Si el presidente del Gobierno expuso descarnadamente el miércoles desde la tribuna del Congreso que España no tenía "libertad" para decidir si acometía o no los macroajustes de 65.000 millones de euros durante los dos próximos años y medio, el titular de Hacienda, Cristóbal Montoro, ahondó este 13 de julio de 2012 sin tapujos en la misma tesis al reconocer que el Ejecutivo sube el IVA, por ejemplo, "obligado por las recomendaciones" (sic) de la Comisión Europea.

Bruselas pone el dinero en un "momento traumático" del país ("quizá uno de los más difíciles y traumáticos en la historia reciente", tal y como confesó la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría), manda o recomienda y Mariano Rajoy asume todas y cada una de sus sugerencias.

Subraya Miguel Gil en 'La Gaceta' que este 13 de julio arrancó definitivamente el recorte de la Administración (será "absoluta"), mediante la reforma de la Ley de Bases del Régimen Local que, además de lo anunciado respecto al futuro recorte del 30% de concejales y la cesión de las competencias a las Diputaciones de los municipios de menos de 5.000 habitantes, preve que se haga lo propio con los de hasta 20.000 ("si no van cumpliendo y están sometidos a planes de ajuste").

Que tienen buenas intenciones, parece claro pero habrá que esperar a que en sucesivos consejos de ministros el Gobierno vaya desgranando cómo va a conseguir recortar esos 65.000 millones de euros de los que habló Rajoy el  miércoles.

Porque Montoro no cuantificóeste viernes ni el ahorro de gastos ni el incremento de ingresos que obtendrá el Estado con las medidas aprobadas, a excepción de los 600 millones de los ministerios.

Esta indefinición no ayuda a paliar la incertidumbre que continúa existiendo en los mercados sobre la deuda española.

Que la prima de riesgo se haya afianzado en los 500 puntos básicos en los días en que se ha presentado el mayor ajuste presupuestario de la democracia es muy significativo, aunque Guindos también tenga razón al advertir que estas turbulencias son producto de las dudas sobre el «entramado institucional del euro».

Con lo aprobado, queda claro que el Gobierno hace del IVA su gran arma para ir cuadrando las cuentas públicas al ritmo impuesto por Bruselas.

Es la medida estrella del programa de ajuste y, por esa razón, choca que el Gobierno haya actuado con una cierta improvisación.

Este 13 de julio supimos que entrará en vigor el 1 de septiembre -en un claro guiño al sector turístico-, mientras que hace dos días Santamaría dijo que lo haría el próximo lunes.

También son síntoma de improvisación las dudas sobre las modificaciones de las bases imponibles de determinados productos: al final hay cambios sustanciales cuando el Gobierno había comentado lo contrario.

Y la sorpresiva subida del IRPF para actividades profesionales.

Con esta subida del IVA, la mayor parte del ajuste que el Gobierno pide a la sociedad va a recaer, de momento, en el sector privado.

El Gobierno ha preparado un ingente trasvase de recursos del sector privado al público, que no se ve compensado con una reducción del gasto estatal, autonómico y municipal.

El Consejo confirmó que la reducción de la paga de Navidad de los funcionarios sólo afectará a 2012 y se reembolsará a partir de 2015 en el fondo de pensiones.

Este recorte, junto con la tímida reforma que se emprende de la Administración local -reducción de concejales a partir de 2015 y desaparición de mancomunidades y pedanías- es el único esfuerzo que, de momento, se exige el Estado.

Porque en el ámbito autonómico lo único aprobado es la creación de un fondo de financiación por importe de 18.000 millones de euros, de los que 6.000 millones serán aportados de una forma, al menos, singular: los prestará Loterías y Apuestas del Estado con cargo a sus ingresos futuros.

El paquete liberalizador -comercio, transporte aéreo y ferroviario- es un paso adelante en las reformas estructurales, ya anunciado, y sólo hace falta trasladarlo a leyes con mayor celeridad.

Pero hay que pasar de las palabras a los hechos. Todas están medidas han llegado con retraso. Se malgastaron tres meses clave chalaneando para intentar ganar las elecciones en Andalucía, no se ha terminado de dar un mensaje preciso y seguimos a la espera de que poden televisiones autonómicas deficitarias, empresas públicas inútiles, puestos de confianza ignominiosos, sueldos públicos de vergúenza y muchas cosas.  

El Gobierno no ha despejado dudas y está perdiendo un tiempo precioso ante sus socios y los mercados.