El Gobierno va de Guatemala a Guatepeor en el caso Alakrana. Comenzó negándose a que hubiera militares españoles a bordo de los pesqueros, se precipitó al traer a dos de los piratas a España, fracasó en su intento de manipular a los jueces para que les extraditaran a Somalia y ahora ya no sabe qué hacer para encomendarse a la Virgen del Carmen, patrona de los marineros.

El abogado de Cabdullah Cabdiwell, más conocido como el pirata Abdull Willy, está acorralando en la Audiencia a la Fiscalía, la Abogacía del Estado y al ministro de Justicia del Gobierno Zapatero.

En un intento por poner fin a la confusión y de acelerar los trámites que permitan liberar cuanto antes a los marineros vascos y gallegos secuestrados en el Índico desde hace 42 días, Francisco Javier Díaz Aparicio presenta este viernes un nuevo escrito ante la Fiscalía de la Audiencia Nacional en el que pide que se le emplace para tratar el tema y ver si el proceso se puede finalizar inmediatamente o es preciso practicar la instrucción.

TODAVÍA NO HAY UN RESPONSABLE DEL CASO

El letrado enumera las veces que ha acudido a la Audiencia a la espera de que la Fiscalía nombrara un responsable del caso. El martes 10 de noviembre se reunió con el teniente fiscal Fernando Burgos –previamente iba a ser con el fiscal Jesús Alonso--, que le indicó que todo está pendiente de que se nombrara en la Fiscalía a una persona que pudiera tomar vacaciones.

Desde entonces, Díaz Aparicio sigue a la espera, el facineroso Abdull Willy sestea en la cárcel de Soto del Real y 36 marineros, entre los que hay 16 españoles, viven con el alma en vilo a merced de los piratas encerrados en el atunero.

EMBROLLO JUDICIAL

El marasmo jurídico-legal es monumental. Las imputaciones delictivas han dado para todos los gustos. El Pleno de la Sala de lo Penal fija dos: asociación ilícita y detención ilegal; la Fiscalía, que fija dos: detención ilegal y robo; el Juez de Instrucción,  fija tres: asociación ilícita, robo y detención ilegal; y la Abogacía del Estado, que fija una: detención ilegal.

Antes de entrar en una batalla procesal sobre la competencia en esos delitos o las garantías constitucionales del imputado a la hora de conocer los hechos de la acusación, el abogado defensor se pone de nuevo a disposición del fiscal para tratar de llegar cuanto antes a un acuerdo.

El drama es que en el Gobierno nadie se atreve ya a tomar decisiones.