El PSOE se quedó finalmente solo este martes en el Congreso en la defensa de la controvertida disposición final segunda de la Ley de Economía Sostenible (LES) y no consiguió sacar adelante esta propuesta, conocida como «Ley Sinde», que prevé el cierre de webs que faciliten las descargas ilegales en Internet.
El conjunto de la LES fue aprobada en la Comisión de Economía del Congreso para su remisión al Senado, gracias al apoyo de PSOE y PNV, pero no sucedió lo mismo con la «disposición Sinde», que sólo obtuvo el respaldo socialista.
El PSOE negoció en balde durante toda la jornada con CiU y PNV para impedir que la medida antipiratería sufriera el revolcón que finalmente se llevó.
Nacionalistas catalanes y vascos se mantuvieron en sus trece y no permitieron que la «Ley Sinde» siguiera su trámite. En el caso de CiU, porque dice que no ha conseguido cerrar con el PSOE un «pacto global» en torno a la LES, según manifestó su ponente Josep Sánchez Llibre, quien, sin embargo, aclaró que su grupo es partidario de un equilibrio entre el respeto a la propiedad intelectual y el uso de las nuevas tecnologías como el que postula la «Ley Sinde». Con esta declaración de principios, los convergentes dejan abierta la puerta a un posible acercamiento con los socialistas en el próximo debate del Senado.
El PNV cree, en cambio, que la «Ley Sinde» no plantea una solución «idónea» a las descargas ilegales en Internet y no concilia bien «dos derechos dignos» como el de libertad de expresión y protección de la creación intelectual.
PASIONES ENFRENTADAS
La ponente del PSOE, Marta Gastón, dijo que su grupo se ha mostrado dispuesto en todo momento al acuerdo en torno a una disposición sobre un tema que suscita «opiniones apasionadamente contradictorias», pero no ha recibido de la oposición una propuesta alternativa viable que concilie el derecho de los creadores a ver protegido su trabajo en la Red con la libertad de los ciudadanos.
Desde el PP, José María Lasalle, señaló que la «Ley Sinde» no puede aprobarse porque no ofrece un «procedimiento garantista» y el PSOE no ha mostrado «ninguna voluntad de negociación».
Para ERC, la «Ley Sinde» es «chapucera» y un «auténtico despropósito», porque buscaba cerrar webs «solo sospechosas» a través de un mecanismo poco eficiente («no se pueden poner puertas al campo») y de dudosa constitucionalidad. A juicio de Joan Ridao, la norma responde a la presión del «lobby» de la industria cinematográfica estadounidense, tal y como han revelado los cables de Wikileaks.
Ana Oramas, de Coalición Canaria, manifestó que no se puede apoyar una propuesta que «vulnera derechos constitucionales» y no concilia libertad de expresión y protección de la propiedad intelectual.
La disposición final segunda de la LES prevé la creación de una comisión de propiedad intelectual adscrita al Ministerio de Cultura, que podrá promover el cierre exprés por la Audiencia Nacional de webs que faciliten descargas ilegales.
La Coalición de Creadores de Contenidos e Industrias Culturales avisó ayer que si el Congreso tumbaba este martes la ley, abandonaría la defensa de la norma y pasaría a una posición más dura, exigiendo que se persiga a los usuarios que pirateen en la Red, y no sólo a las webs que actúan ilícitamente.
