La escena se repite cíclicamente, como una estampa veraniega nada agradable: un gremio pequeño, endogámico y privilegiado bloquea el país justo cuando empiezan las vacaciones. Ni antes, ni después. Unas veces son los conductores de trenes, otras los pilotos, otras los controladores aéreos.

Estos días (estamos en año de vacas flacas y agujeros en el cinturón para ciertos colectivos), coinciden fatídicamente varios de ellos. En el caso de los controladores, las culpas se pueden repartir, entre un Gobierno demagógico que ha gestionado mal la crisis y, sobre todo, un colectivo de señoritos (sueldos altos, libranzas generosas, poder fáctico) que no duda en recurrir al chantaje de una huelga encubierta (ahora muchos padecen estrés, justo cuando el ciudadano se dispone a tomar el avión).

Pero la víctima es la de siempre: el usuario. Vaya por delante que el Ministerio de Fomento hizo muy bien cuando en febrero aprobó una normativa para meter en vereda a los controladores, recortando algunos de sus injustificables privilegios.

Quienes tienen en sus manos el tráfico aéreo habían devenido en una mafia endogámica, que gestionaba el acceso a la profesión, y que, con la excusa de la seguridad, dosificaba el ritmo de su producción hasta el extremo de trabajar ocho días al mes, en algún caso. Pero cuando los controladores han replicado con su huelga encubierta, Fomento ha recurrido, tal vez precipitadamente, a una medida demagógica y contraproducente, como la militarización del servicio. La falta de cualificación (el dominio del inglés o la capacidad de controlar aeropuertos con alta densidad de tráfico) desaconseja la fórmula, al menos a corto plazo.

Y hace temer por la seguridad: ahí está el trágico precedente del siniestro que costó la vida a 67 personas en Francia, cuando en 1973 el control aéreo estaba en manos de militares. El proceso de capacitación de militares llevaría un tiempo, y no parece adecuado que se encarguen ya del control aéreo, en contra de lo que sostiene Blanco. Lo que sí se puede hacer, mientras tanto, es investigar el misterio de la sospechosa acumulación de bajas por estrés.

Máxime cuando la Unión Sindical de Controladores Aéreos (USCA) se ha delatado al admitir que el problema se resolvería con un nuevo convenio, como si éste tuviera efectos curativos para el surmenage, todo lo cual demuestra que estamos ante una acción organizada, como ha denunciado el propio Blanco. No es casual que los colectivos que tienen la sartén por el mango sufran ataques de ansiedad o esgriman sus reivindicaciones económicas justo cuando empiezan las vacaciones de verano o de Navidad.

Es el caso del sindicato CGT que acaba de convocar paros en Renfe coincidiendo con la operación salida. Todo ello implica un grave trastorno para el ciudadano, riesgo para su seguridad y acarrea importantes consecuencias económicas: por si no tuviera suficientes problemas, el sector del turismo se ha echado a temblar ante el colapso aeroportuario que puede provocar el pulso de los controladores. Urge una ley de huelga, asignatura pendiente desde la Transición, que sirva para
poner coto a esos chantajes. Está bien que el Gobierno haya dado los primeros pasos para desactivar al coto cerrado de los controladores y acabar con privilegios intolerables.

Pero no basta. Es preciso la ley de huelga, si no queremos que en las próximas vacaciones los de siempre, los cuatro privilegiados que manejan los resortes del transporte, vuelvan a poner en jaque a los ciudadanos.

Editorial de La Gaceta.