«Si a alguien le duele esta conducta execrable es a mí», señaló el jueves Cristóbal Montoro en la Cadena SER en medio del escándalo de las tarjetas en negro de Caja Madrid.
En el Ministerio de Hacienda están que trinan, y tienen motivos para ello. Porque, además de tratarse de visas que no tributaban y por tanto ocultadas al fisco, varios de los 86 exconsejeros implicados se escudan en que Hacienda estaba al tanto de esta práctica y la permitía.
Cosa que desde el Ministerio niegan rotundamente que pudiera haber ocurrido alguna vez entre los años 2003 y 2012. No en vano, si las tarjetas eran fantasma y sus titulares incluso podían retirar dinero en efectivo sin que constara en ningún sitio, ¿cómo iba a detectarlo una inspección?
Hacienda está dispuesta a que este episodio negro de Caja Madrid -uno más- sirva al menos para algo. De entrada, Montoro obligó este mismo jueves a dimitir al jefe de gabinete del secretario de Estado de Hacienda, José María Buenaventura, uno de los 86 consejeros de la Caja de Ali Baba.
Además, anunció que haría caer el peso de los inspectores de Hacienda sobre los 86 exconsejeros, de los cuales siete ya han dimitido. Y no se descarta que en las próximas horas puedan hacerlo más. En paralelo, la Fiscalía Anticorrupción pidió al juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu que investigue a los beneficiarios de esas tarjetas.
¿Sólo en Caja Madrid?
Este viernes el ministro Montoro fue mucho más allá al ordenar lanzar un plan de inspección centrado en las empresas del Ibex 35 y en otras grandes para conocer si esta práctica se da en alguna de las principales compañías de las páginas salmón.
Fuentes de Hacienda explicaron que se trata de averiguar si estas empresas realizan gastos a través de economía sumergida y de partidas no declaradas a Hacienda, algo que no tiene nada que ver, según remarcaron, con las tarjetas de representación que pueden manejar directivos de estas grandes empresas, pero cuyos gastos están justificados y declarados como rentas en especie.
Junto con la de que Hacienda estaba al tanto, la otra excusa más esgrimida entre los 86 señalados es que no sabían que Caja Madrid no declaraba esos gastos. Según varios de ellos consultados por Europa Press, y siempre desde el anonimato, el exsecretario de la Caja, Enrique de la Torre, les daba esas tarjetas a modo de «retribución en especie».
Lo que hace falta ahora, como este viernes demandó UPyD, es que devuelvan los 15,5 millones que se gastaron en 13 años en restaurantes, supermercados, ropa y demás y que ese dinero se emplee en «resarcir» a accionistas y preferentistas.
