Política
Jordi Perelló, mecánico de coches bastante torpe e independentista furibundo. MES

No es un caso excepcional, en el envenenado sopicaldo en se bañan los independentistas catalanes, pero al memo de Jordi Perelló, mecánico de cohes por más señas,le puede salir el odio por un ojo de la cara.

Pese a la aplicación del 155 y el fracaso del procés, los agentes de la Policía y Guardia Civil destinados en Cataluña siguen siendo objeto de situación permanente de acoso, amenazas y desprecios por parte de los independentistas.

El último caso se ha producido esta misma semana en la localidad tarraconense de Reus. Un mecánico de un taller se enfrenta a una imputación por un delito de odio por negarse a atender el vehículo personal de una agente del Cuerpo Nacional de Policía que reside en la localidad y que se disponía a pasar una revisión rutinaria.

Según publica el Diario Més, este boicot independentista se produjo este 31 de enero de 2018.

Los hechos, siempre según el relato del mecánico independentista, se remontan a este mismo miércoles, entre las doce y media y la una del mediodía, cuando recibió una llamada telefónica de un agente de la Policía Nacional para llevar su coche particular en el taller y él le comunicó la decisión de no recibirlo porque, por «convicciones personales», desde el 1-O ha decidido no ofrecer servicios a la Policía Nacional ni tampoco a la Guardia Civil.

Poco después de colgar el teléfono, explica, dos dotaciones de los Mossos D'Esquadra se personaron en el taller.

Un día después, tras la denuncia de la Policía Nacional, el majadero fue llamado a declarar a la comisaría de los Mossos en Reus, donde se acogió a su derecho a no declarar.

El mecánico Perelló esta defendido por el llamado Colectivo de Abogados Voluntarios del 1-O y será citado en los próximos días por el Juzgado.

En declaraciones a la emisora RAC -1, este independentista ha asegura que "está amparado por un real decreto que dice que tiene todo el derecho a escoger que vehículos quiere reparar y cuales no".

Por ello, apela a sus "convicciones personales" para justificar su boicot a la agente de policía.

El delito de odio está castigado en el Código Penal con pena de prisión de uno a cuatro años y además con la pena de multa de seis a doce meses.

No pisará el calabozo, pero susto ya tiene.