El pasado lunes 28 de diciembre, el ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, manifestó que en la Junta de seguridad del País Vasco se analizó la situación por la que atraviesa ETA en estos momentos, y de buenas a primeras, como si de un mago se tratara, se sacó de la manga la hipótesis de que ETA podría pensar en un secuestro entre personajes destacados de la sociedad, como forma de demostrar "que está viva", mediante alguna acción "llamativa" y que sea "compatible" con el debate interno de la banda terrorista.

Además, aseguró que no se trata de "una ocurrencia de una tarde" -esperemos que tampoco de una inocentada propia del día- y que su objetivo, al alertar sobre ello, era garantizar la seguridad.

Un discurso inquietante y poco creíble por muchos motivos.

El primero de ellos, porque la razón no invita a creer que la banda terrorista esté en su mejor momento para llevar a cabo una acción -un secuestro- cuando, en el mismo análisis de la situación, el propio ministro aseguraba que "ETA atraviesa por una situación de debilidad, está acosada policial y judicialmente, aislada socialmente, nota la presión internacional, sobre todo en Francia, y tiene una división interna muy conocida".

¿Sería lógico, en ese estado, que la banda terrorista fuera capaz de asestar un golpe llamativo? El sentido común rechaza una hipótesis a todas luces ilógica.

Hay también otros aspectos que inducen a pensar en que el titular de la cartera de Interior vuelve a las andadas y miente de forma interesada.

Las insinuaciones hacen pensar que está poniendo sobre aviso a políticos, empresarios y personajes destacados de la sociedad, incluidos los periodistas, ante un posible secuestro o atentado.

¿De quiénes? ¿De aquéllos a los que el propio Rubalcaba ha quitado las medidas de protección y seguridad? También en este caso el sentido común y la experiencia de los profesionales de la seguridad nos alertan de que con un mero aviso a menos de un millar de personas no habría hecho falta crear una alarma social que se antoja tan inadecuada e inoportuna como interesada.

¿Por qué, entonces, esta salida de pata de banco de Rubalcaba? Tanto nos ha mentido a los españoles que resulta difícil creer en la verosimilitud de la amenaza terrorista.

Y ello se debe, sobre todo, a que el aviso se produce cuando los temores sobre el indecoroso caso Faisán, el del chivatazo por parte de gente del Ministerio del Interior al aparato de extorsión etarra se han confirmado.

La banda criminal, efectivamente, no sólo fue advertida de la operación antiterrorista, sino que, además, el propio Gobierno utilizó ese infame aviso, como nos han hecho saber, como baza negociadora con la que lograr la confianza de los criminales.

Todo hace pensar que estamos ante un desvío del tiro, una cortina de humo del ministro del Interior para que los medios de comunicación y la opinión pública miren hacia otra parte.

El descrédito es total, y no sólo para el ministro, sino también para el vocal del Consejo General del Poder Judicial, José Manuel Gómez Benítez, al saberse que su principal argumento en la negociación con ETA fue el famoso chivatazo, que, además, es íntimo amigo del juez instructor del caso, Baltasar Garzón, quien a su vez, por azares del destino, tiene el caso metido en un cajón desde hace demasiado tiempo.

El panorama es vergonzoso y pide a voces la dimisión de unos -Rubalcaba y Gómez Benítez- y apartar del caso al juez inicuo Baltasar Garzón, para que se reactive, de una vez por todas, un caso, el Faisán, que huele a podrido desde hace años.

El delito no ha prescrito y ya va siendo hora de que los instigadores paguen por ello.