Si el dueño de una casa deja de pagar la hipoteca, el banco no dudará en embargarla. Pero si el Ministerio de Defensa no abona las anualidades de un buque de guerra, un carro de combate o un cazabombardero, ¿quién se atreverá a embargarlos?

La pregunta no se la hacemos nosotros. La plantea el prosocialista y casi siempre progubernamental diario 'El País', donde su experto en Defensa Miguel González se ha despachado este  13 de agosto de 2011 con una bomba informativa: "Defensa renegocia una deuda de 26.000 millones que no puede pagar".

Lo que revela y pregunta 'El País' puede parecer surrealista, pero es real. 

Aunque tienen algunas carencias clamorosas y parte de su material está obsoleto, los militares españoles -los mismos a los que se manda a Libia con órden de no disparar y aquellos que tuvieron un ministro llamado Bono que proclama preferir morir a matar- disponen de algunos de los armamentos más avanzados del mundo: el caza EF-2000, el tanque Leopardo o la fragata F-100, cuyo sistema de combate es capaz de integrarse en el futuro escudo antimisiles.

Choca tanto gasto, cuando la filosofía imperante desde el PSOE y que ha asumido con enorme entusiasmo Carmen Chacón, es que se trata de material que nunca se debe usar, pero el caso es que la factura global de los llamados programas especiales de armamento —19 sistemas de armas que, en su mayoría, incorporan nuevas tecnologías— suma 30.000 millones de euros, en torno al 3% del PIB español, de los que Defensa ha pagado hasta ahora algo menos de 5.000.Los restantes 26.000 millones deberían abonarse a las empresas en sucesivas anualidades hasta el año 2025, pero los propios responsables de Defensa reconocen que eso es imposible sin un drástico aumento del presupuesto, lo que resulta impensable cuando España se ha marcado como objetivo prioritario reducir el déficit al 6% al final de este año y al 3% en 2013 (con datos de 2010, el déficit del conjunto de las administraciones es del 9,2% del PIB).

Ya en 2011 el Ministerio de Defensa se ha visto en serios apuros para atender sus obligaciones.

Si se tratara de un problema coyuntural, bastaría con posponer los pagos. Pero la situación no será mejor sino que se agravará en el futuro.