Jugada maestra de Ramón Jáuregui para dañar la imagen del Partido Popular, ayudado por la propia torpeza de los de Rajoy, pocas semanas antes de que asuma el Gobierno. El ministro de la Presidencia anunció el 2 de diciembre de 2011 que la aprobación del reglamento de la Ley Sinde estaba en "la orden del día" de la reunión del Consejo de Ministros y dijo que el Ejecutivo contaba con el apoyo del PP para su ello. Desmentía así lo dicho la semana anterior por González-Sinde. La Ministra de Cultura dijo que el Ejecutivo de Zapatero no iba a tratar el tema estando en funciones y que el encargado de ellos sería el próximo gabinete de Mariano Rajoy.

Tras el anuncio de Jáuregui, Soraya Sáenz de Santamaría reconoció el apoyo del PP a la aprobación y justificó esta postura. Sorprendentemente, en la comparecencia posterior a la reunión del Consejo de Ministros, José Blanco ha dicho que el reglamento de "Ley Sinde" se "ha quedado encima de la mesa". No han aclarado si se aprobará una semana más tarde.

El reglamento que en principio se iba a aprobar este 2 de diciembre regulaba el funcionamiento de la Comisión de Propiedad Intelectual que crea la Ley Sinde. Este nuevo organismo y sus funciones son el aspecto más polémico de la norma.

COMPOSICIÓN DE LA COMISIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

En el primer proyecto de la denominada Disposición Final Segunda de la Ley de Economía Sostenible, popularmente conocida como Ley Sinde, no se especificaba la composición de la Comisión. Sin embargo en su redacción final, que contó con el apoyo parlamentario del Partido Popular, ya se contempla de forma específica esta cuestión. Estará formada por dos secciones. Su Sección Primera estará formada por personas nombradas por el Gobierno, mientras que la Sección Segunda (la más polémica) estará presidida por el subsecretario del Ministerio de Cultura o su representante, y formada por cuatro vocales representantes de otros tantos ministerios (Cultura, Industria, Economía y Hacienda y Presidencia).

Entre las funciones de la Sección Primera de la Comisión de Propiedad Intelectual destaca el arbitraje en "conflictos que se susciten entre entidades de gestión, entre los titulares de derechos y las entidades de gestión, o entre éstas y las asociaciones de usuarios de su repertorio o las entidades de radiodifusión o de distribución por cable". Sin embargo, no es esta labor ni la sección encargada de ella la que ha generado un amplio rechazo por parte de los internautas españoles.

SECCIÓN SEGUNDA, CIERRE DE SITIOS WEB

Las funciones más polémicas competen a la Sección Segunda. Entre sus atribuciones, la que genera un mayor rechazo consiste en:

Adoptar las medidas para que se interrumpa la prestación de un servicio de la sociedad de la información que vulnere derechos de propiedad intelectual o para retirar los contenidos que vulneren los citados derechos siempre que el prestador, directa o indirectamente, actúe con ánimo de lucro o haya causado o sea susceptible de causar un daño patrimonial.

Estas medidas deben contar con una autorización judicial "referida a la posible afectación a los derechos y libertades garantizados en el artículo 20 de la Constitución" (libertad de expresión). Sin embargo, ningún juez determinará si los contenidos que se quieren bloquear o retirar de internet atentan contra la Ley de Propiedad Intelectual. Así, la Comisión podría ordenar el cierre de una web cuyos contenidos no son delictivos.

En el caso de que el cierre decretado por la Sección Segunda obtenga la autorización judicial, el responsable de los contenidos afectados podrá recurrir la decisión ante la Audiencia Nacional. Sin embargo, el recurso no paraliza la ejecución de la medida, por lo que la retirada de contenidos o la clausura de una web será ejecutada desde el primer momento y no tendrá marcha atrás hasta que este último tribunal (que fue creado para tratar temas que, como el terrorismo o el narcotráfico, se consideran que afectan a la seguridad del Estado) decida en última instancia. Así, una web perfectamente legal que hubiera sido desconectada por orden de la Comisión podría tardar meses en volver a estar activa.

POSTURA DEL PP

En el caso de que se hubiera aprobado el reglamento este 2 de diciembre, esto habría permitido al PP evitar el mal trago de tener que aprobar, cuando esté en el Gobierno, el reglamento de una norma que apoyó en el Parlamento pero que se enfrenta a un amplio rechazo por parte de los ciudadanos. Soraya Sáenz de Santamaría ha dado una explicación, en declaraciones recogidas por Europa Press, de por qué el Partido Popular apoyaba que la aprobación en este momento:

El Gobierno nos trasladó que tenían preparado este desarrollo de una parte de la ley, la Comisión de Propiedad Intelectual. Nosotros pensábamos que debía haber sido completo, que se hubieran dado las soluciones para sustituir el canon por otras fórmulas de retribución tal y como figura en esta ley y tal y como le pidió el Congreso de los Diputados al Gobierno.

Sáenz de Santamaría ha añadido que el Gobierno les informó entonces que "no estaba en condiciones de incluirlo dentro de esta reforma", a pesar de lo cual, el PP ha considerado "que ya que estaba hecho y había plazos que cumplir permitirle al Gobierno que la desarrollara". Ha añadido:

Nos han pasado el texto de su reforma y hemos hecho posible que la sacaran adelante tal como deseaban, pero nuestro deseo era una regulación más completa que incluyera formulas sustitutivas del canon como detallaba esta ley y como se votó en esta Cámara [el Congreso de los Diputados].