraciones ciudadanas no fueron una reacción «espontánea» en cada punto de votación, sino acciones «organizadas, premeditadas, con reparto de roles, protagonizadas por personas que habían sido seleccionadas entre las más radicales».
«Estaban activadas para ese día concreto y habían acudido con el objetivo expreso de impedir el acceso de las fuerzas de seguridad y no solo meramente el de votar en el referéndum ilegal».
Esdo ha apostillado el ministro antes de aclarar que no todos los que estuvieron allí era radicales, pero sí que había radicales organizados infiltrados entre ellos.
En este contexto, en el que Zoido ha revelado que incluso algunos colectivos independentistas impartieron cursos sobre cómo dificultar el desalojo de las personas de los colegios, se desarrolló la actuación de los agentes que se vieron obligados, ha dicho, «a hacer empleo de los medios antidisturbios en una ocasión en un centro de votación».
Objetivos del operativo
El titular del Interior ha señalado que los entre 4.500 y 6.000 policías y guardias civiles comisionados -en Cataluña hay una plantilla fija de otros 6.000 agentes, a los que se les suspendió las vacaciones y días libres- realizaron una «vigilancia permanente» sobre las dependencias propias de la Guardia Civil y Policía Nacional, la Delegación del Gobierno o las Subdelegaciones de Gobierno, así como «las sedes de los partidos políticos amenazados».
Otro de los objetivos con especial vigilancia fueron el Tribunal Superior de Justicia, la Ciudad de la Justicia, las Delegaciones de Hacienda, el Banco de España y «determinadas infraestructuras críticas».
«También han llevado a cabo servicios de protección y seguridad con carácter esporádico a personas e instalaciones sensibles».
Zoido ha lanzado un mensaje final a los senadores:
«Este Gobierno está dispuesto a seguir adoptando, por supuesto con el apoyo de todos aquellos grupos que compartan nuestra profunda preocupación, todas las medidas contempladas en la Constitución que sean necesarias para mantener la legalidad y la normalidad democrática e institucional en Cataluña. Y para que todos los catalanes, piensen como piensen, tengan garantizada su seguridad, sus derechos y sus libertades».
