Política

Mientras arrecian las voces que exigen a Mariano Rajoy que muestre más energía frente a los separatistas, el Gobierno de España ha tomado este 7 de septiembre de 2017 seis decisiones para dar respuesta al reto independentista en Cataluña.

A su vez, el Ejecutivo ha escrito a los secretarios de todos los Ayuntamientos de Cataluña para que conozcan todas estas medidas y la impugnación de los acuerdos del Parlamento autonómico y del Govern.

"Queremos que se les advierta de su deber de impedir o paralizar cualquier iniciativa tendente a la organización del referéndum".

"La consulta no se va a celebrar. No habrá referéndum de autodeterminación. La democracia responderá con firmeza, aplomo y dignidad", ha añadido rodeado de todos los ministros del Gobierno salvo Alfonso Dastis, el titular de Exteriores, en viaje oficial.

"La iniciativa supone privar a los españoles del derecho a decidir sobre su futuro. Ni el Gobierno ni los tribunales pueden tolerarlo bajo ningún concepto".

"Invité al señor Puigdemont a exponer sus demandas en el Congreso para abrir un diálogo sobre las mismas. Nunca quiso hacerlo. Todo ha pasado por la imposición de este referéndum que ningún presidente de España puede aceptar o negociar".

"Al recurrir al Constitucional, el Gobierno también está defendiendo la autonomía de Cataluña. La voluntad de los catalanes ha sido menoscabada".

  "Quiero decirle a los ciudadanos de Cataluña y a los funcionarios que estén tranquilos. La ley les obliga, pero también les protege frente a cualquier arbitrariedad".

Las seis medidas del Gobierno

  • 1. Recurso ante el Tribunal Constitucional contra la Ley del Referéndum.
  • 2. Impugnación del decreto ley de convocatoria de la consulta.
  • 3. Impugnación del decreto ley que regula la celebración del referéndum.
  • 4. Registrar un incidente de ejecución contra la Ley de ruptura, que se está tramitando y aún no ha sido aprobada en el Parlamento. Cuando eso ocurra, el Gobierno la recurrirá ante el Constitucional.
  • 5. Impugnar la formación de la Sindicatura electoral y el nombramiento de sus integrantes.
  • 6. Pedir que el Constitucional notifique todas esas decisiones a los miembros del Govern, a los altos cargos catalanes y a los 947 alcaldes catalanes. Además, el Ejecutivo escribirá a todos los secretarios municipales.

 

El miércoles 6 de septiembre de 2017, el independentismo catalán consumó su desafío al Gobierno y aprobó en el Parlament la Ley del referéndum. Inmediatamente después, Carles Puigdemont firmó el decreto de la consulta junto con todos sus consejeros.

Ya de madrugada, el bloque soberanista que forman Junts pel Sí y la CUP aprovechó para formar la Sindicatura Electoral (una suerte de Junta electoral) y nombrar a sus miembros. Finalmente, la Mesa del Parlament también admitió a trámite la ley de ruptura, que diseña las estructuras de la Cataluña independiente.

El Ejecutivo ya registró el miércoles un incidente de ejecución ante el Alto Tribunal pidiendo que se declare "nulos y sin efecto los acuerdos adoptados" para aprobar la Ley del referéndum y también que se estudie la responsabilidad penal de Carme Forcadell, presidenta de la Cámara catalana, y de los miembros de la Mesa que votaron a favor de la tramitación.

Ese es el mismo procedimiento que ha decidido este jueves para responder a la Ley de ruptura, ya en tramitación pero aún sin aprobar. Cuando eso ocurra, previsiblemente hoy mismo, el Ejecutivo registrará un recurso de inconstitucionalidad ante el Constitucional.

Rajoy ha definido con duros adjetivos las votaciones que impulsaron el miércoles en el Parlament el proyecto independentista. También ha agradecido el apoyo que le han mostrado los partidos de la oposición en su pulso con el soberanismo.

Precisamente, este jueves Rajoy se ha reunido por la mañana con Pedro Sánchez (PSOE) y lo hará por la tarde con Albert Rivera (Ciudadanos). Entre esas dos citas, el líder del PP ha lanzado un mensaje contundente a Carles Puigdemont, presidente de la Generalitat, y los políticos independentistas.

"Todo esto es producto de la decisión de unos políticos de imponer a la fuerza un proyecto a toda la sociedad".

"A los responsables de la Generalitat les digo que no sigan avanzando en este camino hacia el precipicio institucional, que no menosprecien la fuerza de la democracia española y que abandonen".

"Dejen de intentar forzar la voluntad de la gente".

Y ha advertido, en referencia a la posible aplicación del artículo 155 de la Constitución, que permite al Gobierno "obligar" a la Generalitat a cumplir la ley:

REPASO DE INES ARRIMADAS A CARLES PUYIGDEMONT