La española Alicia Gámez llegaba el 10 de marzo al aeropuerto de Barcelona después de 101 días secuestrada en Mauritania por Al Qaeda del Magreb Islámico. Desde el 29 de noviembre estuvo retenida junto a otros dos compañeros -Roque Pascual y Albert Vilalta-, de la ONG catalana Acción Solidaria, con los que se encontraba trabajando en labores humanitarias.

La liberación de la cooperante ha disparado las alarmas por la posible negociación entre el grupo terrorista Al Qaeda y el Gobierno español. María Teresa Fernández de la Vega comparecía el día de la liberación asegurando que el Ejecutivo no había pagado ningún rescate. Por otro lado, el diario El Mundo publica en su edición de hoy un artículo en el que asegura que la liberación de Gámez ha costado dos millones de dólares (casi un millón y medio de euros) y que el acuerdo podría incluir el futuro pago de casi cuatro millones más por la liberación de Pascual y Vilalta.

Rafael Bardají, director de Política Internacional de FAES, ha analizado estas dos posturas para Periodista Digital en conversación telefónica:

"En anteriores ocasiones, como fue el caso del Alakrana, el Gobierno reconoció que se había negociado la liberación del barco mediante el pago de un rescate"

"Los secuestros se producen por un motivo y aquí no ha habido otro más que la ganancia monetaria. Es extraño pensar que después de retener más de 100 días a Alicia y tener todavía secuestrados a dos compañeros haya sido liberada sin ningún pago y sin ninguna otra condición"

"Esos dos elementos me llevan a pensar que las palabras del Gobierno no son muy fidedignas"

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Bardají no cree que el Gobierno haya hecho algún otro tipo de concesión para lograr la liberación de Alicia y la de sus dos compañeros, que el mismo Ejecutivo califica de inminente. Su hipótesis se basa en una línea monetaria:

"Hay que apuntar a la línea del pago. Posiblemente no haya sido un pago directo sino que se han utilizado intermediarios y eso permite al Gobierno decir que no ha pagado"

"UN CHANTAJE AL ESTADO DE DERECHO"

Bardají resalta la importancia, sobre todo en un Estado de derecho como es el español, de no dar a los secuestradores todo lo que piden:

"Aquí se está cumpliendo con las expectativas de los secuestradores, que es recibir un pago a cambio de la liberación de los tres cooperantes"

"Es antimoral negociar con terroristas y poner precio a la vida humana. Eso es dar alas a nuevos secuestros además de dinero a unos grupos terroristas que nos amenazan directamente y que pueden atentar en nuestro suelo. Es darles dinero para llevar a cabo sus macabros planes"

"Es imposible", asegura, "que podamos aceptar políticamente la negociación mediante pago con un grupo terrorista y la liberación". El especialista en política exterior de FAES considera que se trata de un chantaje al Estado de derecho.

"Eso es totalmente inaceptable, un error político que sólo puede dar alas a más terrorismo"