El plan de racionalización del Gobierno de Mariano Rajoy en la Administración General del Estado (AGE) se está cumpliendo sobre los objetivos marcados al comienzo de la legislatura.

Y aunque los ajustes en el organigrama del Ejecutivo han sido ya drásticos de por sí, todavía existen márgenes de maniobra donde es posible apretarse más el cinturón.

Es el caso de la participación de los altos cargos ministeriales en los consejos de administración de las empresas públicas estatales.

Según una reciente respuesta parlamentaria del Gobierno a una pregunta escrita del diputado socialista Félix Lavilla, el recorte de asistentes a estas reuniones es casi del 20%.

De un total de 78 compañías que son incluidas en la contestación, el Ejecutivo indica que justo tras las elecciones generales del pasado 20 de noviembre, la etapa de Zapatero dejaba 298 responsables -entre directores y subdirectores generales- en los órganos gestores de dichas entidades.

Sin embargo, después de la poda realizada por los populares, estos puestos han quedado reducidos a 243, por lo que se ha prescindido de 55 asientos en tales mesas directivas.

Con todo, esta supresión de consejeros aún puede alcanzar un porcentaje mayor a la eliminación de dos de cada 10 puestos.

Por ejemplo, hay algunas entidades que no han rebajado su número de consejeros (con derecho a dietas), sino que los han aumentado.

En este grupo se enmarcan, entre otras, Aguas de la Cuenca del Ebro, SA (acuaEBRO), que incorpora a su órgano de gestión un director y cuatro subdirectores; la Sociedad Estatal de Acción Cultural, SA (SEAC), que suma un director general; la Sociedad Estatal para la Gestión de la Innovación y las Tecnologías Turísticas, SA (Segittur), que cuentan con un subdirector más; Correos y Telégrafos, SA, que también gana una plaza; o Inteco, que lo hace con tres subdirectores.

En la situación contraria, es decir, que pierden consejeros, se encuentran la mayoría y sobresalen los ajustes en Tragsa, Sistemas Técnicos de Loterías (STL), Servicios y Estudios para la Navegación Aérea y la Seguridad Aeronáutica, SA (Senasa) o Hipódromo de La Zarzuela.

En marzo de 2012, la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, dio cuenta tras el Consejo de Ministros de que el Ejecutivo en apenas unos meses de mandato había llevado a cabo un fuerte recorte del sector público empresarial, con la extinción de 24 sociedades mercantiles -el 17% del total donde el Estado controla más del 50% de participación-, la desinversión en ocho y la liquidación de otras 13.

"Hay empresas con más miembros en el consejo de administración que personal", denunció entonces la portavoz del Gobierno.

NOTA.- leer artículo original en 'La Gaceta'