Política
Roger Torrent i Ramió, presidente del Parlamento de Cataluña (ERC). EP

Se las pintan bastos para el nuevo presidente del Parlament, Roger Torrent. Y es que sobre su cabeza no solo pende su posible responsabilidad penal en la gestión de la empresa mixta Aigües de Girona, donde el Juzgado número 2 de Gerona y la Fiscalía Anticorrupción investigan un agujero económico de más de 10 millones de euros, sino que hay otro espinoso asunto que le quita el sueño. (Torrent se acojona al saber lo que pueden perder él y su mujer funcionaria).

Y no nos referimos a la aplazada investidura. Son las irregularidades detectadas en la empresa pública Tratamiento de Residuos y de Aguas Residuales del Sistema Girona SA (Trargisa por sus siglas en catalán), que gestiona la incineradora y la depuradora de Campdorà. Pocos meses antes de abandonar la Alcaldía de Sarrià de Ter, ya tuvo que responder de las irregularidades detectadas.

Según una investigación de 'OkDiario', el pasado mes de marzo, Roger Torrent y los alcaldes de Gerona y Salt, Marta Madrenas y Àlex Barceló, se vieron obligados a comparecer en una rueda de prensa para anunciar la apertura de una investigación interna sobre las irregularidades registradas en la empresa pública participada por los tres ayuntamientos.

"Tomaremos las medidas necesarias, caiga quien caiga", anunció Madrenas respecto a la posible existencia de responsabilidades penales, que de momento no han llegado a los tribunales. La alcaldesa de Gerona tan sólo apuntó algunos de los hechos detectados: la contratación de trabajadores a dedo, sin que exista ningún proceso público de selección, y la existencia de sueldos "muy superiores" a los previstos en cualquier convenio colectivo, a pesar de las pérdidas que acumula la empresa desde hace siete años.